El secretario ejecutivo de AIEPBA defendió la autonomía de las instituciones educativas para decidir cómo regular el uso de celulares en las aulas. Advirtió que una prohibición sin reglas claras puede debilitar la autoridad de docentes y directivos, y sostuvo que los problemas vinculados con la inteligencia artificial, las redes sociales y las apuestas online requieren un compromiso conjunto de las escuelas, las familias y el Estado.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, la entidad que representa a las escuelas privadas bonaerenses, sostuvo en la 99.9 que cada institución educativa debería tener autonomía para decidir cómo regular el uso de celulares en las aulas, de acuerdo con sus recursos, sus necesidades pedagógicas y su realidad cotidiana. En medio del debate sobre las restricciones a los teléfonos en las escuelas secundarias, consideró que cualquier normativa debe contemplar las diferencias entre los establecimientos y brindar herramientas claras para aplicar las decisiones.
“Nosotros la postura que tenemos como asociación, que representamos a las escuelas privadas, es que tiene que haber autonomía institucional”, afirmó. Zurita recordó que la provincia de Buenos Aires ya había prohibido el uso de celulares en el nivel secundario mediante una resolución de la entonces ministra de Educación Adriana Puiggrós, hace aproximadamente dos décadas. En 2016, esa restricción fue derogada y ahora el tema volvió a instalarse en la Legislatura provincial.
El dirigente explicó que muchas escuelas privadas decidieron dejar de utilizar teléfonos durante las clases porque cuentan con otros recursos tecnológicos, mientras que en otras instituciones los docentes recurren a los celulares como una herramienta pedagógica. “Hay muchas otras escuelas que utilizan el celular, los alumnos, a requerimiento de los docentes, porque no tienen tal vez una sala de computación o una tablet para cada alumno y, por lo tanto, es una herramienta válida a la hora de las indicaciones que el docente puede dar en el aula”, señaló.
Para Zurita, una regulación general debe contemplar esas diferencias y garantizar respaldo legal a las decisiones que tome cada establecimiento. Advirtió que, cuando se prohíbe el uso de los teléfonos sin establecer consecuencias claras, pueden aparecer conflictos entre las autoridades escolares y las familias. “Si se prohíbe y no hay consecuencias claras, se termina debilitando la autoridad institucional”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que las normas deben proteger a todos los integrantes de la comunidad educativa. “Nosotros tenemos que proteger no solamente al estudiante, sino también a los docentes y a los directivos ante estos casos. Entonces la reglamentación de esto tiene que ser muy clara”, afirmó.
Sin embargo, Zurita consideró que la discusión no puede limitarse a decidir si los celulares entran o no en las aulas. Señaló que las escuelas enfrentan problemas relacionados con el uso de redes sociales, las aplicaciones y la inteligencia artificial, situaciones que muchas veces se originan fuera del ámbito educativo y luego repercuten en la convivencia escolar.
Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Lomas de Zamora, donde se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes sexuales inapropiadas con los rostros de alumnas. Según señaló, este tipo de situaciones demuestra que las respuestas no pueden quedar exclusivamente en manos de las instituciones educativas.
“Estos son temas que de alguna manera repercuten en la escuela, pero que exceden a la propia escuela, porque el celular alguien de la familia de los alumnos lo ha comprado, las aplicaciones a donde subieron, bueno, alguien las permite, la comercialización de esos sitios también”, planteó. Por eso, reclamó un abordaje que involucre a las familias, la Justicia y el Estado, además del trabajo que realizan docentes y directivos.
El secretario ejecutivo de AIEPBA también expresó su preocupación por la ludopatía y el acceso de los adolescentes a las apuestas online. Cuestionó la exposición permanente a la publicidad de estas plataformas y consideró que el problema requiere una respuesta que vaya más allá de las reglas internas de las escuelas. “Cuando hablamos de la ludopatía y el uso de las apuestas online, que es un tema terrible, hay propagandas permanentes en la radio, en la televisión, con respecto a estas empresas, que fácilmente hacen que cualquiera pueda acceder”, señaló.
En su análisis, vinculó estos fenómenos con otros problemas que afectan a los jóvenes, entre ellos la violencia digital y las dificultades de salud mental. “Hay muchas cuestiones que derivan de todo el tema de lo que tiene que ver con redes sociales. Pero exceden a la escuela. Exceden a la escuela y creo que debemos un debate como sociedad”, afirmó.
Zurita advirtió que la respuesta no puede consistir únicamente en prohibir el uso de dispositivos durante las horas de clase. Sostuvo que la escuela también debe preparar a los estudiantes para desenvolverse en un entorno en el que la tecnología tiene una presencia creciente y resulta indispensable aprender a utilizarla de manera responsable.
“Nosotros tenemos que educar en ciudadanía digital, nosotros tenemos que educar en pensamiento crítico, que algún alumno sepa qué es una noticia falsa, qué es una noticia real, cómo buscamos la información”, explicó. Para el dirigente, esas habilidades son fundamentales para que los estudiantes puedan evaluar los contenidos que consumen y comprender los riesgos asociados con el uso de las plataformas digitales.
Al mismo tiempo, señaló que no todas las instituciones cuentan con los mismos recursos para incorporar herramientas tecnológicas a la enseñanza. Mientras algunas escuelas tienen salas de computación y equipamiento suficiente, otras dependen de los teléfonos de los propios alumnos para acceder a materiales y actividades. Como ejemplo, mencionó el uso de Classroom para compartir contenidos y organizar el trabajo en el aula.
“Hay muchas escuelas que tienen resuelto este tema porque están bien tecnificadas, tienen buenas salas de computación, tienen solucionado ese tema, pero hay otras escuelas que no”, advirtió. Por eso, consideró necesario que cualquier regulación tenga en cuenta las diferencias de infraestructura y evite que una misma medida genere dificultades desiguales en establecimientos con distintas posibilidades.
Finalmente, Zurita puso el foco en la autoridad del docente y en la necesidad de que las reglas de convivencia sean claras y se respeten. “Otro tema que podemos hablar, como estamos hablando de esto, es la autoridad del docente, ese límite: ¿por qué se tiene que prohibir? ¿No alcanza, no basta hoy con la palabra del docente?”, planteó.
Para el secretario ejecutivo de AIEPBA, el desafío es encontrar un equilibrio entre las restricciones necesarias para garantizar el aprendizaje y la incorporación de herramientas digitales que pueden resultar útiles en determinadas actividades. El debate sobre los celulares, concluyó, debe formar parte de una discusión más amplia sobre el modelo educativo, la convivencia escolar y la responsabilidad compartida entre las instituciones, las familias y el Estado.