El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil cuestionó aspectos de la legislación vigente, advirtió sobre la pérdida de legitimidad del sistema judicial y aseguró que existe una estructura cultural que reproduce generaciones de delincuentes.
El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, realizó un duro análisis sobre el funcionamiento del sistema penal argentino, las limitaciones de la legislación vigente y la existencia de sectores sociales que han naturalizado el delito como forma de vida. En diálogo con la 99.9, sostuvo que muchas de las respuestas judiciales que generan indignación en la ciudadanía son consecuencia directa de normas que producen resultados “irrazonables” y terminan erosionando la confianza en la Justicia.
“Nosotros actualmente nos regimos por el Código Penal vigente, que tiene una estructura deficitaria y está en proceso de reforma”, señaló. Según explicó, uno de los principales problemas se originó con modificaciones introducidas años atrás, particularmente en los delitos cometidos con armas.
Martínez Soto indicó que muchas veces la ley distingue entre armas aptas o no aptas para el disparo efectivo, o incluso entre armas reales y réplicas, situaciones que terminan generando consecuencias judiciales difíciles de explicar para las víctimas. “Uno ve a una persona que va armada para tener un mayor poder vulnerante sobre el sujeto al que va a robar y después se lleva una pena excarcelable. En la consideración común, la gente dice: ‘a mí me vinieron a robar con un arma y tuve que entregar todo porque no sabía qué iba a pasar’”, explicó.
Para el fiscal, ese tipo de interpretaciones generan un fuerte desgaste institucional. “Nos hace perder diariamente legitimidad como administradores de justicia porque son aplicaciones irrazonables de situaciones que vemos todos los días. No se está usando la razón y muchas veces terminamos obligados a aplicar decisiones de tribunales superiores que los tribunales inferiores deben seguir”, afirmó.
En ese sentido, reclamó una discusión profunda sobre las penas y el enfoque del sistema penal. “Cuando uno habla de endurecer las penas, pongámonos de acuerdo y no estemos siempre mirando desde la órbita de quien va a cometer el delito. Si tenemos que preservar la seguridad y la salud mental de la gente, consideremos también lo que les pasa a las víctimas”, sostuvo.
Martínez Soto incluso relató una experiencia personal para ejemplificar su postura. “Yo fui víctima de un hecho de similares características. Tengo muchos años de trabajo en esto y quizás puedo evaluar determinadas circunstancias, pero no le voy a preguntar al que me viene a robar si el arma funciona o no funciona. Se lleva lo que quiera y listo. Ese poder vulnerante no puede ser considerado un robo simple”, enfatizó.
El fiscal también rechazó las explicaciones que justifican el delito únicamente por razones sociales o económicas. “Hay una parte de la sociedad que se ha dedicado al delito. Uno puede comprender que existen situaciones de exclusión, pero excluir no implica que una persona tenga que cometer delitos ni que eso los justifique”, afirmó.
Como ejemplo, recordó la historia de sus propios abuelos inmigrantes. “Mis cuatro abuelos vinieron a la Argentina con una mano atrás y otra adelante y no se dedicaron a delinquir. Estaban bastante excluidos, vivían en conventillos, pero tenían otra formación”, señaló.
A partir de sus casi cuatro décadas dentro del Poder Judicial, Martínez Soto aseguró haber observado la reproducción intergeneracional del delito. “Tengo casi 40 años en la Justicia. Hoy veo nietos o bisnietos de personas que juzgué o defendí hace décadas. No son la mayoría, pero son indicadores muy importantes. Hay una parte de la sociedad que se dedica al delito y no hay chance. Van a tratar de ser lo más eficientes posible y también tienen una estructura de conocimiento que los posiciona en una situación muy superior a las víctimas”, advirtió.
Para el fiscal, detrás de este fenómeno existe además un problema cultural más profundo. “Se ha perdido una escala de valores. Hoy pareciera que todo se justifica para evitar la frustración. Pero cuando una persona crece sin aceptar límites, cuando sea adulta va a ser intolerante a cualquier obstáculo y probablemente recurra a la violencia para cumplir sus deseos”, reflexionó.
En esa línea, consideró que la sociedad está ignorando señales preocupantes. “Estamos teniendo un serio problema sociológico y filosófico que no estamos viendo. Y va a ser peor porque mientras no me toca a mí, parece que no pasa nada”, alertó.
Martínez Soto también cuestionó ciertas corrientes predominantes dentro del ámbito jurídico. “Dentro del discurso jurídico somos minoría. Lo que pasa es que hay modas y nadie quiere quedar afuera de esas modas. Hay discursos que buscan doblegar la acción de la Justicia y muchas veces el Poder Judicial no quiere meterse en problemas frente a determinadas situaciones”, sostuvo.
Finalmente, reivindicó la independencia de los magistrados para expresar posiciones que puedan diferir de los consensos dominantes. “El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Debe ser independiente, autónomo y tener opinión propia. Opinar distinto no implica estar en contra de ningún grupo. Es simplemente ejercer el derecho a pensar y actuar conforme a la realidad que vemos todos los días”, concluyó.