John Henry Ramírez fue sentenciado a muerte por el asesinato en 2004 de Pablo Castro durante el atraco a una tienda.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha suspendido este miércoles 8 de septiembre la ejecución de John Henry Ramírez. El organismo ha determinado estudiar la solicitud del condenado de estar acompañado por su pastor, y que éste pueda rezar y posar las manos sobre él en el momento en que reciba la inyección letal.
En una breve decisión publicada la misma noche en que Ramírez iba a ser ejecutado en Texas, la máxima corte del país aceptó evaluar su caso, y ordenó programar una audiencia con argumentos orales sobre el tema para octubre o noviembre de este año.
Ramírez, sentenciado a muerte por el asesinato en 2004 de Pablo Castro durante el atraco a una tienda, había presentado este martes 7 de septiembre una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo para que el reverendo Dana Moore pudiera rezar y tocarle físicamente durante la ejecución.
En contra de la normativa
Antes de que se pronunciara el Supremo, el estado de Texas y dos tribunales inferiores habían rechazado la solicitud de este hombre de origen hispano y 37 años de edad, al considerar que iba contra la normativa. Texas había pedido al Supremo que rechazara la petición de Ramírez, y el Departamento de Justicia Criminal del estado desestimaba que el pastor pudiera poner sus manos sobre el preso y orar en voz alta durante la ejecución, por considerar que eso complicaría el proceso.
En su petición al alto tribunal, Ramírez había alegado que desde 2016 recibía consejo espiritual de Moore, pastor de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi, ciudad natal del preso. La petición del reo indicaba que, si no se concede su solicitud, Moore se vería obligado a permanecer en un “pequeño rincón” de la habitación a pesar de que su “declaración jurada ante notario sostiene que poner sus manos sobre un cuerpo moribundo y vocalizar oraciones durante la transición de la vida a la muerte están entrelazadas con los servicios religiosos”.
Añadió que no se podía considerar que su petición tenía como objetivo retrasar la ejecución porque presentó el caso de “asesor espiritual” en agosto de 2020, trece meses antes de la fecha de ejecución actual. El preso considera que el rechazo a su ruego le llevaría a ser ejecutado sin el “consejero espiritual que le garantiza la Constitución”.