La Justicia de Corrientes determinó la responsabilidad del Estado provincial por el suicidio de un joven en una comisaría

La Justicia determinó que existió responsabilidad estatal en el suicidio de un joven en una comisaría capitalina. Fue el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 que entendió que hubo un incumplimiento estatal en relación a las condiciones de alojamiento que exigen las leyes y los tratados humanos.

En ese sentido, se tuvo por entendido que eso contribuyó al suicidio del joven que se encontraba demorado en la Comisaría 7ª Urbana por supuesto robo. Se entendió que la muerte del muchacho fue una concasualidad entre el acto del joven y la omisión del Estado.

Se resaltó, además, que el hecho de que el joven fuera alojado en esas condiciones, con elementos que representaban un riesgo a su alcance y en un lugar apartado, lleno de basura, sin higiene ni luz colaboró con su muerte. «Más tratándose de un muchacho con antecedentes de adicción y que había consumido estupefacientes antes del hecho, todo eso en el contexto de encierro ante una aprehensión policial», destaca el comunicado.

EL HECHO

Desde el Juzgado se hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios contra el Estado de la Provincia, iniciado por los padres del joven que en febrero de 2016 fue detenido y llevado a la dependencia.

Horas después de la detención, el supuesto ladrón apareció ahorcado en una celda, al lado del pasillo en el que fue alojado. Los resultados de las pericias realizadas constataron que la víctima había consumido drogas.

«Se constató la falta de servicio o el cumplimiento irregular de un servicio estatal, lo cual implica que no se requiere individualizar quién fue el autor de la falla ni tampoco demostrar la culpa de algún agente en particular. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que «quien contrae la obligación de prestar un servicio -en el caso la custodia de un interno- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que ocasione su incumplimiento o ejecución irregular», asevera el informe.