Así lo informó el departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden. La solicitud fue trasmitida al gobierno y la justicia argentinos.
Un juez del los Estados Unidos pidió este martes al juez federal Federico Villena la incautación del avión venezolano-iraní retenido desde hace dos meses en Ezeiza, informó el gobierno de Estados Unidos.
Es por las sanciones de EE.UU. contra Irán y Venezuela por financiar el terrorismo internacional. Lo dispuso un juez de un tribunal del sur de Nueva York.
El Departamento de Justicia de EE. UU. transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300M, luego de que se revelara una orden de incautación del Tribunal del Distrito de Columbia.
La orden, que se emitió el 19 de julio de 2022, alega que el avión fabricado en EE. UU. “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní afiliada a la Islámica”.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria-Fuerza Qods (IRGC-QF, según si sigla en inglés), es una organización terrorista sancionada, y Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (EMTRASUR), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (CONVIASA) , es una empresa estatal venezolana, recordó el comunicado del gobierno norteamericano.
En 2008, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos “emitió, y desde entonces ha renovado periódicamente, una orden de denegación temporal que prohíbe, entre otras cosas, que Mahan Air participe en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de los Estados Unidos que esté sujeto a las Regulaciones de Administración de Exportaciones”.
Como se alega en la orden de incautación, “alrededor de octubre de 2021, Mahan Air violó la orden de denegación temporal y las leyes de control de exportaciones de EE. UU. cuando transfirió la custodia y el control de la aeronave Boeing a EMTRASUR sin la autorización del Gobierno de EE. UU.”.
Posteriormente, “se produjeron violaciones adicionales de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. entre febrero y mayo de 2022 cuando EMTRASUR reexportó la aeronave entre Caracas, Venezuela; Teherán, Irán; y Moscú, Rusia, sin la autorización del Gobierno de los Estados Unidos”.
Además, como se alega en la orden de incautación del juez en junio de 2022, las autoridades argentinas detuvieron a la tripulación de vuelo del avión Boeing, incluidos cinco iraníes.
El capitán registrado de la aeronave “fue identificado como un excomandante del IRGC y accionista y miembro de la junta directiva de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air”.
La policía argentina también “registró la aeronave y encontró un registro de vuelo de Mahan Air que documentaba los vuelos de la aeronave después de la transferencia ilegal a EMTRASUR, incluido un vuelo a Teherán, Irán, en abril de 2022”, informó el departamento de Justicia en su comunicado.
Mahan Air fue sancionada en 2011 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro “por brindar apoyo material al IRGC-QF, y Qeshm Fars Air fue designada en 2019 por estar controlada por Mahan Air y por brindar apoyo material al IRGC-QF”.
Además, CONVIASA, la empresa matriz de EMTRASUR, fue sancionada “por la OFAC en 2020 y su flota fue bloqueada conforme a una Orden Ejecutiva en 2019”.
Simultáneamente, el Departamento de Comercio emitió una orden de denegación temporal negando los privilegios de exportación de EMTRASUR por 180 días con posibilidad de renovación.
“El Departamento de Justicia no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
“Trabajando con nuestros socios en todo el mundo, no daremos cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas”, advirtió.
“La incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia.
“Buscaremos enérgicamente evitar que las entidades sancionadas obtengan acceso a artículos fabricados en Estados Unidos o se beneficien de su transferencia ilegal. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, seremos incansables en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y confiscar activos cuando sea apropiado y legal”, añadió el fiscal.
“Las acciones coordinadas de hoy tienen como objetivo frenar la transferencia ilegal de un avión de carga iraní a una aerolínea venezolana y la posterior operación de ese avión por parte de la aerolínea en violación de nuestras reglas”, dijo el subsecretario de Control de Exportaciones Matthew S. Axelrod de la Oficina de Comercio del Departamento de Comercio de EE. UU.
“Continuaremos tomando medidas de cumplimiento significativas y directas contra las aerolíneas extranjeras que operan aeronaves de origen estadounidense en violación de los controles de exportación de EE.UU.”, destacó el funcinario
“Esta incautación demuestra la persistencia del FBI en el uso de todas nuestras herramientas para responsabilizar al gobierno iraní y a las personas y empresas afiliadas cuando violan las leyes estadounidenses”, dijo el subdirector interino de contraterrorismo Kevin Vorndran del FBI.
“El FBI, junto con nuestros socios internacionales, continuará buscando a aquellas personas que contribuyan al avance de las actividades malignas de Irán y se asegurará de que sean llevados ante la justicia, independientemente de dónde o cómo intenten esconderse”.
Este asunto está siendo investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y la Oficina del FBI en Miami.
Además, está siendo investigado por el fiscal Federal Auxiliar Rajbir Datta de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia y el Fiscal Federal Auxiliar Andy Camach.
Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó ayer la devolución de los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Argentina el 6 de junio pasado mientras que mantuvo la prohibición de salir del país para otros siete, entre los que se encuentra el piloto iraní sobre el cual planteó sospechas el FBI.
La decisión de mantener las restricciones sobre algunos de los tripulantes del avión que llegó desde México, con escala en Venezuela, tiene que ver con que el juez aún tiene dudas respecto de si una parte de la tripulación pudo haber arribado a la Argentina con objetivos distintos al declarado traslado de autopartes,autor partes.
La Justicia busca determinar si, “bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional”, según surge de la resolución de unas 260 páginas a la que accedió Clarín.
Los tripulantes sobre los que aún pesa la prohibición de salir del país son los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras.
El juez destacó en su resolución que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur revisten carácter de imputados aunque, de momento, no existe mérito suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria.
En esta causa se investiga “si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, surge del fallo.
Al sostener las medidas restrictivas sobre algunos de los tripulantes, el juez indicó también las posiciones de la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la fiscal Cecilia Incardona que se habían opuesto a que se habilitara la salida del país de los imputados y habían remarcado que aún existen medidas de prueba en curso.
Al promover esta investigación, la fiscal Incardona había puesto el foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi “es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto” y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.
Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre “exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación”.
En línea con eso, el juez Villena señaló que si bien coincide con lo argumentado por la fiscal federal “respecto del riesgo procesal que significa permitir la salida del país a ciudadanos de países que no extraditan nacionales como el caso de la República Bolivariana de Venezuela”, advirtió que en el caso concreto de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello, “se encuentra fehacientemente acreditado en autos que todos aquellos tienen como profesión principal la aeronavegación civil, lo que conlleva el constante ingreso y egreso de distintos países en el mundo”.
En caso de ser necesario, “esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad”, añadió.