Salud mental | Familias de enfermos psiquiátricos ponen en discusión la ley de salud mental vigente. Hoy no se puede internar sin consentimiento, pero no hay recursos para contener a los adictos. ¿Qué hacer, entonces?
Indudablemente, el acontecer nacional de esta semana estuvo dominado por el problema de la salud mental. El líder de la banda Tan Biónica, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, fue baleado por un policía tras sufrir un presunto brote psicótico. En consecuencia, todos los comentarios acerca de las implicancias de una ley de salud mental que resulta ineficiente se dispararon en diversos ámbitos, y salió a la luz un padecimiento colectivo: la impotencia de los familiares de los pacientes que sufren no sólo adicciones, sino todas las otras patologías de salud mental para las cuales el sistema tiene soluciones románticas y poco efectivas.
Recientemente, familiares y allegados a personas con consumos problemáticos y adicciones se auto convocaron frente al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internado Moreno Charpentier, para expresar su acompañamiento y también para reclamar la sanción de una ley nacional que atienda las especificidades de la problemática de salud mental.
Stella Maurig, la convocante de la marcha, aseguró que los familiares están en desacuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 porque esta norma sancionada en 2010 no contempla algunos puntos importantes en relación a los chicos adictos. Decía: “En general, lo único que se hace cuando una persona adicta va al hospital es ponerle un suero, desintoxicarla y mandarla a la casa. Eso no sirve”. El punto oscuro es que la norma indica que el paciente no puede ser hospitalizado sin su consentimiento.
En la misma semana ocurrió un hecho similar al de Charpentier en el barrio Monte Terrabusi de esta ciudad. A la madrugada, un hombre de 48 años se enteró de que iba a ser internado y atacó a sus familiares con un cuchillo. Como consecuencia, recibió dos disparos de postas de goma por parte de un policía de la comisaría decimotercera que había acudido al llamado desde la casa de las calles 443 y 62.
Por orden de la Justicia de Familia el paciente iba a ser internado para tratar sus problemas de salud mental, por lo que se violentó con sus familiares. Cuando los uniformados arribaron al domicilio, se produjo una confrontación en la que participaron más de 20 personas. El hombre portaba un arma blanca y mantenía actitudes violentas. El fiscal Alejandro Pellegrinelli investiga ahora los hechos ya que los efectivos debieron dispersar a quienes se hallaban allí, y dispararon postas de goma. Resultaron heridos el propio paciente psiquiátrico y sus dos familiares directos, que fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, aunque finalmente sólo el paciente psiquiátrico quedó internado. También una policía sufrió un corte en el cuero cabelludo, y los móviles utilizados en el operativo presentaron daños materiales de distinta consideración.
En la misma semana, también se produjo un hecho similar vinculado a la salud mental de un hombre de 57 años que agredió a su sobrina en el área de jurisdicción de la comisaría séptima, y también debió ser internado en el HIGA.
Sin recursos
Evidentemente, algo no funciona. La salud mental en el país es cara e ineficiente. Por una parte, las consultas de psiquiatra quedan fuera de las grandes obras sociales, y los profesionales cobran alrededor de $3000 pesos las sesiones de pocos minutos, en las cuales lo que hacen es tratar de equilibrar la medicación. El resultado es que el paciente, en general, no concurre cuando debiera, deja de tomar las drogas que necesita, y luego colapsa. Si no, compra las drogas en mercado negro, y las toma como le parece.
Por otro lado, quienes sí tienen acceso a la salud porque están en condiciones económicas de una prepaga, tampoco cuentan con sitios eficientes donde un paciente afectado en su salud psíquica pueda atenderse y mejorar: la mayoría son sitios desmejorados, desbordados, y desfinanciados. Pero aun así, tampoco el esquema legal que rige en el país permite que los pacientes internen a su familiar y hace falta una orden judicial que no siempre llega a tiempo.
La noticia de la internación del cantante Chano Charpentier que fue baleado por un policía tras un presunto brote psicótico tuvo repercusión nacional y volvió a colocar a la legislación en materia de salud mental en los medios de comunicación.
