Tribunal federal | Otra vez el juez Inchausti. Procesó a un hombre por resistencia a la autoridad, por no haber hecho caso a la Prefectura, que lo había detenido por una posible infracción de tránsito. A falta de narcos, persigue malos conductores, y encima gasta dinero de la gente jugando a los espías.
Dice el juez que la Prefectura es palabra santa. Dice el mismo juez —que siempre da de qué hablar— que le alcanza con la palabra de un prefecto, que labró un acta bastante tiempo después del hecho y sin testigos. Que le alcanza con eso para afirmar que un ciudadano marplatense desoyó las indicaciones de una autoridad que lo detuvo. Qué le contestó mal y se fue.
Dice el juez que eso es suficiente para procesarlo en un juzgado federal, montar una investigación en su barrio, y lo que es peor, habilitar un operativo de inteligencia sobe su vida privada. ¿Qué otros intereses pueden haber movido a todas estas personas a saber tanto sobre un ciudadano que, posiblemente, maneje mal? Misterio.
Los hechos referidos acontecieron en la mañana del 19 de octubre de 2015, a una hora que no se puede precisar, porque el documento probatorio fue confeccionado con posterioridad. El sitio en cuestión es el semáforo de Martínez de Hoz y Magallanes, donde se encontraba apostado el prefecto en cuestión, el cabo segundo Héctor Vega Malagrino.
Parece ser —a criterio del juez es una verdad inapelable— que el conductor giró indebidamente en U, por lo cual el prefecto procedió a detenerlo, y solicitarle la documentación de su vehículo. Pero no le solicitó solamente la cédula verde y el registro de conducir, como es habitual en el caso de los controles de fuerzas nacionales, sino que le pidió además el comprobante del seguro. El prefecto se siente en la obligación de hacer cumplir la ley de tránsito, y la invoca.
Dice el prefecto —que estaba solo— que el conductor se enojó, lo insultó y huyó. Lo cierto es que Vega Malagrino retuvo toda su documentación, y lo salió a correr con todos los compañeros de fuerza que pudo conseguir por medio de su handy. Por suerte no lo alcanzó y siguió con su rutina, porque cuando alguien se enoja tanto por tan poco, las acciones profesionales se suelen complicar.
La abogada del conductor se presentó ese mismo día en la sede de la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata a reclamar la documentación retenida, pero sólo pudo denunciar el hecho. Al día siguiente, advertida de que se había dado lugar a una investigación radicada en el Tribunal Federal n°1, la letrada comenzó el largo camino de reclamar que se le devolvieran los documentos del auto, ya que de otra manera no podía circular. El coche resultaba ser propiedad de una empresa pesquera de la zona portuaria, que se veía perjudicada por no poder hacer uso de su propiedad.
El periplo
Lo primero que se le solicitó fue el depósito bancario de una suma en caución. ¿Caución de qué? Nadie sabe. La Ley de Tránsito no prevé cauciones por una falta de tránsito sino multas, que encima son aplicadas por un juez de faltas y no por un juez federal. Pero como Santiago Inchausti suele tener dificultades para delimitar sus competencias, acortó los tiempos y la pagó.
El día 22 le entregaron una copia certificada de la documentación del coche. No la tarjeta verde sino una copia, lo cual desorienta más aún: la única razón por la que un juez podría retener la documentación de un vehículo es por considerarla apócrifa o robada. Pero si otorga una copia certificada que habilita para circular, entonces la da por válida y propia del acusado. ¿Para qué hizo la copia? ¿Simple daño? ¿Qué lo motiva? ¿Está bien el juez?
Digamos que los originales se entregaron recién el 3 de noviembre, sin que quede claro cuál es el fundamento jurídico para todo lo expuesto. ¿Cuál es la norma que habilita a un juez a hacer todo lo que se ha detallado? En fin.
La cuestión es que el procesamiento del conductor del vehículo siguió adelante apoyándose únicamente en la versión de los hechos que dio el prefecto en cuestión, razón por la cual la abogada se presentó ante la Cámara de Apelaciones a solicitar el sobreseimiento de su defendido. En su demanda, fundamenta extensamente todas las irregularidades cometidas por el juez federal, con el apoyo de su fiscal Nicolás Czizik. El gasto enorme, absolutamente injustificado, lo pagamos todos.
