La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires se pronunció con respecto a las declaraciones recientes en torno a democratizar al Poder Judicial. Se explicó que la democracia no consiste sólo en un método para la elección de los representantes del pueblo mediante el sufragio y para la adopción de las decisiones colectivas en los asuntos de trascendencia política.
Para los magistrados penales, la democracia tiene también un significado material, que está directamente referido a los contenidos de las decisiones que se adoptan en un estado de derecho, por lo que “resulta indispensable distinguir, por un lado, los temas de interés público que integran el ámbito de lo decidible”, donde se debe privilegiar la voluntad de las mayorías populares y, por el otro, las cuestiones que “a ninguna mayoría, por importante que sea, le está permitido decidir“.
Es lo que denominan el ámbito de lo “no decidible”, es decir, “cuestiones que están constitucionalmente sustraídas del sector de las decisiones políticas de coyuntura”, como por ejemplo el principio de legalidad, el debido proceso o la presunción de inocencia, entre otras. “Ninguna mayoría popular, por aplastante que fuese, ni siquiera la unanimidad del pueblo, podría —por su propia voluntad— legitimar la condena del inocente, ni la absolución del culpable, como no podría, tampoco, hacer verídico lo que es falso, ni falso lo que es verídico”.
Las afirmaciones provienen del presidente de la Red, el Dr. Pedro Rodríguez, y su vicepresidenta, la Dra. Adriana Lucía Nanni, para quienes la independencia del Poder Judicial no debe ser concebida como una situación de privilegio para los jueces, ni para las “corporaciones” de jueces y abogados, sino como una garantía de la imparcial determinación jurídica de la verdad en los conflictos de intereses. Pero veamos qué nos dice el primero en conversación directa con nuestro medio.
Noticias & Protagonistas: Después de lo ocurrido en Tucumán con el caso Verón, entró en debate la entidad de designación de jueces y las atribuciones de los mismos. ¿Cómo lo están viviendo?
Dr. Pedro Rodríguez: Redactamos un documento para reflejar la preocupación de muchos jueces por el avance de la política o del Poder Ejecutivo en el tema designación y remoción de jueces. Sobre el tema conocido no tengo información particular; puedo decir que nos llamó mucho la atención cómo se hacían críticas muy generalizadas, algunas violentas, cuando aún no se conocía el fundamento de la sentencia, sobre todo de gente que no estuvo en el momento y otros que no tenían experiencia ninguna en el tema. Violencia contra colegas también hubo en la provincia de Buenos Aires; aquí vivimos situaciones parecidas, no tan graves, pero sí jueces cuestionados por sus decisiones. Nos preocupa mucho.
N&P: El Dr. Fernández Daguerre decía que al único actor que no iba a cuestionar era a la mamá de Marita Verón. Pero hay una declaración de una Asociación de Mujeres Jueces, durísimas con el Tribunal, y son colegas…
PR: Lo primero que a uno le extraña es que haya pronunciamientos categóricos desde personas que no conocen el juicio ni los fundamentos. Hay una corriente de cuestionamiento de temas judiciales, sin conocer el oficio, ni los juicios orales, las pruebas, ni las leyes aplicables. Es preocupante porque a veces esa presión sólo sirve para deslegitimar las resoluciones judiciales. Nosotros tenemos que enfrentarlo a diario no sólo con gente a la que se absuelve, porque la mayor cantidad de las veces la absolución es excepcional; pero a veces hay que enfrentarse con culpables, los familiares no están convencidos, tampoco los amigos que concurren, y tenemos que enfrentar situaciones desagradables.
N&P: ¿No cree que esto sucede porque la justicia penal y la civil parecen en parte deslegitimadas?
PR: Ese es el mensaje que uno teme se radique en la gente, que se inserte en la población, si desde el poder político y algunos medios irresponsables, si se hace una constante del cuestionamiento sin fundamento de los fallos judiciales. Si la gente entiende que el periodista o el político pueden cuestionar con calificativos duros, imagínense nuestro lugar en los juicios orales, donde están los familiares de las víctimas, para los que todo es poco. Se hace un daño muy grande a la justicia, a la ley y a las garantías individuales. Es irresponsable, habría que convocar a analizar esto, por eso sacamos el documento, hablando en el ámbito de lo que se puede decidir por las mayorías populares, y el ámbito independiente de lo que puedan decir las mayorías o la política coyuntural de turno. Necesitamos un Poder Judicial fuerte e independiente para alcanzar respeto.
