Roxana Rogovsky Tapia debió dejar su puesto como juez en lo Civil cuando se hizo pública la denuncia de un letrado al que le había ofrecido un sueldo para hacer las resoluciones judiciales.
En tiempos del menemismo judicial todo podía ser posible. Sin embargo, la denuncia que se había recibido en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sonaba inverosímil por lo disparatada.
Un abogado se había presentado en el Congreso para explicar algo tan grave como insólito: que una jueza en lo Civil con poco tiempo de designada en su cargo lo había intentado contratar para que hiciera las sentencias porque ella no sabía cómo redactarlas.
Fue una noticia singular. Corría el año 1995 y en 1993 se había descubierto el caso del fiscal federal “trucho”. No llamaba la atención la desprolijidad en la designación de una jueza en lo Civil, pero sonaba muy extraño que no supiera cómo hacer el trabajo para el cual había sido nombrada.
Este cronista reveló en marzo de 1995 el caso de Roxana Josefina del Valle Rogovsky Tapia. Inmediatamente fue bautizada por los medios de comunicación como “la jueza inexperta”. Aquella caracterización resumía perfectamente el caso.
Antes de la creación del Consejo de la Magistratura, a los jueces se los denunciaba ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En caso de ir a juicio un juez era acusado por los diputados y juzgado por los senadores.
Presidía en aquellos tiempos la comisión el por entonces diputado y luego intendente de La Matanza y vicegobernador de Daniel Scioli Alberto Balestrini. Peronista y hábil en el manejo de los casos complicados que involucraban a integrantes del Poder Judicial, Belestrini -fallecido en 2017- había recibido la denuncia en noviembre de 1994 y se había mantenido en secreto hasta marzo de 1995. Una vez que se hizo pública, comenzó la cuenta regresiva para la jueza.
Daniel Sallaberry, abogado que en la actualidad se dedica a problemas ambientales, trabajaba por entonces en un estudio que tramitaba juicios de docentes por malas liquidaciones de haberes. Una de esas docentes, era la madre de Rogovsky Tapia. Se llamaba Josefina Tapia de Rogovsky y había sido directora de una escuela importante de la Capital. Les contó a sus abogados que alguien de su familia había sido nombrada jueza y que necesitaba ayuda.
Palabras más, palabras menos madre e hija ofrecieron que Sallaberry hiciera las sentencias judiciales hasta que la jueza se habituara a su trabajo. El abogado grabó el audio de las conversaciones e hizo la denuncia ante la Comisión de Juicio Político.
El 12 de marzo de 1995 el diario Clarín publicó en tapa la nota en la que se reseñaba aquella denuncia que sonaba un tanto absurda. Rogovsky Tapia había nacido en Frías, Santiago del Estero en 1964. En 1987 se había recibido en la Faculta de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un promedio de 9,27.Había ejercido la profesión de abogada en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. Y tenía como antecedente judicial el haber sido empleada contratada en un juzgado laboral en la Capital Federal. Fue designada jueza en lo Civil en diciembre de 1993.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hace más de 24 años, su nombramiento había contado con el apoyo y la recomendación del entonces senador justicialista Libardo Sánchez, ex vicegobernador riojano de Carlos Menem entre el 73 y el 76. Sánchez explicó por entonces que a Rogovsky Tapia se la había presentado a su vez el ex senador Luis Salim. Sánchez la recomendó sin conocerla. El acuerdo para hacer jueza a Rogovsky Tapia había sido dado por los senadores peronistas con la oposición de los legisladores de la Unión Cívica Radical y del correntino José Antonio “Pocho” Romero Feris.
Una vez que se difundió la estrafalaria oferta que le hizo al abogado para escribir sentencias la carrera judicial de Rogovsky Tapia, que había comenzado hacía no mucho tiempo, entró en su tramo final. El 15 de marzo de 1995-tres días después de la publicación del caso- la Comisión de Juicio Político decidió abrir una investigación sobre la conducta de Rogovsky Tapia.
