¿A quién le toca?

Unidad Penal XV de Batán | Tras la pericia realizada al edificio de la UPXV, la jueza Irianni impide la llegada de nuevos detenidos y convoca a una comisión interinstitucional. Busca una salida colectiva bastante improbable, porque los municipales no tienen injerencia en este asunto.

La justicia de Mar del Plata restringió el ingreso de nuevos detenidos en la Unidad XV de Batán debido a la sobrepoblación y al deterioro estructural del edificio. Todo se fundamenta en que los ingenieros civiles Jorge Besoky y María Daniela Valiente, junto con el arquitecto Daniel Negri, actuaron como peritos oficiales para confeccionar el informe que dio cuenta de las condiciones de habitabilidad de la Unidad Penitenciaria XV de Batán. La visitaron el pasado 5 de julio, y en su evaluación pericial comenzaron dejando en claro que la unidad está muy lejos de cumplir las normas internacionales y nacionales para el tratamiento de reclusos, en lo que respecta a los locales de detención. Explican que el incremento de la población carcelaria terminó por desvirtuar un proyecto original, ya que la cárcel fue inaugurada en noviembre de 1980 y preveía una población de 746 reclusos, a una persona por celda.

Pero hoy esa población se ha triplicado, por lo tanto en cada celda hay tres, para lo cual se ha agregado un camastro de madera, otras veces solo un colchón en el piso, y otras, simplemente mantas: hay presos que duermen directamente sobre el suelo.

El incremento de la población tampoco contempla otras cuestiones, como por ejemplo el volumen de aire, las ventilaciones, el ingreso de luz natural, la presencia de luces artificiales. Todas estas condiciones generan solo una consecuencia: inseguridad.

Respondiendo al pedido de la jueza Mariana Inianni del tribunal en lo criminal n°4, evaluaron la posibilidad de nuevos derrumbes, y para eso visitaron el sector de talleres, que ya ha sufrido un siniestro de este tipo, además del derrumbe parcial de la construcción de una de las naves laterales: una estructura resistente de hormigón armado con una cubierta tipo shed con recubrimiento de mampostería. Dice: «se evidencia a simple vista la corrosión existente en las armaduras de las losas y estructura de cubierta…aconsejamos a la señora jueza que se proceda a la pronta demolición de ambas naves laterales y a la reparación de la cubierta central con el objeto de detener el deterioro existente». Lo mismo debe hacerse con otra edificación que, si bien no ha sufrido un siniestro similar, no resistirá por mucho tiempo.

El cascarón

Cuando comenzaron a revisar la estructura, explicaron que los techos presentan deterioro, que los desagües están tapados. Hay sectores que tienen pendientes inapropiadas, general acumulación de agua de lluvia y consiguientes filtraciones hacia el interior. Del mismo modo, pudo verificarse la falta de impermeabilización exterior de los muros, por lo que se producen desprendimientos de revoques y cielorrasos. Pero, a la vez, aclaran que sería tan costoso efectuar los arreglos necesarios, que no tiene sentido realzarlos sin primero reparar los techos de manera adecuada, y para eso hay que modificar las pendientes teniendo en cuenta la agresividad del clima de esta zona.

En cuanto a los desagües cloacales, cada pabellón tiene en la circulación central una cámara de inspección de los desagotes que provienen de las celdas. Esas cámaras tienen tapas de chapa o de maderas deterioradas, por lo que van a parar desechos al interior y se obstruyen. De allí proviene el olor nauseabundo que se puede percibir, además del consiguiente foco de infección. El riesgo físico es indiscutible ya que cualquiera puede caer en las cámaras.

En cuanto a la electricidad, los tableros generales se hallan ubicados en la matera del personal, y la mayoría carece de puerta. Hay llaves térmicas y disyuntores deferenciales que no funcionan, o cortan la energía eléctrica en forma parcial: «la puesta a tierra no se extiende a través del tendido eléctrico».