Para empezar, la abogada señala que no es posible afirmar que los hechos narrados hayan acontecido porque, contrariamente a lo que indica Inchausti, el acta no fue confeccionada de acuerdo con los requisitos legales establecidos. Recuérdese que, luego de que el coche en cuestión se retiró del lugar del semáforo, el prefecto llamó a sus compañeros, que no estaban presentes, y lo reconocen. Pero igualmente, ellos firman el acta dando fe de hechos que no les constan, que nunca vieron. Encima, no hace falta agregar, todos los pseudo testigos invocados, pertenecen a la misma fuerza.
Dice la abogada: “Entonces, el cabo segundo Vega Malagrino constituido con NADIE, en presencia de NADIE, confecciona un acta que no es válida de acuerdo con las formalidades del artículo 138 CPP ya que no lo asisten dos testigos ni indica el motivo que haya impedido la intervención de las personas obligadas a asistir”.
Los que reafirman estas circunstancias no presenciaron el hecho: el oficial ayudante Pablo Escalante y el ayudante de segunda Gustavo Bertinat estaban en la escollera norte, mientras que el cabo segundo Thiago Ortigosa estaba en el centro comercial del puerto. Dice la abogada que al dar plena fe a un acta inválida, el juez está trasgrediendo la presunción de inocencia de su defendido, y violando la garantía de imparcialidad.
Los espías
Pero esto no fue todo lo que la abogada le achacó al juez federal ni a la fiscalía, sino que dedicó párrafo aparte al hecho de haber habilitado una investigación sobre la vida íntima del acusado, que poco tiene que ver con la infracción de tránsito, en el caso de que tal cosa se hubiere verificado. Cabe agregar que las cámaras de seguridad muestran una camioneta gris que gira en u y nada más, sin patente ni más datos.
Aparece en el expediente un tal Matías Arredondo, el jefe de la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura, y un responsable de la investigación que es el oficial principal Alejandro Vitelli. Son los nuevos actores de la enorme función del juez federal que fabrica culpables a su medida.
Ellos cumplen con la función que les ha sido asignada: hacer “averiguaciones sin hacer notar la condición policial”, de donde pudieron obtener la dirección exacta de la persona que conducía el coche, y no de la firma propietaria. A partir de aquí, los espías verificaron qué coche tenía a su nombre la persona investigada, y comprobaron que ese coche se encontraba en la puerta del domicilio que habían podido verificar, y estaban de los más contentos. El problema es que ese coche que describen e identifican no es el que realizó la infracción de tránsito. Por lo tanto, su investigación no estaría justificada.
Tanto trabajan que hasta presentan en el expediente la constancia de Páginas Blancas, que da cuenta de cuál es el teléfono fijo que está vinculado a ese domicilio, pero que tampoco está a nombre del conductor del coche. ¿Todo por una multa de tránsito impropia? ¿No parece que estuvieran investigando un delito federal que no se nombra? ¿Otra vez el juez Inchausti, que hace gala de su olfato y pone en juego su presunciónde culpabilidad permanente?
Tras una serie de diligencias obtenidas ilegalmente, con anuencia u orden del fiscal Nicolás Czizik, la Prefectura informa cuáles son los movimientos registrados en el domicilio, y hasta la descripción física de quienes entraron y salieron, más las entrevistas realizadas a los vecinos. Todas estas acciones de inteligencia militar de la mano de una fiscalía confundida, aparecen formando parte de un expediente por resistencia a la autoridad de un ciudadano que no le dio bolilla al prefecto de guardia en un semáforo. Increíble pero real.
Qué más se puede agregar. La abogada tiene para divertirse en su escrito de solicitud de sobreseimiento, porque el fiscal no puede explicar sus diligencias. Se trata de un expediente que comienza por una figura legal, y no puede merecer semejantes actos de espionaje sobre la vida privada de quien conduce mal.
Otro expediente armado por Inchausti y van no sabemos cuántos. Otra vez una excusa cualquiera para investigar sin pruebas, y atropellar las garantías constitucionales de los individuos. Ahora con socios, porque a la Prefectura parece haberle encantado jugar al espía secreto de la vida privada de un señor que dobla en u. Estaban aburridos.