Un vehículo municipal en pésimas condiciones protagonizó un accidente, en el que murió una nena de cinco años: se trató de un camión con prohibición de circular, sin VTV ni patente. La madre de la víctima denunció al intendente de General Alvarado, Patricio Hogan, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sucedió en Miramar, en la llamada “Ciudad de los Niños”, por más que parezca una paradoja. Una mamá transportaba a su pequeña hija en la sillita trasera de su bicicleta, a las 8 de la mañana. Era el 22 de mayo de 2013, cuando la hoy denunciante Natalia Parodi vio venir un camión municipal en la intersección de la avenida 9 y la calle 48. Podría haberse evitado, pero el vehículo las embistió, porque -a todas luces- no pudo ni podía frenar. De hecho, detuvo su marcha al finalizar la calle: en su alocado trayecto, mató la nena.
No parecía un vehículo en actividad, menos aún un camión que perteneciera al Estado. No tenía dibujos en las cubiertas, y esto pareció ser la razón por la que no había frenado. Luego se supo que, en realidad, el sistema de frenos estaba definitivamente roto. Sí, como se lee, el desastre lo ocasionó un camión sin frenos que pertenece a la municipalidad.
Dicen los testigos que era evidente que las condiciones del vehículo eran desastrosas, que tenía un limpiaparabrisas atado con alambre, y estaba sostenido con un palo de madera. Ni siquiera tenía una patente alfanumérica identificable, es decir que de hecho, este camión sin verificar no podía circular por la calle: la prohibición de la ley es específica al respecto.
De aquí se desprende, más allá de la pérdida irreparable, que el abogado de la familia de la víctima inició justificadamente varias acciones. Por una parte, la causa por homicidio culposo y lesiones culposas, la que se sigue al conductor del camión, Juan Carlos Peralta. Por otra, la acción por daños y perjuicios, de carácter civil. Además de lo anterior, la madre se presentó como denunciante contra Patricio Hogan, intendente de General Alvarado y hoy candidato a senador provincial, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, como directo responsable de la circulación de una flota de vehículos oficiales que no reúnen las condiciones mínimas, no ya para su funcionamiento eficiente, sino para la simple y llana circulación.
De la investigación surgió que los 116 vehículos municipales estaban en condiciones de irregularidad. Del total, 34 circulan hoy sin verificación técnica vehicular. Hubo 22 que fueron llevados a verificar después del accidente, ante el riesgo inminente de una investigación pormenorizada de los responsables de semejantes riesgos.
Hay documentos que prueban que 31 vehículos oficiales de Miramar fueron rechazados en la planta controladora de la VTV, y otros 5 circulan por General Alvarado con una VTV de carácter condicional. Es decir que, de 116, solamente 44 podrían estar circulando con el certificado.
Las maniobras
El abogado Andrés Barbieri afirma en la denuncia que hubo ciertas maniobras comprobadas de ocultamiento de lo sucedido, por parte de funcionarios municipales. Por ejemplo, que el municipio se presentó en el correspondiente Registro del Automotor solicitando los papeles pertenecientes al Ford F 600, dominio B 769767, del cual no se poseía aparentemente la documentación porque se había extraviado. El intendente hizo esto un día antes de repatentar con urgencia el camión, y adujo la excusa de una “posible venta”.
Pero la excusa es administrativamente inútil y hasta infantil. Primero, porque en el momento en que se generalizó el repatentamiento de vehículos con la chapa dominio alfanumérica, se otorgó un plazo para realizarlo en todos los vehículos automotores anteriores a 1993. Es decir que el trámite se realiza con unos cómodos 20 años de demora.
Pero la excusa de la “posible venta” también es irrisoria y falsa, ya que según la norma, el intendente no puede disponer la simple venta de un bien que integra el parque automotor municipal sin autorización del Concejo Deliberante, y, en caso de aprobarse, se procede por vía de licitación o remate, lo cual hasta ahora no ha sucedido. Es decir que la “posible venta” era un simple ardid para excusarse de la inacción.
