Sindicato de camioneros | La fiscalía acusa a varios integrantes del sindicato de Moyano de requerir pagos ilegales a través de mecanismos de fuerza. El fin es intimidar, y ganar por la fuerza lo que nos les corresponde. La denuncia repercute en toda la cadena de responsables.
El fiscal Ignacio Mahiques pidió la indagatoria de seis miembros del Sindicato de Camioneros por considerarlos coautores de una extorsión contra la empresa Andar Transportadora. El depósito de la firma había sido bloqueado en julio del año pasado por unos 15 representantes de esa organización, que decían reclamar una deuda.
Entre los nombres que se mencionan en el pedido del fiscal aparece Omar Pérez, quien es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato y uno de los dirigentes de mayor confianza de Hugo Moyano: se dice que lo nombraría su sucesor en la organización. También figura Omar Dutrá, quien es el secretario de Logística. Los demás mencionados son Diego Coria, Matías Paz, Mario Villalba y Jorge Aguirre. El fiscal dijo que todos ellos estuvieron allí y que su propósito era intimidatorio, ya que pretendían despojar al dueño de la empresa, Alejandro Castell, de parte de su patrimonio. El juez en lo Criminal y Correccional, Fernando Caunedo, será quien tenga en sus manos el proceso judicial, y la posibilidad de poner un límite al accionar ilegal del sindicato dirigido por Hugo Moyano.
Castell es un pequeño empresario del transporte de carga: tiene sólo 6 camiones en Trenque Lauquen. En 2001 fundó una pyme familiar, trabaja desde los 17, y aún hoy maneja uno de los vehículos. A él se le suman cinco choferes, para completar así un plantel de 12 empleados en total.
El origen
Los problemas del joven titular de Andar Transportadora empezaron cuando la sede del Sindicato de Camioneros que depende de 9 de Julio le reclamó una suma de dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes. El requerimiento es ilegal y, si bien es bastante usual, Castell comenzó a negarse a realizar ese pago y le solicitó que se lo reclamaran a través de la justicia. Por supuesto que tenía la certeza de que la entidad no podría judicializar un cobro indebido.
El 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas diez personas que se identificaban como miembros del Sindicato de Camioneros, y que decían responder a Hugo Moyano, bloquearon de 9.30 a 13.30 hs el depósito de la pyme en aquella ciudad, impidiendo el paso de los camiones que tenían que despachar mercadería. Además, amenazaron a los choferes.
Cuando Castell llegó, se encontró con quienes se decían representantes sindicales, que insistían en que iban a mantener el bloqueo hasta que “arreglara con 9 de Julio”. Soportó insultos y toda clase de advertencias, hasta que uno de los intimidadores profesionales, incluso, intentó pegarle.
Como nada parecía mejorar, el empresario llamó al 911 con la esperanza de que la llegada de la policía aclarara la situación e impidiera el bloqueo pero, según el denunciante, los efectivos dejaron que, los que impedían el acceso de los camiones, se fueran sin ninguna dificultad. En lugar de solicitar los datos de los que habían generado el conflicto, le preguntaban al empresario si no quería negociar, previendo que la situación no se iba a resolver hasta que no pagara. ¿Cómo es posible? “Decidí no pagar porque no es legal” sostuvo el empresario.
Cuando se estaba realizando el bloqueo, uno de los activistas de camioneros le pasó un celular a Castell para que hablara con quien se suponía estaba al mando de la cosa. La persona en cuestión se presentó como Omar Dutra, jefe de Logística del Sindicato. Le preguntó que por qué no pagaba, ya que era la manera de que la situación se terminara: “Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no.
La siguiente propuesta fue que Castell concurriera al sindicato, para una supuesta reunión en la que se hablaría sobre el tema fijada para el siguiente 5 de agosto. Por supuesto que Castell ya temía por su seguridad, por lo que buscó el asesoramiento legal de Florencia Arietto, la abogada que se especializa en casos de bloqueos sindicales. Su recomendación fue que no asistiera a la cita.
Ahora, un año después de estos hechos, la justicia avanza en la investigación contra Hugo Moyano y las principales autoridades de Camioneros. Muchos de ellos están mencionados en la causa que se iniciará por extorsionar a la empresa transportista: exigían coimas para levantar bloqueos que llevaban a cabo los sindicalistas de Camioneros.
El protagonista
El dueño de la empresa, y ahora denunciante, Alejandro Castell, expuso en una entrevista exclusiva con Noticias y Protagonistas la situación en la que acontecieron los hechos que recrea la causa. “Estoy apretado por el sindicato igual que nos pasa a todos los transportes… Ellos te piden una diferencia de kilómetros para ellos. Sin marco legal. Como yo no accedí,venían a mi casa a presionarme. Les dije que me intimaran por la vía legal, pero como eso no lo pueden hacer decidieron bloquearme en Buenos Aires. En los pueblos quedan más expuestos. Por eso llamaron a Buenos Aires y mandaron gente que ni siquiera nos conocían”.
Nadie esperaba la resistencia del empresario, porque la gente en general paga aunque no deba nada. No existe una vía legal legítima, pero tras varias horas de bloqueo, las personas se asustan, se agotan. Pero, en este caso, mientras estaban en el bloqueo, una de las empleadas filmó lo acontecido. Dijo el denunciante: “Ellos no sabían ni quién era yo. Cuando les dije quién los mandaba, me dijeron que era Hugo Moyano”.
Y agregó: “La policía no accedió a tomarles los datos: me decía a mí que arreglara con ellos. Por eso les tomé los datos yo, y a la policía también. Cuando hablé por teléfono, hablé con Duprá y me dijo: ¿por qué no les pagas a los muchachos de 9 de Julio?. Le dije que no lo iba a hacer porque en 9 de Julio me habían pedido que entregara un camión”.
Lo más escandaloso es que en la dichosa reunión en el sindicato, cuando fue atendido por Omar Pérez, se le dijo que le iban a establecer una deuda que él necesariamente tenía que pagar. Querían la escandalosa suma de $700.000, en cheques no a la orden, para el sindicato y la obra social. Según este cálculo, Castell detalló: “Al que tiene 200 camiones le sale un camión por año, pero la gente prefiere pagar. Yo tuve nueve meses a la Afip adentro de la empresa. Esto lo hacen con todo el mundo”.
Ahora es de esperar que el titular del Juzgado Criminal y Correccional n°10, Fernando Caunedo, llame a indagatoria a los tres hombres poderosos del sindicato de los Moyano: Omar Pérez, que es considerado el verdadero sucesor de Hugo Moyano; el secretario Gabriel Aparicio; y Omar Dutra, otro hombre de suma confianza de la familia.
La fiscalía de Mahiques revisó los videos de las cámaras de vigilancia y la filmación de la empleada, cruzó patentes y llamadas telefónicas, y así comprobó que Castell y otros empleados de la transportista no sólo sufrieron amenazas de la gente de los Moyano, sino que también habían sido citados a la sede de Camioneros para arreglar de manera ilegal. Quizá este acto de resistencia ciudadana sea el puntapié inicial para que otros dueños de pymes o de empresas mayores, que también llevan años pagando lo que no deberían, se atrevan a sumarse a la justicia y prestar declaración. Es necesario poner fin a los mecanismos extorsivos que se han naturalizado durante años.