La diputada provincial de la Coalición Cívica cuestionó la decisión del gobierno de Axel Kicillof de aplicar una alícuota del 2% sobre determinados premios del juego online y reclamó medidas concretas para prevenir la ludopatía, especialmente entre menores. “Mientras hay miles de proyectos que buscan que los chicos no caigan en el juego online ilegal o legal, acá lo que vemos es que pareciera que la política es cobrar y no cuidar”, sostuvo.
La discusión sobre el juego online volvió a poner en tensión dos aspectos de la política bonaerense: la capacidad del Estado para recaudar y su responsabilidad en materia de prevención de la ludopatía. La diputada provincial de la Coalición Cívica Romina Braga cuestionó en la 99.9 que la Provincia haya resuelto en pocas semanas aplicar una alícuota del 2% sobre determinados premios, mientras numerosos proyectos destinados a limitar el acceso de menores y prevenir las consecuencias de las apuestas continúan sin avanzar.
“Nosotros venimos trabajando durante mucho tiempo, la Coalición Cívica en su conjunto”, explicó Braga, quien recordó que durante los dos años anteriores integró la Comisión de Prevención de Adicciones. En ese ámbito, señaló, trabajaron sobre un proyecto vinculado con la ciberludopatía que “lamentablemente solo pasó la Comisión de Adicciones”. Para la legisladora, el problema no es nuevo, pero sí requiere una respuesta política acorde con su dimensión.
Braga puso el foco particularmente en la velocidad con la que se instrumentó la medida tributaria. “Lo importante no es el número, sino que resolvieron en dos semanas algo que dormía hace ocho años”, afirmó. Y contrapuso esa rapidez con la falta de avances en iniciativas destinadas a la prevención: “Mientras hay miles de proyectos que buscan que los chicos no caigan en el juego online ilegal o legal, acá lo que vemos es que pareciera que la política es cobrar y no cuidar”.
Para la diputada, las apuestas generan consecuencias que exceden el plano económico. “Las apuestas online, no importa de dónde provengan, sean legales o ilegales, generan un impacto económico, generan un impacto en la salud mental, no es menor eso”, sostuvo. En ese sentido, reclamó una decisión política que contemple tanto la prevención como el acompañamiento de quienes ya se encuentran inmersos en situaciones problemáticas vinculadas al juego.
Uno de los principales puntos de preocupación es el acceso de los menores. Braga consideró que las herramientas actualmente disponibles resultan insuficientes y enumeró medidas que, según su análisis, podrían implementarse sin requerir grandes estructuras estatales. Entre ellas mencionó la prohibición de publicidad dirigida a menores, la limitación de promociones y bonos destinados a fidelizar jugadores, sistemas de alertas ante períodos prolongados de juego y mecanismos para que los usuarios puedan establecer límites de depósito y solicitar su autoexclusión.
También propuso avanzar sobre los mecanismos de pago. Braga planteó que debería impedirse el uso de fondos provenientes de programas sociales para apostar y establecerse controles que obliguen a bancos y billeteras virtuales a bloquear transferencias de menores de 18 años hacia sitios de juego. “Nosotros no estamos ni en contra de que el Estado le genere impuestos al juego, al contrario, queremos que esa actividad esté fuertemente grabada”, aclaró, pero advirtió que la regulación debe estar acompañada por políticas de cuidado.
La dimensión del problema entre adolescentes aparece, para la legisladora, como uno de los principales argumentos para reforzar las medidas de prevención. Citó un estudio de la Cruz Roja realizado sobre 11 mil estudiantes de entre 13 y 18 años, pertenecientes a 200 escuelas de 16 provincias, según el cual aproximadamente seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas online. “Es un montón”, enfatizó Braga, al advertir sobre una problemática que se desarrolla en paralelo con la expansión de las billeteras virtuales y las nuevas formas de acceso al dinero.
En ese escenario, la diputada también planteó la necesidad de incorporar la educación financiera como parte de una respuesta más amplia. Junto con su equipo, explicó, presentó un proyecto integral que no se limita al asesoramiento financiero, sino que incorpora el impacto sobre la salud mental. “Son personas que ingresan al juego, que pueden transferir dinero, que se pueden endeudar, y esa deuda tiene que tener el abordaje integral para no generar más problemas en la salud mental”, explicó.
Braga vinculó esta problemática con situaciones de extrema gravedad y señaló que la prevención debe realizarse antes de que las consecuencias sean irreversibles. “Estamos en el mes de la prevención del suicidio y vemos muchas veces que este tipo de cuestiones, si no son abordadas a tiempo, pueden terminar en una cuestión fatal final y que no tiene vuelta atrás”, sostuvo. Por eso insistió en que el Estado debe intervenir no sólo desde la regulación económica, sino también desde la prevención y la asistencia.
En relación con el 2% que la Provincia recauda y que tiene como destino el Fondo de Progreso e Inclusión Social, la legisladora reclamó transparencia sobre el uso de esos recursos. “Queremos saber qué se hace, queremos cuál es el destino específico, queremos información pública, queremos saber si eso está dando beneficios reales en la política que se aplica”, afirmó. Para Braga, si existe un fondo alimentado por recursos provenientes del juego, debe poder determinarse de manera clara qué políticas financia y cuáles son sus resultados.
La diputada también cuestionó la idea de colocar el foco exclusivamente sobre quienes apuestan. “Nosotros tenemos que cuidar al ciudadano”, afirmó, al diferenciar la necesidad de regular y gravar a las empresas de la responsabilidad de acompañar a quienes pueden desarrollar una conducta problemática. “Es una locura que persigamos a las personas que van a apostar”, sostuvo, y reclamó que el Estado advierta sobre los riesgos y brinde herramientas de prevención y contención.
Para Braga, además, detrás de muchas apuestas no existe simplemente una búsqueda de entretenimiento, sino también una expectativa de resolver dificultades económicas mediante el llamado “dinero fácil”. “Muchas veces se hace bajo otras condiciones. La necesidad del dinero fácil”, explicó. En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de que jóvenes que recién comienzan a manejar sus propios recursos terminen rápidamente endeudados.
“Un chico de 18 años tiene que estar endeudado”, cuestionó, al referirse a la facilidad con la que las nuevas herramientas financieras permiten acceder al crédito y realizar operaciones. Y agregó que, más allá de los mecanismos legales, existe otro universo todavía más complejo vinculado con prestamistas informales, operadores y posibles circuitos de lavado de dinero.
Frente a este escenario, Braga sostiene que la discusión sobre el juego online no puede reducirse a cuánto recauda el Estado. La legisladora plantea que la regulación debe estar acompañada por prevención, educación financiera, protección de menores, asistencia en salud mental y mecanismos de control sobre las plataformas y los medios de pago. “Cobrar no es cuidar”, resumió, como crítica central a una política que, según su mirada, avanzó con rapidez sobre la recaudación mientras todavía mantiene respuestas insuficientes frente a los efectos sociales de las apuestas.