N&P: En la construcción democrática, la independencia del Poder Judicial es pilar inamovible. Pero hay una pátina de grises: a nivel popular está la sensación de que las garantías son sólo para los criminales. Cuando el ciudadano ve que la cadena perpetua es una abstracción porque hay personas que pueden tener dos condenas perpetuas y en algún momento estar en la calle… se desconciertan.
PR: Lo que pasa es que hay desinformación. En el caso de la prisión perpetua, muchas veces es efectiva, sobre todo si es reincidente. Hace años tuve un caso en el que el imputado no pudo salir por el segundo delito, que era menor, pero estaba en libertad condicional porque ya tenía una perpetua. Yo recuerdo hasta que murió en prisión, esto la sociedad lo ignora. La pena perpetua implica que la persona queda sometida por años a controles estatales y a ciertas pautas de conducta obligatoria. Esa es la parte no modificable.
N&P: No es la impresión que tiene la mayoría. La sala 21 de Casación Federal declaró que la reincidencia es inconstitucional, Zaffaroni aboga por eso, la Corte en Tucumán también.
PR: Esos son sólo algunos tribunales…
N&P: Sí, pero sus decisiones parecen una intrusión del Poder Judicial sobre el Legislativo…
PR: Bueno, pero en contrapartida, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lo ratificó, y el Instituto de la Reincidencia también, que son instancias máximas en el esquema judicial. El Tribunal de Casación Penal ha declarado que la prisión perpetua es constitucional. De la que ustedes hablan es una sala. En definitiva, la reincidencia existe como accesoria penal. Volviendo al tema de la perpetua, implica la libertad condicional a los 35 años de condena, es decir, no es poco. Para muchos es perpetuidad. Es la ley vigente, la justicia no puede ocuparse por la división de poderes, modificarlo es del Legislativo.
N&P: De todos modos ¿no cree usted que hay cuestionamientos genéricos?
PR: Sí, y me preocupa. Hay aspectos que ve el ciudadano común que sin una debida explicación parecen contradictorios, y que favorecen al delincuente. Pero no es real, debe saberse el metièr diario, donde prácticamente tenemos un 70 u 80% de los juicios que terminan con condenas a veces graves, por delitos contra la propiedad y con sentencias en lapso corto. Le siguen las condenas por delitos contra la vida o la integridad física y la integridad sexual. La gran mayoría son condenados, y con penas pesadas, porque los mínimos son altos. A veces la impresión que se lleva el particular es la que se le transmite desde un medio de difusión a veces más interesado en el escándalo que en la investigación; o el político que quiere confrontar, porque a veces las decisiones del Poder Judicial les molestan.
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Eso es lo que tarda en resolverse un caso… en las series que pasan por TV. A veces el ciudadano de a pie se confunde y cree que esos son los tiempos reales en la Justicia norteamericana o europea, pero hace pocos días ABC de Madrid titulaba que de cuatrocientas causas penales por corrupción abiertas, sólo ocho tienen detenidos. “Los delincuentes quedan en libertad, hacen arreglos con los fiscales por el alcance de las condenas, no se investiga con dureza la corrupción, eso pasa en muchos lugares”, afirma el Dr. Rodríguez.
Desde que la Presidenta lanzó la frase “vamos a tener que poner en marcha una democratización del Poder Judicial porque es el último eslabón en la toma de decisiones”, generó un verdadero revuelo en el terreno de la Justicia. El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Zárate Campana, Daniel Calvert, fijó su posición: “Estoy en total desacuerdo, porque la Justicia no es un partido político para que se democratice”. Y luego fundamentó que “ningún Poder puede inmiscuirse sobre otro Poder. Existen los medios creados por la Constitución, como el Consejo de la Magistratura”.
Por su parte, nuestro entrevistado advirtió que “el sistema actual de conformación del Consejo de la Magistratura no responde exactamente a las exigencias constitucionales, en cuanto a que hay más legisladores que los que prevé la Constitución, que sostiene que el sistema tiene que ser equilibrado entre los distintos integrantes”.
Los argumentos del oficialismo son igualmente duros: “Me hago cargo de lo que digo: no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Cuando hay dinero de por medio, puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada”, declaró Cristina Kirchner al referirse a la actuación del tribunal que absolvió a los imputados del caso Marita Verón.
Aseguró que “cada vez es más evidente el divorcio entre la Justicia y la sociedad” en referencia a los magistrados que liberan a delincuentes con antecedentes. “En ese poder –donde son eternos y nadie los puede movilizar– resuelven sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos nosotros”, insistió.
¿En el medio? Ah… en el medio todos nosotros, claro.