Tras el desalojo, los dueños de las propiedades ocupadas desde 2017 en Villa Mascardi podrán recuperarlas.
La Justicia de Bariloche ordenó la restitución de las propiedades usurpadas por parte de un grupo mapuche en Villa Mascardi. La decisión llegó luego del desalojo y en medio del recrudecimiento de la violencia por parte de la RAM en la vecina Villa La Angostura.
Se trata de las tierras ocupadas por el grupo “Lof Lafken Winkul Mapu”. En total son siete predios que desde hace cinco años se encontraban ocupados y sufrieron distintos ataques en ese período.
Sin embargo, la decisión judicial dispuso mantener el espacio “rewe”, considerado sagrado por las comunidades que reclaman su posesión.
La fiscalía cuestionó que la toma de terrenos por parte de los integrantes de “Lof Lafken Winkul Mapu” se inició a partir de “una visión que tuvo, en 2017, una niña de 16 años que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche”. Sobre esto, sostuvo que ”la joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”.
Luego de varios hechos de violencia, la Justicia Federal de Bariloche solicitó el desalojo que se concretó el 4 de octubre y concluyó con la detención de un grupo de mujeres. Y en las últimas horas ordenó la restitución de todas propiedades usurpadas para que sus dueños o administradores puedan acceder a los mismos y recuperarlos.
La orden fue dictada por la jueza Silvana Domínguez, quien emitió la resolución que permitirá a los propietarios acceder a sus terrenos para limpiar los espacios tomados de manera violenta y derribar las construcciones que hicieron los mapuches durante los últimos cinco años.
Por otra parte, la jueza aclaró que se deberá mantener el rewe o tótem creado por la comunidad mapuche como un espacio sagrado.
De hecho, se trata del lugar donde la machi Betiana Colhuan ejercía su actividad, ubicado en cercanías al ex Hotel IOS y en un predio administrado por Parques Nacionales.
“Requeriré a la APN que conserve debidamente la “talla antropomorfa y su espacio circundante” por ser un lugar utilizado como espacio de culto mapuche (rewe)”, indica la resolución donde también se estableció que todos los alimentos hallados deberán ser donados a distintas instituciones en Bariloche.
Tanto la fiscal Federal de Bariloche, María Cándida Etchepare como la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, analizaron la destrucción de las viviendas construidas por parte de los mapuches. De hecho, trascendió que se contactaron con el municipio de Bariloche para que aporten maquinaria útil, sin embargo, aún no se emitió la orden de demolición.
En ese marco, Etchepare, informó a través de un extenso comunicado que el Gobierno ofreció tierras del Estado a grupos autopercibidos mapuches pero esta acción no sirvió para detener la violencia en la zona.
La representante del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado repaso de cómo se fueron desencadenando los hechos en los últimos años y que las organizaciones mapuches rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo antes del desalojo que se concretó el pasado 4 de octubre.
Independientemente del fundamento utilizado, el grupo autopercibido mapuche “no canalizó sus reclamos por las vías de derecho”, según la descripción de la fiscal. En el comunicado se describió que no se inscribieron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), “ni pidió ser relevado”. El mencionado organismo gubernamental informó que “no tiene registro ni petición alguna vinculada a este grupo de personas” y cita por el contrario, el antecedente de la comunidad “Lof Colhuan-Nahuel” que sí se inscribió y le fueron reconocidas tierras en el barrio Virgen Misionera.