Había sido invitado a hablar del caso en una audiencia del Congreso, pero la Procuración no lo autorizó.
El fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman, no fue autorizado por su superior, la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que viaje a los Estados Unidos a exponer en un subcomité del Congreso sobre la causa AMIA.
La resolución de Gils Carbó -según fuentes judiciales- señala: “En atención a lo peticionado para autorizar su asistencia a una audiencia en Washington y considerando que la temática no guarda relación con las atribuciones del Ministerio Público Fiscal, corresponde no hacer lugar a lo solicitado por el señor magistrado”.
Sin embargo, fuentes de la Procuración dijeron que le denegaron el viaje porque “Nisman había pedido que le pagaran el avión en business y el hotel para una actividad que no es institucional y, además, no se habían presentado papeles que avalen que se trata de una charla oficial”. Fuentes de la fiscalía lo negaron y aseguraron que todos los viajes que autorizaron a Nisman fueron en clase business, por un problema médico documentado.
El fiscal Nisman hizo público hace tres semanas un dictamen en el que abunda en las evidencias contra Irán por el atentado a la AMIA. Dijo que “en varios países de Sudamérica instaló estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”, y que “existen fuertes y concordantes indicios de que dicha infiltración e instalación de estaciones de inteligencia se ha llevado a cabo en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam”. Además, en 2006, Nisman había sostenido en otro dictamen que el ahora presidente electo de Irán, Hassan Rohani, formó parte del comité especial iraní que resolvió y planeó llevar a cabo el ataque terrorista contra la AMIA en 1994.
Este recrudecimiento de las acusaciones contra Irán se da en momentos en que el gobierno argentino buscó un acercamiento y firmó con los el régimen de Teherán un memorándum de entendimiento para interrogar a los sospechosos iraníes del atentado. El Congreso argentino trató el memorándum y lo convirtió en ley, pero la AMIA y la DAIA pidieron a la Justicia que lo declarara inconstitucional. El asunto aún no fue resuelto. El Congreso iraní aún no se pronunció y el Ejecutivo lo dio por aprobado, pero no se notificó formalmente.
La negativa al viaje de Nisman se dio en medio de este tironeo donde por un lado el Gobierno busca acercarse a Irán y, por el otro, el fiscal refuerza las pruebas en su contra. Nisman había sido invitado a Washington para una audiencia especial a celebrarse el martes 9 de julio, a las 14, ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de la procuradora general de la Nación impedirá su asistencia, ya que para hablar en público necesita la autorización de su superior jerárquico, como ocurrió en otras ocasiones cuando expuso sobre la causa AMIA en universidades extranjeras, por ejemplo.
La Procuración General de la Nación realizó movimientos sobre los fiscales relacionados con la causa AMIA luego de que Memoria Activa, una agrupación de familiares, cambió de abogados y puso letrados ligados al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), que orienta Horacio Verbitski. Estos querellantes se quejaron ante la Procuración de que Nisman no apeló un fallo que había sobreseído al ex ministro Carlos Corach y a ex secretarios del juez Juan Galeano en la causa en la que se investigan irregularidades en el caso. La querella apeló y esto permitió revocar sus sobreseimientos.
El malestar se extendió a la fiscalía a cargo de acusar en el próximo juicio que se realizará contra el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex juez Galeano. La procuradora sacó de allí a Dafne Palópoli y puso a un fiscal de Justicia Legítima, Horacio Azzolin, con experiencia en juicios de lesa humanidad. Su decisión se conoció luego de que la presidenta Cristina Kirchner se había quejado la semana pasada por Twitter de las demoras en este juicio.