El responsable del Departamento Legal de CAMECO, habló en la 99.9 sobre la preocupación del sector por las sentencias millonarias en materia laboral que llegan a los 300 millones.
Los cambios introducidos en la legislación respecto de los juicios laborales han llevado a sentencias multimillonarias que son difíciles de pagar para las pequeñas y medianas empresas. Así lo está expresando CAMECO a través de su Departamento Legal que encabeza Mariano Céspedes indicando que están en “alerta” por la situación que ven cotidianamente.
“El panorama es dramático para las pymes porque en un contexto de fuerte caída de ventas, aumento de costos, de tarifas, de impuestos provinciales y tasas municipales; el cambio de reglas de juego de un día para el otro multiplicando los procesos laborales por 5 o 7 veces; los coloca en un panorama desolador. No hay manera que una pyme local haga frente a una sentencia de 300 millones, 100 o incluso menos”, dijo el abogado en la 99.9.
Los responsables de estas empresas van a reclamar a CAMECO y por eso indicó el letrado que están buscando una salida al problema: “las consecuencias son dramáticas y lo estamos viendo porque la gente no sabe como seguir. Estamos buscando soluciones y alguna hoja de ruta para ver como se pueden solucionar estas situaciones”.
Por el momento, hay una apelación de lo que exige la nueva normativa, pero además están reclamando que haya modificaciones específicas para que los empresarios pyme puedan defenderse: “el fallo que declaró la inconstitucional la prohibición de indexar está recurrido. Cualquier parte que recibe una sentencia de este tipo querrá recurrir. Ahí se plantea otra discusión y es que la parte demandada tiene que depositar el monto de condena más honorarios, algo que sería imposible para las pymes. Queremos que se otorguen los beneficios de litigar sin gastos para ir en recurso extraordinario a la Suprema Corte de Justicia, sino se estaría limitando el derecho de defensa”.
Desde el punto de vista de Céspedes, esto no es bueno para nadie porque tampoco el trabajador se ve beneficiado por esta situación: “esto es insostenible no sólo para las empresas pymes, sino para los mismos trabajadores porque tampoco cobrarán la sentencia. No ganará nadie con todo esto”, finalizó.