Jubilaciones apócrifas | Dos procesamientos en la megacausa de las jubilaciones apócrifas. Ellos fraguaban documentos, adulteraban dictámenes médicos y terminaban defraudando al fisco, que pagaba beneficios indebidos. El embargo es de 20 millones.
El tribunal federal determinó procesar con prisión preventiva al abogado Héctor Seri, quien fuera acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilegal que gestionaba jubilaciones indebidas a partir de un ardid que se repetía caso tras caso. Por eso, es considerado coautor del delito de defraudación contra la administración pública reiterada en dieciséis ocasiones, además de tenencia ilegal de armas de fuego junto con Rodolfo “El Alquimista” Barone, quien fue acusado de la elaboración de recibos de haberes falsos. Ambos fueron embargados por 20 millones de pesos.
La mecánica que pudo ser reconstruida por el juez Inchausti indica que —a partir de la voluntad de un cliente del estudio jurídico que pretendía obtener un beneficio jubilatorio— la organización simularía una relación laboral mediante la presentación de denuncias “Z” falsas, o la carga de declaraciones juradas apócrifas para las que se utilizaba documentación falsa. Se utilizaban también los datos personales y la clave fiscal de falsos empleadores, o de personas jurídicas que ya no desarrollaban actividad comercial, para modificar la base de datos del sistema informático de la AFIP. Entonces, se presentaba una solicitud de beneficio previsional (jubilación o retiro por invalidez) ante el ANSES, denunciando esa relación laboral que había sido simulada, y que constaba en los registros informáticos de la AFIP, que se usaban para evaluar esas peticiones. Así se forzaba un error por parte de las autoridades de la ANSES.
Otra metodología utilizada por la organización investigada era la utilización de certificados médicos, historias clínicas y dictámenes médicos donde constaban diferentes patologías que no se correspondían con el verdadero estado de salud de las personas examinadas. Esto se hacía para que —por vía administrativa o judicial— se alcanzara el grado de incapacidad que pide la ley para obtener un retiro por invalidez. La organización ilegal influía en las decisiones médicas que realizaba la Comisión Médica nº 12, que es la entidad que interviene para analizar los antecedentes médicos de los beneficiarios en los casos de retiros por invalidez para poder dictaminar en consecuencia, ya que conseguían cierta información interna.
Así se supo que varios de los implicados en la megacausa le ofrecieron dinero a los médicos de la Comisión Medica nº 12 —María Beatriz Suárez y Omar Lima Quintana— quienes los denunciaron ante las autoridades. Lo hicieron para lograr favores especiales en sus dictámenes médicos. Una vez obtenido el beneficio previsional ilegitimo ante la ANSES, la organización percibía honorarios por el trámite realizado, que excedían ampliamente los establecidos por ley para estos casos.
Los documentos
Dentro del inmueble donde funciona el estudio jurídico Organización Previsional SRL se encontraron alrededor de 20 documentos nacionales de identidad, expedientes administrativos de ANSES originales y expedientes judiciales, además de un sello correspondiente a un escribano público, Gabriel Enrique Santiago, y a un médico, Miguel Norberto Coelho.
Dentro de la estructura delictiva, se supone que los miembros Roberto Balbuena, Rubén Cagni, Luis Irós y Luciano Diez Suárez serían los encargados de obtener los datos de los presuntos empleadores con los que luego actuarían ante la ANSES, la Comisión Médica nº 12 e incluso, en algunos casos, ante la justicia federal. Daniel Alberto Nicolás y Gabriela Irós participaron por lo menos en alguno de los casos
José Ricardo Caliyuri, en cambio, sería el vínculo de la organización dentro de la Comisión Medica nº 12, ya que aportó información interna a sus miembros. Con relación a Miguel Ángel Coelho, era el encargado de expedir certificados médicos falsos para suspender las audiencias de los beneficiarios ante la Comisión Medica nº 12. Atendía en un consultorio médico no habilitado, en el mismo estudio de Paso 2890, por lo menos desde el año 2001. No tenía matricula habilitada desde 2015.
