La absolución del juez federal Hooft en la causa donde estuvo acusado de cómplice del gobierno militar dejó de lado el revanchismo y la ideología e hizo prevalecer el derecho.
Luego de siete largos años, el juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft fue absuelto por el fallo de ocho de los diez miembros del jurado de enjuiciamiento de la acusación de haber sido cómplice del gobierno militar a partir de 1976 y partícipe necesario de delitos de lesa humanidad.
Cabe recordar que la imputación se inició por una denuncia presentada por el hoy fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, de amplia y reconocida militancia en los años ’70 en la faceta legal de las organizaciones político-militares que intentaron, mediante la lucha armada, tomar el poder y que con su accionar fueron parte de la sangrienta tragedia de aquellos años.
El juicio político al que fue sometido Hooft tuvo idas y vueltas por parte de la fiscalía y la defensa, y el pasado 28 de abril el tribunal declaró su inocencia de los graves hechos de los que fue acusado. Según vienen denunciando sus defensores, y ahora estaría a punto de comprobarse, el caso Hooft constituiría una contundente prueba de una causa armada desde el poder kirchnerista para sustentar el relato parcial y tuerto de aquellos sangrientos años de plomo.
El propio Pedro Federico Hooft, hijo del enjuiciado, aportó como prueba de ello la grabación de una conversación sostenida con uno de los fiscales actuantes, donde éste le habría reconocido la intencionalidad persecutoria lanzada contra su padre desde la propia Procuración nacional. Por su parte, en septiembre de 2013, el diputado Jorge Yoma denunció ante el juez federal Norberto Oyarbide estas irregularidades, sin que lamentablemente al día de hoy se conozcan avances en esa pesquisa.
Al mismo tiempo, distintas voces de diversas fuerzas políticas se han alzado para celebrar el fallo. En el seno de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich sostuvo que la causa y el proceso fueron “una persecución kirchnerista”, y el diputado nacional Alberto Asseff calificó de “un verdadero acto de justicia la absolución de un juez probo”. Uno de sus abogados defensores, Julio Strassera, quien fue fiscal en el juicio a las Juntas Militares, definió de “verdadera canallada” el juicio emprendido y sostuvo que “el Gobierno quiere echar a funcionarios dignos para colonizar el Poder Judicial”.
En sintonía con lo expresado, se solidarizaron con el fallo el líder del gremio de los judiciales Julio Piumato; el senador radical Mario Cimadevilla, integrante del Consejo de la Magistratura; Víctor Vélez, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura; Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, entre otras muchas voces de políticos, asociaciones y agrupaciones de letrados. Por el contrario, las vinculadas al Gobierno nacional y promotoras del relato oficial repudiaron la sentencia del jurado.
El caso Hooft es, a todas luces, un ejemplo de persecución política en nombre de los Derechos Humanos que el kirchnerismo enarboló recién en 2003, nunca antes, y que utilizó como un ariete e instrumento de venganza para destruir o intentar hacerlo con todas aquellas personas o instituciones que no se encolumnaron detrás de su maniquea visión.
Así, sufrieron los embates la Iglesia Católica, los medios periodísticos independientes, la Justicia, sectores del empresariado y numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas, hoy presos políticos por la venganza oficial, que en su condición de jóvenes militares enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país con un saldo de dolor y muerte por ambos sectores enfrentados.
Un gobernante que busque el bien común debe tender a sanar heridas del pasado, a fomentar la reconciliación nacional y la concordia entre sus gobernados mirando a las generaciones jóvenes, y no, como lo ha hecho, promoviendo la confrontación y la división social.
En su modelo, el Gobierno nacional ha sufrido una notable derrota al no poder concretar la artera persecución que sufrió durante estos años el juez Hooft. Los mecanismos de revisión de la responsabilidad política funcionarial, previstos en la Constitución Nacional, fueron creados y diseñados para salvaguardar la idoneidad en los cargos públicos, no para perseguir a magistrados independientes de la Nación por meras razones ideológicas o políticas de los organismos políticos del Estado. Afortunadamente en este caso, la justicia prevaleció sobre la venganza.