Conflicto por Playa Grande | Se agudiza el conflicto por el cumplimiento de lo establecido en las licitaciones de las UFI de Playa Grande. Hay que prestar servicios en invierno y muchos no quieren, pero menos aún quieren que los preste otro. Asamblea fallida.
¿Sabrá la gente que cada uno de los concesionarios de los diferentes servicios que se prestan en Playa Grande debe garantizar el funcionamiento durante los fines de semana de invierno? ¿Sabrá quiénes son los empresarios que tienen permiso para que sus negocios funcionen como boliches bailables y quienes —aunque tengan una habilitación para gastronomía que llega hasta cena show— lo hacen de prepo? ¿Sabrá la gente acerca de la dudosa legalidad que tiene la actitud de los propietarios de los boliches bailables, que amplían la capacidad del sitio usando los espacios comunes como terrazas o patios, de los cuales simplemente se apropian con vallas?
Estas y otras cosas preguntaba el abogado Osvaldo Vespa a las autoridades del EMTUR, Mónica Rábano y Marcelo Tovar, en su carácter de apoderado de la firma Playa Azul S.A, la concesionaria de la zona dedicada al estacionamiento de Playa Grande. Preguntaba estas cuestiones porque no termina de entender si el rubro baile es una actividad que simplemente deriva del rubro gastronomía, y por lo tanto se puede explotar sin permiso, o si debe uno tener una autorización a tal fin, porque —hasta donde él sabe— el único autorizado al servicio entendido como Baile es la firma La Normandina. Pero resulta que muchos tienen bailables. También pregunta, en el caso que corresponda, cuáles son las sanciones que les caben a los que no lo cumplen. Y si se realizaron inspecciones, porque no lo están cumpliendo. Les pregunta también cómo es el asunto de que van a autorizar el uso de foodtrucks, porque los concesionarios dicenque abrir los restoranes en invierno les resulta muy caro, y pretenden reemplazarlos contratando un carrito de panchos. Vespa pregunta si es así. Y también si el EMTUR sabe que los boliches arman esto que llaman patios de expansión para incluir a más personas. Si los han controlado y verificado, y si hay algún sancionado.
Ya que estaba con la comunicación iniciada, el abogado aprovechó para preguntar qué tal iban las obras de Red Hotelera Iberoamericana, ya que hay versiones que dicen que viene atrasada en una fortuna, y que piensa modificar las cosas por su cuenta. ¿Será cierto?
El abogado preguntó todas estas cosas porque hay un artículo 42 en el Pliego de Bases y Condiciones que establece cómo serán las condiciones de trabajo durante la temporada baja, y parece que nadie se hace mucho problema por el cumplimiento de la norma cuando les toca a ellos. En cambio, resultan ser plenamente legalistas a la hora de evaluar el desempeño de los demás o las posibilidades de trabajar de los otros.
Parece que hasta el lunes 24 de junio hay tiempo para presentar una planilla en la que cada concesionario deberá aclarar qué es lo que va a hacer en los fines de semana, feriados, y vacaciones de invierno ya que la actividad debe proseguir aunque no se gane dinero, porque es lo que se acordó en el momento de la adjudicación.
Asamblea
La cuestión es que recientemente se pretendió hacer una asamblea extraordinaria del Consorcio Complejo Playa Grande, en la que se preguntaba precisamente por el carácter de cada una de las concesiones, los rubros autorizados, el cumplimiento de los servicios y de las obras pendientes. Estaban presentes administradores y asesores letrados, pero por supuesto no faltó el que propuso postergar la reunión aduciendo que no contaban con toda la información, y que había que pedirle data a la Municipalidad, y patatín y patatán. La cuestión es que se decide postergar la reunión un poco. Se toman sesenta días para buscar los datos tranquilos.