Los expertos
En la 99.9, dos profesionales dieron su visión sobre las principales falencias de esta legislación. El titular de Posada del Inti, entidad que se dedica a la recuperación de adictos, es Fabián Messina. Él explicaba: “nos convoca a no quedar atrapados en la discusión entre los que están a favor y en contra de la ley de salud mental. La postura que plantea la ley en función de estos casos es que el adicto tiene que tomar esa decisión de solicitar ayuda. Y es medio contradictorio que alguien que se desmaya tenga que llamar a la ambulancia”. También estableció una clara diferencia respecto el acceso a los servicios básicos de salud y justicia: “la clase media-alta tiene un acceso a la justicia y la salud totalmente diferente, y eso no quita que no haya un padecimiento y una complejidad del tema, porque lo vemos cotidianamente. Pero si se complejiza en los sectores más pudientes, imaginate lo que implica en el 60% de la población que no tiene acceso a la salud ni a la justicia”.
Explica demás que cuando una persona llega a Posada del Inti, los profesionales le tienen que indicar que vaya a lugares donde saben que no encontrará las respuestas porque ley es inadecuada: “un peregrinaje por entes del Estado que no tiene los recursos. En diciembre del 2010 se aprobó la ley, y todavía no hay una reglamentación que guíe claramente ciertas cuestiones. Es imposible entonces hablar de formación para las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Hemos generado una ley que se quedó en la mitad del camino y que hace 11 años que no arranca”.
Lo que reclama Messina es que definitivamente se tome en serio el tema: “la pandemia vino a potenciar todas estas cosas porque hoy el tránsito por la justicia está obturado, no hay presencialidad en su totalidad y es una constante situación de chocarse contra la pared”.
Por otro lado, el psiquiatra Francisco Bordón señaló en la 99.9 que la cocaína es un elemento adrenérgico que produce aumento de la secreción de diferentes aminas entre la dopamina o la adrenalina. Todas estas sustancias en el cuerpo y en el cerebro conducen al aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, y de la reactividad de todo el sistema.
Agrega Bordó: “lo que sucede es que tenemos una ley de salud mental que está mal hecha, no funciona porque las sociedades médicas en el aspecto técnico nunca fueron consultadas, y obviamente estas son consecuencias que vamos a ir viviendo a través del tiempo”. Desde su experiencia, lo que se ha hecho con la ley es eludir responsabilidades: “es gente que necesita del Estado que abandona a su suerte a un montón de personas. Las decisiones legislativas se deben tomar en base al conocimiento técnico y no ideológico solamente”.
En Mar del Plata, hace algún tiempo se hacía visible el caso de Susana Chiramberro, una mujer que decidió atar a su hija, Paula, a la cama, para que no se drogara. El juez Juan Dominoni la procesaba por secuestro, pero ella habló en la 99.9 y explicó la situación. Contó que Paula llevaba mucho tiempo consumiendo cocaína: “Los últimos dos años y medio o tres empezó con consumos más fuertes”. Desde hace tiempo está tratando de pedir ayuda en distintos estamentos, y nadie se la ha brindado: “Empezamos hace años a pedir ayuda. Incluso estuvo en tratamiento algunas veces y le hicieron una evaluación, la llevé a psiquiatras y psicólogos, pero todos los intentos eran fallidos porque ella no quería ir. Estos últimos años estuve luchando para que la puedan internar, pero no para sacármela de encima, sino para que de una vez por todas y con un tratamiento adecuado, pueda entender lo que le está pasando”. Fue al juzgado muchas veces y jamás le dieron una respuesta positiva.
“La até porque ella andaba en la calle pegándole a la gente con un palo, andaba con una sevillana y robaba. Gente del barrio venía a decirme que le había querido robar con el cuchillo. No conocía a nadie, a cualquiera le pegaba o lo insultaba”, relató la madre. Tomó la drástica decisión por desesperación. Mientras tanto, relata la actitud que tuvo la justicia: “me tomaban el pelo; me decían que no podían hacer nada por la ley de salud mental. No iba a permitir que mate a alguien, a los hijos, a mí o que se muera ella. Por eso la até y me hago responsable”. Lejos de amedrentarse por el procesamiento, Susana advirtió que irá hasta las últimas consecuencias, porque sigue luchando por la salud de su hija. Pero ¿es necesario llegar a esto?
La madre de Chano no lo ató, pero la responsabilidad no puede ser suya, ni del policía que se enfrenta a un episodio demencial. El Estado debe promover acciones preventivas para la internación de quienes estén en riesgo, y debe tener sitios donde hacerlo que no sean manicomios medievales. Ni hablar de la mesa de entradas de los tribunales de familia, ni de la actitud poco empática de quienes allí reciben a la gente desesperada. Ahí sí está el tema.