Las autoridades de Costa Rica detuvieron a un piloto que era parte fundamental de una red internacional de trata de personas también dedicada a la pornografía infantil.
Un trabajador de una aerolínea comercial latinoamericana fue detenido el pasado lunes por distribuir pornografía infantil, aprovechando su posibilidad de viajar al exterior con frecuencia. El piloto trasladaba películas donde se veía a menores de entre 2 y 12 años sometidos a explotación sexual.
Costa Rica es la pieza clave de la industria de producción, distribución y venta de pornografía infantil que se ramifica hacia Chile con nexos en España, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Uruguay. Entrevistada por EL PAÍS, la directora ejecutiva de Alianza por tus Derechos, Rocío Rodríguez, aseguró que Costa Rica, sin embargo, “tiene las penas más bajas de toda América Latina para los delitos de pornografía infantil. No tenemos una unidad especializada que los investigue. La mayoría de países ya ha creado unidades que pasan investigando en ‘chats’, redes sociales y andan en busca“.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa (Congreso Unicameral) hay un proyecto para reformar la ley, ya que las penas por tenencia de pornografía infantil son de solo seis meses a dos años y por producción, de tres a ocho años, mientras que por distribución no superan los cuatro años de cárcel.
Según Fournier, la red internacional recientemente descubierta es “inmensa y así son los recursos que utilizan. Ese es el dinero que sacan de esta actividad tan despreciable y tenemos una urgencia inmediata. Lamentablemente, creo que hay que hacer una acción muy fuerte en busca del apoyo gubernamental para que podamos tener todas las armas para detener a estas mafias“.
La investigación “Pureza II”, coordinada por la Policía Internacional (Interpol), identificó “una red de intercambio de archivo con pornografía infantil”, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policía judicial de Costa Rica. Se realizaron 109 allanamientos en 63 ciudades de 10 países entre abril y agosto de este año y se identificó a 100 sospechosos con edades de 21 a 66 años. Además, se decomisaron más de seis mil objetos, entre ellos, películas en discos compactos, computadoras y sus respectivos discos duros. La investigación en Costa Rica se realizó en coordinación inicial con autoridades de Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay y luego se prolongó a España, Chile, Venezuela, Brasil y Colombia.