Como integrante de la Comisión Medica nº 12, habría sido Fernández el encargado de falsificar dictámenes médicos, con intervención de abogados de Organización Jurídico Previsional SRL. Ellos modificaban los originales agregando patologías que generarían un mayor grado de incapacidad laboral a cambio de dinero.
Se pudo constatar también que —al iniciarse los expedientes previsionales por pensión por invalidez— los miembros del estudio jurídico derivaban a los clientes al consultorio médico de Luis Alberto Funes, para que extendiera un certificado médico para acreditar su incapacidad física o psíquica con un grado equivalente al porcentaje exigido por el decreto 478/98 . Luego de ello, se presentaban los certificados ante la Comisión nº 12 para tramitar un RTI.
Algo similar haría Rodrigo Néstor Jones, el médico psiquiatra, que realizaba certificados médicos con la patología “Reacción Vivencial anormal Grado III” sin que fuera cierto, para obtener un beneficio de retiro transitorio por invalidez.
En el hospital
Se busca probar también que —a partir de un requerimiento judicial al HIGA— el médico Ariel Fati hacía supuestas pericias con las que elevaba el grado de incapacidad utilizando los certificadosde Jones y Funes, para que la Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social concediera el beneficio. En realidad, el HIGA no efectúa tales requerimientos judiciales, ni tiene peritos médicos que realicen ese tipo de estudios como los que firmaba Fati.
Esos certificados médicos de Jones y Funes se presentaban en sede administrativa para el momento en que la Comisión Médica 12 se expidiera. La metodología sería que diagnosticaban una patología según los parámetros que lleven a obtener un RTI, para empezar el trámite. Jones extendería certificados médicos con la patología “Reacción Vivencial anormal Grado III”. José Fati firmaba la supuesta pericia del HIGA para el requerimiento judicial, y la Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social concedía el beneficio solicitado. Fati firmaba tales dictámenes bajo el título de “médico perito laboral y previsional Higa Mar del Plata Zona Sanitaria VIII M.P. 444.285 M.N 155.318”, pero las autoridades de tal hospital informaron que no contaban con peritos médicos ni realizaban esas evaluaciones médicas.
Varios más son los nombres de médicos clínicos, cardiólogos, oftalmólogos, psiquiatras y psicólogos que habrían contribuido a que se diagnostique una presunta patología falsa —o existente, pero sobrevalorada— para que los pacientes tengan un diagnóstico que habilite para la pensión por RTI, retiro transitorio por invalidez. Habrían colaborado con la organización para que determinadas personas cuenten con el porcentaje de incapacidad pedido por ley para que se le otorgue al beneficiario la jubilación.
Como otro miembro de la organización, fue procesado Rodolfo Rubén Barone, pero sin prisión preventiva. Habría sido el encargado de confeccionar los recibos de sueldo de los empleadores falsos que fueron utilizados por la asociación ilícita. La tarea se realizaba en el subsuelo del estudio jurídico de Paso 2890 mediante máquinas de escribir con distintas tomas y sellos. Su hija, Carolina Barone, y su primo, Félix Barone, habrían recibido también jubilaciones irregulares tramitadas por la Organización Jurídico Previsional. Aparentemente, Félix fue una de las personas jubiladas para el Instituto General Pueyrredón, mediante la presentación de una denuncia “Z” ante la AFIP, con un reclamo que fundó con recibos de sueldo de los meses febrero a octubre de 2007. Carolina Barone se jubiló con servicios apócrifos declarados para Francisco Obando, un empleador que fue inscripto cuando tenía 97 años de edad. Así fue que recibió el haber jubilatorio durante los años 2013 y 2014, cuando tenía tan sólo 33 años.
Asimismo, en el momento en que se llevó a cabo el registro y allanamiento del domicilio particular de Barone en calle Lasalle, se secuestró un revolver calibre 22 largo junto con 18 cartuchos y una caja con 11 cartuchos calibre 36 (12mm) sin documentación respaldatoria. Por eso se agregó la acusación por tenencia ilegítima de arma y cartuchos.
Un paso más en la puesta de límites a una organización que gestionaba diariamente jubilaciones y retiros a quienes no las merecían: la causa no se ha extinguido y en cada paso aparecen implicados profesionales que colaboraron al ilícito con su firma. Unos señores.