A aquella denuncia se sumó la de varios empleados del juzgado que agravaron la acusación original. La acusaron de intimidación y coacción. Los trabajadores del juzgado Civil número 39 habían dicho que: la madre de la jueza daba órdenes y que cuando su hija se iba ella se encerraba en el despacho y no dejaba entrar a nadie. Habían asegurado además que los borradores de las sentencias que supuestamente hacía la jueza estaban escritos con letras diferentes y estilos disímiles hecho que delataba que había varias personas que la ayudaban con una de las tareas fundamentales de los magistrados. Los empleados habían afirmado que Rogovsky Tapia acumulaba expedientes durante un mes o más antes de firmarlos, lo que retrasaba enormemente la actividad del juzgado. Una secretaria del juzgado fue un poco más lejos con sus consideraciones: confesó que había dejado de hablar con la jueza porque era evidente que no tenía la menor idea de las cosas que le planteaba cuando se abocaban a discutir cómo resolver los expedientes. Los contundentes testimonios de los empleados del juzgado reforzaron la sospecha planteada por la denuncia del abogado Sallaberry.
La Cámara Civil (tribunal superior del juzgado de “la jueza inexperta”) realizó una rápida investigación y decidió-por unanimidad- elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque los hechos denunciados eran tan graves que superaban el rigor disciplinario que podían aplicar los camaristas. Ante el Tribunal de Disciplina de la Cámara Civil había dicho que “Quiero destacar que conforme a la solvencia moral que me anima y a los fuertes principios éticos que me fueron inculcados por mis mayores, la única y absoluta responsable intelectual de la sentencias de las causas que tramitan ante el juzgado a mi cargo, es la suscrita, quien jamás ha delegado en persona alguna perteneciente o no a esta institución la tan delicada, y delegable, y honrosa función que me fuera encomendada, la de impartir justicia”.
El 16 de marzo la jueza debía declarar ante la Comisión de Juicio Político de la Diputados pero no lo hizo. Dijo no poder hacerlo por estar afectada emocionalmente. El 20 de marzo fechó su renuncia que fue presentada al día siguiente ante la Cámara Civil.
En aquel texto de despedida, Rogovsky Tapia se defendió y como sucede ahora con muchos acusados, culpó a los medios por su situación. “La campaña periodística ha creado en la opinión pública una imagen deteriorada y distorsionada de mi desempeño. Aun cuando esa imagen es totalmente falsa, ello me impide desempeñar el cargo de juez de la Nación, para el cual fui designada estando munida de todos los requisitos constitucionales (edad, título de abogado y nombramiento con acuerdo del Honorable Senado de la Nación) y de una idoneidad que no puede ser desvirtuada por infundios.”
Rogovsky Tapia dejó su cargo y fue sobreseída en una causa penal que se hizo a partir de la particular situación del intento de contratar a Sallaberry para que hiciera las sentencias de su juzgado. Fue sobreseída porque un juez y un fiscal de Instrucción coincidieron en que no había cometido ningún delito. Su nombre quedó en el olvido. Hasta que unos años después fue protagonista de un confuso episodio en la biblioteca del Colegio Público de Abogados de la Capital.
Fue en el verano del año 2000 cuando se conoció que la ex jueza se había quedado con unas páginas que arrancó de un libro que había consultado en la biblioteca de la entidad que nuclea a la mayoría de los abogados porteños.
El 26 de enero de 2000 la ex jueza había pedido prestado el libro “Procedimiento Sucesorio”, de Héctor Roberto Goyena Copello. Otra abogada vio que se había guardado unas páginas y le avisó al bibliotecario quien le pidió respetuosamente que las devolviera. La ex jueza se había encerrado en el baño y fue convencida primero de salir y luego de abrir la cartera para regresar lo que había arrancado: eran las páginas 481 a la 612 del libro. Todo quedó prolijamente asentado en una carta que el bibliotecario presentó ante las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital. A partir de esa situación se inició una causa judicial por la tentativa de robo. El caso terminó finalmente en el Tribunal Oral Criminal 5 de la Capital. En 2004 la ex jueza pactó una probation y en 2007 la ex jueza fue fue sobreseída por extinción de la acción penal.
Cuatro años más tarde, en 2011, nuevamente su nombre y apellido volvió a ser recordado. Esta vez porque estuvo involucrada en un caso policial. Fue acusada por haberse ido sin pagar de un local de venta de ropa del barrio del Once.
La jueza en lo Correccional Graciela Angulo Sarada de Quinn había sobreseído a Rogovsky Tapia porque explicó que no había tenido intenciones de irse sin pagar del local de ropa. Argumentó que salió corriendo de allí porque su madre, que estaba en la vereda, había sufrido un accidente. Aquella versión de Rogovsky Tapia fue sostenida por una testigo que declaró en la causa. El sobreseimiento fue apelado por el fiscal Daniel Pablovksy . La Cámara del Crimen revocó aquel sobreseimiento. Pero finalmente la ex jueza fue sobreseída.
Desde entonces nada se sabe de ella.