En la circulación central de algunos pabellones, la luz artificial es escasa o a veces directamente no existe: «la instalación no es solo antirreglamentaria, sino que además se observa un entramado de cables y conexiones con deficientes aislaciones». Es decir, que hay empalmes de cables, tomacorrientes rotos, conexiones precarias, con el consiguiente riesgo de electrocución. Se debe realizar una nueva instalación eléctrica de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

Las materas del personal penitenciario cuentan con un sanitario en el que faltan artefactos, y los revestimientos están rotos, además de que carecen de carpintería. Los termotanques que abastecen los pabellones no tienen ventilación y están en malas condiciones de conservación. Las mesadas tienen bachas rotas o no tienen agua ni desagüe. Los piletones para lavar ropa no tienen grifos o están rotos. Las pérdidas de agua de las duchas y canillas inundan los pisos, que encima también están rotos.

En las celdas no hay grifos o están rotos, por lo que hay pérdidas de agua constantes. Las piletas de piso que deben hacer de desagües de los patios se cuentan sin tapa y totalmente obstruidas por basura, lo cual no hace más que confirmar la falta total de mantenimiento del edificio en su conjunto.

Las conclusiones

La jueza ha solicitado además que los peritos expongan cuáles son los requerimientos para que el edificio resultara habitable, y ellos han respondido que se debería impermeabilizar todos los techos y muros. Luego reparar todas las armaduras expuestas de cielorrasos y revoques. Reacondicionar todas las instalaciones o realizar una nuevas. Implementar un sistema eficiente de lucha contra el fuego. Porque en los sectores de los pabellones donde se cocina, no hay ventilación y la conexión de gas es precaria y antirreglamentaria. Los pabellones tenían además un sistema de calefacción a través del techo con conductos de circulación central que distribuían aire caliente. Pero ese sistema dejó de funcionar por falta de mantenimiento, por lo que en la actualidad se utilizan pantallas que no son reglamentarias. No hay sistema de control de incendios ni red hidrante. Las salidas de emergencia están al fondo de cada pabellón, pero hay elementos colocados que obstruirían una salida rápida.

En base a estos resultados que no dejan espacio para demasiadas dudas, la jueza ha concluido: «siendo el objeto de este proceso aunar esfuerzos y estrategias para hallar un camino de solución planificada, sostenida en el tiempo, de manera mancomunada con los organismos a cargo, entre los operadores ,en tanto responsables de las condiciones de las unidades penitenciarias en general, tanto ejecutivos como judiciales, garantes del cumplimiento de las leyes que se vinculan con la resocialización de las penas que se imponen y se cumplen en aquellos espacios, entiendo que corresponde convocar a una audiencia de características interinstitucionales, la que se prevé dentro de un plazo urgente, improrrogable, pero a su vez prudencial, con el fin de que concurran con una propuesta de planificación al efecto». Y convocó a las autoridades de los tres poderes, a los estamentos provinciales y municipales, con el fin de convenir en una solución conjunta, por más que los penales no sean de injerencia local.

No dejó a nadie sin llamar: ministerio de justicia de la provincia, al jefe penitenciario de la provincia de buenos aires, al jefe del Complejo Penitenciario de Batán, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, hasta al jefe distrital del Consejo Escolar (¿no pueden arreglar las escuelas y van a arreglar la cárcel?)

Llamó al presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal, el Ministerio Público Fiscal departamental, la Dirección General de Arquitectura obras y servicios de la Suprema Corte de Justicia, al ejecutivo y deliberativo municipal en lo que respecta a obras urbanas, al Colegio de Arquitectos y las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así como de la Universidad Tecnológica Nacional.

Como si fuera poco, se citó además al intendente Guillermo Montenegro y a las autoridades del Concejo Deliberante. Una mezcla desordenada.

Se comenta que todos los funcionarios le puntualizaron que no tienen potestad sobre institutos penitenciarios. La jueza ha dicho: «¿cómo que no? ¿cómo no van a poder clausurar por el estado calamitoso en que está…?»

Dicen que la magistrada insiste: «Mar del Plata está horrible», y que se queja por igual del Hospital Regional, y del Materno Infantil, y hasta del estado de la rambla. Le explican con paciencia que —en todos los casos— esos ámbitos edilicios pertenecen a otras administraciones. Pero no la convencen, ella exige que la municipalidad se haga cargo y convoca a Obras Sanitarias por el tema del agua en el penal. Reclama que OSSE haga un pozo nuevo, pero el orden provincial corresponde a la Autoridad del Agua. No hay manera.