Las ventajas de los vehículos no tripulados para iniciar acciones ofensivas sin riesgo de sufrir bajas humanas, son la clave por la cual los países pretenden tenerlos en el corto plazo. Además, permiten que las misiones no puedan ser identificadas, por lo que se hacen aún más atractivos como armas de guerra.
En Estados Unidos, los drones son conducidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y no por el Pentágono, a pesar de que el Departamento de Defensa cuenta con una flota propia de drones, como lo demostró en Irak y en Afganistán.
Pero en el mismo cielo estadounidense, hay algunas cuestiones legales que rodean el uso de estas naves, a saber: las fuerzas militares no están autorizadas a efectuar actos hostiles fuera de una zona de guerra, incluso cuando algunos comandos específicos realicen acciones encubiertas que excedan ese marco. La CIA, en cambio, no tiene limitación alguna. Entonces, los drones son armas utilizadas fuera del derecho de guerra internacional. Y pese a los daños humanitarios colaterales que han provocado, las convenciones de Ginebra no parecen alcanzarlos.
Como se sabe, los drones también son usados para matar personas específicas; así ha ocurrido en Pakistán, Yemen y Somalía. Esas acciones son contrarias al derecho internacional, que prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de la fuerza letal intencionada sobre situaciones excepcionales. En casos de conflicto armado, solo los combatientes pueden ser blancos de un ataque directo. Fuera de ese marco, su uso es legítimo únicamente cuando sea estrictamente necesario para brindar protección frente a una amenaza inminente para la vida.
Naciones Unidas está obligada a regular la utilización de drones a través de un mecanismo de transparencia informativa que evite violaciones del derecho internacional, en particular los Protocolos de Ginebra; además, debe prever mecanismos para que quienes cometan actos ilegítimos rindan cuentas.