El director del Institut pour la Justice de Francia cuestionó la respuesta judicial frente a los disturbios y saqueos registrados en el país. Advirtió que las penas de prisión no siempre implican el encarcelamiento efectivo y denunció que las sanciones previstas para los padres que incumplen sus responsabilidades educativas prácticamente no se aplican.
Pierre-Marie Sève, director del Institut pour la Justice de Francia, analizó en la 99.9 las consecuencias judiciales de los disturbios y saqueos que conmocionaron al país y cuestionó la falta de criterios uniformes en las respuestas de los tribunales. Según explicó, después de los episodios registrados el 17 de octubre existía preocupación por la posibilidad de nuevos incidentes durante el fin de semana siguiente, aunque el refuerzo del operativo policial permitió evitar nuevos saqueos.
“Habían 10.000 policías el 17 de octubre para toda Francia y este fin de semana estaban más de 70.000”, señaló. Sève explicó que el despliegue preventivo fue considerablemente mayor ante el riesgo de nuevos disturbios, incluso por la realización del congreso nacional del partido de Marine Le Pen en la ciudad de Orléans, donde sectores de izquierda habían anunciado manifestaciones. Finalmente, destacó que la jornada transcurrió sin incidentes de gravedad.
El director del Institut pour la Justice indicó que, desde el 17 de octubre, se produjeron cientos de detenciones y que su organización siguió de cerca las actuaciones judiciales. “Los fiscales habían advertido que serían muy severos en los alegatos, pero, por lo que tenemos entendido y hemos visto, bastaba con caer en manos de ciertos jueces para no ir a la cárcel, mientras que otros jueces se decantaban claramente por la pena de prisión”, sostuvo. Para Sève, esa diferencia de criterios termina generando una respuesta difícil de interpretar para la sociedad: “Era un poquito como una lotería”.
Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento es la distancia entre los anuncios oficiales y las consecuencias concretas de las condenas. El dirigente explicó que una pena de prisión firme no siempre significa que la persona deba ingresar efectivamente a la cárcel. “Una pena de prisión firme de diez meses, por ejemplo, no implica que vayas a ir a la cárcel en el 90% de los casos”, afirmó, al cuestionar lo que considera una comunicación gubernamental que puede transmitir una imagen de mayor severidad que la que finalmente se aplica.
También puso en duda el alcance de las estadísticas oficiales sobre la respuesta penal. “Todos los ministros de Justicia desde hace 20 años nos dicen que no hay laxitud en la justicia francesa porque tenemos una tasa de respuesta penal del 95%”, explicó. Sin embargo, remarcó que ese indicador incluye medidas que no implican necesariamente una sanción efectiva. Como ejemplo, mencionó el llamado rappel à la loi, un recordatorio de la ley mediante el cual el fiscal le advierte al infractor que cometió un delito y que esa conducta no puede repetirse, sin que ello suponga necesariamente una pena de prisión.
Sève también cuestionó la escasa aplicación de las normas que contemplan sanciones para los padres que incumplen gravemente sus responsabilidades en la educación de sus hijos. Consultado sobre la posibilidad de que sean condenados por esa conducta, señaló que existe una disposición legal, aunque aseguró que los jueces prácticamente no la utilizan. “Hablé de este artículo con jueces y me lo dijeron todos: nadie lo conoce. Entonces, nunca los jueces lo aplican, porque nadie, los abogados, los jueces, nadie lo quiere aplicar y está casi olvidado”, afirmó.
Para el especialista, la situación requiere cambios especialmente en el régimen penal juvenil. Recordó que el ex primer ministro Gabriel Attal impulsó una reforma de la justicia de menores que buscaba introducir modificaciones para endurecer algunas respuestas, pero que fue rechazada por el Consejo Constitucional. “El Código Penal para los menores sigue siendo muy laxista. No hay otra palabra”, expresó, al sostener que las herramientas legales existentes no alcanzan para dar una respuesta adecuada frente a determinadas conductas delictivas.
“Hay muchas cosas que hacer para que la justicia sea más justa. Y, para ser más justa, tiene que ser más dura”, concluyó Sève. Sus declaraciones apuntaron a la diferencia entre las sanciones anunciadas y su aplicación efectiva, así como a las dificultades para establecer una respuesta judicial coherente frente a los disturbios y los delitos cometidos por menores.