Unas 200 agrupaciones se manifestaron ante el Parlamento Europeo para pedir que se declare ilegal la práctica de pagar por sexo.
Una grupo de 200 ONG defensoras de los derechos de las mujeres, lideradas por European Women Lobby (EWL), se acercó al Parlamento Europeo para pedir la abolición de la prostitución. Según entienden, la prostitución es una forma de violencia, un obstáculo a la igualdad, una violación a la dignidad humana y a los derechos humanos.
De acuerdo a datos de la EWF, en Amsterdam hay alrededor de 8.000 trabajadoras sexuales, sobre una cifra total de 20.000. La mayoría de las mujeres que ejercen legalmente la prostitución trabaja “involuntariamente”, afirman los estudios de la policía holandesa. Se calcula que en Suecia hay unas 2.000 trabajadoras y que el número se ha reducido a la mitad desde 1999.
El tráfico humano es la segunda actividad económica ilegal más lucrativa a nivel mundial, luego del narcotráfico. El 84% del negocio en Europa occidental y central se realiza con fines de explotación sexual, aseguran desde Naciones Unidas.
La supresión de las medidas represivas contra las personas prostituidas, la penalización de todas las formas de proxenetismo, el desarrollo de alternativas reales y programas de salida para las trabajadoras sexuales, la prohibición de la compra de un acto sexual; la aplicación de políticas de prevención, educación y promoción de la igualdad y sexualidad positivas; y el desarrollo de políticas de prevención en los países de origen de las personas prostituidas, son algunas de las peticiones de las organizaciones hacia el Parlamento.
En América Latina sucede todo lo contrario, ya que las agrupaciones de trabajadoras sexuales consideran que la única manera de controlar la actividad es regulándola dentro del marco legal de cada país. La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que agrupa a organizaciones de 15 países de la región, está preparando un proyecto de ley para presentar en Argentina y tiene como objetivo llegar a las asambleas anuales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que apoyen a las trabajadoras sexuales autónomas. La idea es que las mujeres que se dedican a ello puedan acceder a los derechos y beneficios de cualquier trabajador.