El dueño de la compañía distribuidora había denunciado el caso en medio de lágrimas. Uno de los sindicalistas además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás.
Luego de que en septiembre el empresario Ricardo Rey denunciara entre lágrimas la presión del gremio de Camioneros a su distribuidora en San Pedro, la Justicia ordenó en las últimas horas la detención de los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro, que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola, por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión”.
En febrero la compañía Rey Distribución denunció a Cabaleyro, Espíndola y a empleados afiliados al sindicato de Camioneros por un presunto “pedido de coimas” para que los dejen “trabajar tranquilos”.
“Venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, le había asegurado a TN Gustavo Rey, uno de los hijos de Ricardo.
Las presuntas cifras que los camioneros le exigían al empresario
En este sentido, el hijo del propietario de la distribuidora agregó: “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran 20.000 pesos, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”.
Tras la denuncia de febrero, intervino el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y así fue que la abogada Florencia Arietto empezó a representar a la familia Rey.
Justamente fue la asesora letrada la que publicó en su perfil de Twitter una imagen sobre la orden de arresto contra los mencionados gremialistas.
El abogado de los Rey, Daniel Spirópulos, había denunciado lo acontecido en el Ministerio de Trabajo, y solicitaron una conciliación obligatoria para que se resolviera la situación.
“El ministerio hizo muchas visitas a la empresa. Tuvimos varias audiencias también. Llegamos a un acuerdo para darle $50 mil a cada empleado. En total fueron $500 mil. También rubricamos otro directamente en el sindicato, porque nos decían que teníamos una deuda con ellos y que si pagábamos eso todo quedaba saldado. Arreglamos otros $500 mil, pero después nos dijeron que eso era un adelanto, que faltaban $232 mil más”, relató Gustavo Rey.
La problemática también afectó a los vecinos de la zona. En el barrio Villa Igoillo, donde está ubicado el depósito, las actividades de sus habitantes se vieron interrumpidas por los constantes bloqueos y la presencia de camiones que estacionaban en la zona.