Tribunal de familia | Fue apartado de su cargo el juez de familia Juan Facundo Dominoni por el maltrato que dispensaba al personal a su cargo. Dijeron que hacía diferencias entre varones y mujeres, y que el clima era irrespirable. Un hombre así decidía el destino de los más vulnerables.
Le tocó a Eduardo Pettigiani el rol de presidir la Comisión de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que tenía que decidir por fin qué hacer con la denuncia encontra del juez del Tribunal de Familia 4 de este distrito. Tal solicitud había sido elevada por el procurador de la Suprema Corte, Marcelo Conte Grand, hace casi un año.
El defensor de Dominoni fue Juan José Losinno, quien adujo que el magistrado se encuentra de licencia por una afección cardíaca, y que preferiría que las cuestiones se discutieran más adelante, cuando su defendido estuviera en condiciones de ocuparse personalmente. Le dijeron que no, que interviniera tranquilo como defensor porque, igualmente, para dirimir estas cuestiones, no hacía falta la presencia del juez aludido.
Convengamos que ya existía un expediente administrativo de la Dirección de Resolución de Conflictos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que dice que hay relaciones disfuncionales en el Tribunal 4 de Mar del Plata. Estos elementos acreditados pasaron a la Secretaria de Control Disciplinario, donde se formó la causa. Es decir, que no se trataba de un corrillo, ni de una decisión tomada de apuro: los pasos del trámite se cumplieron convenientemente.
La primera definición es que el comportamiento del magistrado puede encuadrarse en lo que la ley estipula como violencia laboral, ya que se consideró lo suficientemente acreditado lo siguiente: “el doctor Dominoni sobrecargó de tareas al personal, amenazó a muchos de ellos con perder sus puestos de trabajo, omitió deliberadamente dirigirles la palabra, dio portazos en el rostro de muchos de ellos, les arrojó expedientes al suelo, estableció una división de tareas fundada en el sexo de los agentes, efectuó comentarios descalificadores hacia alguno de ellos en presencia de otros, y excluyó a algunos agentes de la realización de tareas propias de su función”.
Los empleados
Los testigos son muchos y, puestos a describir las actitudes del juez de familia, los empleados pudieron detallar que utilizaba: “elevado tono de voz y expresiones inapropiadas para un magistrado”, esto quiere decir que les gritaba y los insultaba. “Haber ordenado a una funcionaria secar el piso del sector de mesa de entradas”, es decir que, por más que la funcionaria fuese personal con una jerarquía laboral vinculada a la profesión, él la sometió a realizar una tarea de limpieza, que puede ser tomado como un gesto de sometimiento bastante vinculado al género. “Arrojar líquido en forma de spray ante la presencia de determinada agente”, y nótese que la frase está redactada en género femenino, es decir, que era una mujer la que le generaba al juez un desprecio tal que se ponía a desodorizar el sitio en su presencia, a la vez que gritaba que lo hacía para evitar su “mala onda”.
“Cierre abrupto de la puerta de su despacho en el rostro de una agente”: el juez le cerró la puerta en la cara, a la vez que le dijo a otra empleada que cierta mujer le “contaminaba la visión”. En el momento de corregir los proyectos de despacho que redactaban los miembros de su equipo, el magistrado no realizaba recomendaciones profesionales, sino que utilizaba sellitos de los que usualmente implementan las maestras de la escuela primaria, con dibujos de caras que expresan distintos estados de ánimo, o manos que aplauden. Tales dispositivos han sido creados para llevar imágenes claras de corrección a niños que requieren concreción en las indicaciones, porque son pequeños.