Afirman los familiares que el camión tampoco tenía seguro, lo cual si bien parece demencial, no es tan escandaloso: todo el parque automotor de la municipalidad de General Pueyrredon, incluyendo los vehículos que pertenecen a la Dirección de Tránsito, circulan por la ciudad sin seguro, ya que la póliza caducó por falta de pago. Bien debería, el habitante de la ciudad, lisa y llanamente emprender la huida cuando se le acerca uno de los vehículos pintados de blanco y verde. Y luego, aducir que lo hizo por miedo. Miedo al accidente impago. Miedo a que si rompen el coche de un particular, no será el chofer el que pague los daños, sino que invitarán al “pavote” a hacer juicio a la comuna, a ver si recupera algo de la plata que le haya llevado el incidente. El “pavote”, decimos, nombrando al conductor que se esmera en seguir una ley que la Dirección de Tránsito promueve, pero no cumple.
Por cierto, a la señora Parodi no habrá compañía de seguros que le pague a su hija de cinco años, pero el accidente –afirma el abogado- cabe dentro de los parámetros de la evitabilidad: con las mínimas medidas de cumplimiento de la ley, podría haberse evitado. Es decir que la pequeña no habría muerto si el vehículo hubiera circulado con los frenos reparados y las cubiertas recambiadas, como indicaría la condición para la aprobación de la VTV. Obviamente que sí.
Comisión investigadora
A propósito de las denuncias realizadas, declaró ante la emisora 99.9 la concejal Viviana Farías, del bloque Peronismo Federal, y se refirió a lo que catalogó como “incumplimientos gravísimos” por parte del intendente Patricio Hogan, hoy vuelto repentinamente integrante de las filas del candidato Sergio Massa, por más que haya llegado a su trono de la mano del Frente para la Victoria.
Dijo Farías que obran en su poder fotografías de los camiones municipales que trasladan empleados a desempeñar tareas diversas. Esos registros sirven para probar que la municipalidad está comprometida en la trasgresión de por lo menos dos leyes: por una parte, respecto de la Ley de Tránsito, ya que los camiones no tienen patente reglamentaria, ni VTV, ni seguro. Por otra parte, de la Ley de Riesgos de Trabajo, porque los empleados municipales viajan sentados en los bordes de la caja del camión.
Quizá pueda ser esperable que un particular se defienda a través de mentiras cuando ha faltado a la norma, aunque sorprende mucho más que el Estado mismo esté ocultando, a través de diversas estrategias, las irregularidades en las que ha caído. Farías dice que no esperaba otra cosa: “a nosotros no nos sorprende para nada todo esto, porque sabemos cómo se maneja en estas cuestiones el municipio de General Alvarado”.
Explica entonces que, para los actuales representantes del Frente Renovador, todo lo que se reclama es poco importante. Afirma que ellos son propensos a la mentira, que de hecho la planta de efluentes cloacales lleva dos años sin funcionar, sin embargo los funcionarios municipales se sacan fotos de prensa diciendo que está todo bien encaminado, en lugar de reclamar a las empresas constructoras. Lo mismo sucede con la nueva estación terminal de ómnibus, que trajo problemas apenas inaugurada, pero ellos ignoraron las denuncias.
Sería interesante entonces ampliar la lente, y observar los primeros pasos que el movimiento político encabezado por Sergio Massa está dando en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se dice que los dos principales referentes de este Frente Renovador para la Quinta Sección electoral son Juan Garivoto, de Mar del Plata, y Patricio Hogan en Miramar, dos candidatos políticos especialistas en cambiar de bando para su propio posicionamiento.
Por lo pronto, ya podemos predecir cómo será su intachable conducta política. Si alguien es capaz de truchar trámites para no hacerse cargo de la muerte de una nena de cinco años, podrá el ciudadano saber lo que le espera a la hora de poner en juego las decisiones éticas que implica la acción política.
Por ahora, la denunciante, a través de su representante legal, fundamenta la manera en la que el intendente ha violentado la Ley Orgánica de las Municipalidades, al no hacerse cargo de las tareas que le corresponden en el cuidado del parque automotor oficial. Dice textualmente:
a.-) No haber cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) relacionadas con el mantenimiento, conservación, protección y preservación del parque automotor municipal;
b.-) haber permitido, posibilitado, consentido y/o tolerado que vehículos municipales transiten por el ejido urbano de la ciudad de Miramar teniendo expresas prohibiciones legales de circulación.
Es decir que, mal que nos pese, los vehículos oficiales se están convirtiendo en una metáfora de nuestro futuro panorama político en lo que corresponde a la Quinta Sección electoral. Estamos prendidos de los alfileres del destino, atados con alambre, y para ver la ruta en medio de la lluvia solamente nos queda un limpiaparabrisas defectuoso, que se sostiene con un pedazo de palo de escoba. Dios nos guarde de tales conducciones.