De la misma manera, Dominoni escribía expresiones de puño y letra sobre los trabajos que corregía tales como “horrible”. Arrojaba expedientes al piso, expresaba mal concepto laboral de determinadas personas de manera caprichosa, y hasta llegó a ordenar que la perito psicóloga compartiera la oficina con otro agente. Así, la delicada tarea de la profesional perdió toda forma de intimidad para entrevistar a una persona. Y lo hizo contra una profesional mujer, porque —según dicen los testigos— había una cuestión de género: Dominoni distribuía de manera inequitativa las tareas entre varones y mujeres. Pero entre todas las mujeres, enderezó los cañones particularmente a obstaculizar las tareas de la perito psicóloga Ana Teresa Aroza, dice el procurador en el apartado en el que detalla este hábito de “vaciar de contenido determinadas funciones” dentro del tribunal.
¿Cómo pensaba hacer las cosas Dominoni sin los informes profesionales de una perito psicóloga?¿Quién más orientaría sus decisiones, si no era la especialista en explicar el contexto emocional en el que las familias están transitando aquello que les acontece? El juez los amenazaba con iniciarles sumarios, los intimidaba, y obstruía su derecho de solicitar y obtener las licencias reglamentarias.
Así fue que, finamente, en el curso de un año, cinco agentes del tribunal pidieron el traslado, y tres más dejaron sentado que deseaban hacerlo: nadie más lo soportaba, y estamos hablando de 2017. Porque todas estas conductas descriptas afectaron la salud de los agentes que integraban la planta funcional de este juzgado. Por todo lo expuesto, el procurador ya había dicho que la permanencia de Dominoni al frente del juzgado le parecía inadmisible, y que perjudicaría seriamente el desempeño del tribunal en la administración de justicia. Lo cual es casi como decir que así nadie puede trabajar.
Hay más
La licenciada en trabajo social María Laura Larson también habló de la marcada disparidad que existía entre las tareas atribuidas a varones y mujeres. Explicó que, mientras ella tenía la obligación de participar de un audiencia tras otra, es decir, realizar la mayoría del trabajo, su compañero de tareas perito psicólogo —varón— se ocupaba de “realizar asados y organizaba congresos”. Y agregó: “el clima con nosotras las mujeres era de extrema tensión y control”. Con los varones, la relación era “mucho más coloquial”.
El abogado defensor por supuesto que ya había contestado, y había dicho que tales sucesos, en caso de haber sucedido, habían sido superados: franca contradicción. Agregó que, si el magistrado era apartado del cargo, se vería afectada la presunción de inocencia, es decir, que lo estarían prejuzgando. Y dijo, además, que el suyo es un tribunal de gran importancia que iba a quedar acéfalo, con el consecuente deterioro en la labor que se requería desarrollar en este departamento judicial. Dio por sentado que implementar esa medida cautelar no iba a colaborar en la averiguación definitiva de la verdad.
Le contestaron que el apartamiento preventivo es una medida “cautelar”, de cautela, de cuidado, que se toma por las dudas, quiere decir. Por eso, se aplica por un plazo de tiempo acotado y no definitivo, porque, además de los intereses de él, están los derechos de los demás, como son la correcta administración de justicia, y el interés que tiene la sociedad en un desempeño regular de la magistratura.
Hay más gente en el mundo además del juez Dominoni y su voluntad. De aquí que se decida el apartamiento preventivo del funcionario por el término de 90 días, que podrá prolongarse hasta que se realice la sesión definitiva, plazo que puede además renovarse cada 90 días. Para cerrar, le explican al abogado que —como toda medida cautelar— no requiere certeza, es decir, no indica que los hechos sean probados, si no que son lo suficientemente verosímiles. Porque los testimonios son plurales, y no provienen de un solo agente. Porque se sostuvieron en el tiempo, y no se trata de un conflicto puntual que haya tenido que ver con una persona. Porque los empleados vieron afectada su salud, y varios de ellos tuvieron que dejar su trabajo o solicitar un traslado. Porque hubo conductas de hostigamiento, malos tratos, violencia, agravios, faltas de respeto.
Todo lo expuesto generó un clima agobiante, que por supuesto afectó las tareas que se desempeñaban, y que indirectamente afectaron a la sociedad toda, que es la destinataria de la justicia. Es decir, nos perjudicó a todos. ¿Se preguntó en manos de quién estamos?