Todo esto sucede un mes después de que la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon realizara un pedido de informes al Intendente Municipal, vinculado al Acuerdo Transaccional suscripto entre el Municipio y la empresa Playa Azul S.A. por la explotación del estacionamiento del Complejo Playa Grande, que podría dar lugar a la utilización de ese espacio como local de esparcimiento nocturno en el lugar. En el mes pasado se solicitaron precisiones sobre la consideración que el Honorable Concejo Deliberante había prestado al acuerdo, toda vez que se deben consultar las modificaciones de obra e inversiones sobre el pliego original. Es decir que muchos no están de acuerdo con que se realice otro restaurante que no tiene problemas en invertir allí dinero. Hablamos del emprendimiento gastronómico que el ejecutivo municipal habilitó en el mismo sitio donde funciona ese estacionamiento de Playa Grande.
Algunos concejales y distintos actores políticos se manifestaron públicamente en contra de esta determinación, ya que —argumentan— se estaban realizando modificaciones no contempladas en el pliego original.
El abogado Osvaldo Vespa ya había brindado detalles en la 99.9, y explicaba que era un contrato vigente al que le restan aún 14 o 15 años de vigencia, cuyo cumplimiento se mantiene de forma estricta por parte de la concesionaria. Explicaba que hubo dificultades para terminar la obra comprometida, las cuales se debieron a cuestiones ajenas a la empresa. El paso de los vehículos pesados por la parte superior provocaba derrumbes y rajaduras en el techo del estacionamiento. Por algunas de estas cuestiones se hizo necesario establecer un nuevo acuerdo, que implicaba ciertas obras complementarias como compensación para la comuna. Dijo Vespa: “las obras se cumplieron en más de un 90%, y hubo algunos aspectos de imposible cumplimiento por lo cual se conversó con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo que completa la inversión actualizada, imponiendo a mi representado contribuir con obra externa a la UTF en beneficio de la sociedad por 80 millones de pesos”.
Pero en ese momento sucedió que algunos sectores de la política comenzaron a oponerse, y se empezó a decir que no resultaba correcto que se emplazara un emprendimiento gastronómico en el lugar, algo que para el abogado es absolutamente discutible: “queremos desarrollar el sector en los ejes de la licitación, lograr que tenga un desarrollo de todo el año, de día y de noche. También que tenga la reversibilidad, es decir que algo se pueda usar en invierno de una manera y en verano de otro”.
Todas las declaraciones apuntan veladamente a algunos de los sectores opositores que defienden intereses económicos obviamente muy importantes. Específicamente, deja entrever a los adjudicatarios de la licitación por la que se explota una UTF cercana, aquella en la que funciona un boliche bailable llamado Bruto: “nos interesa competir lícitamente dentro de la UTF con las demás, con quienes tenemos un trato cordial. Existen algunas que se preocupan en que otros no desarrollen su actividad. Cuando buscamos un sinónimo de una organización que utiliza métodos ilícitos para el logro de sus objetivos y no deja participar a otros, se encuentra con la palabra mafia. Hay distintos actores operando en los medios amparados en operaciones ilícitas”, acusó Vespa.
Bruto
Pero las acusaciones hacia los intereses de aquellos que —por ver amenazado su negocio— se oponen al nuevo acuerdo, van más allá: el abogado señaló la ilegalidad de las acciones que realiza el propio licenciatario que encabeza las críticas más severas al acuerdo de Playa Grande. Es decir que aquel que está acusando al municipio de modificar las condiciones del pliego, realiza unas actividades que no están contempladas en el suyo propio. Dijo el letrado: “la UTF de la que se habla tiene como destino de explotación el de restaurant con show en vivo, no como discoteca. Ellos no podrían funcionar como lo están haciendo y además, no permiten la instalación de otro polo gastronómico que está autorizado. Pedimos permiso para hacerlo y ofrecimos pagar un sobre canon que está pendiente de determinación, algo que no han hecho otros licenciatarios. Estos señores insisten desde la ilegalidad en impedir la competencia legítima”, sentenció el abogado refiriéndose específicamente al dueño de Bruto.
No hay que olvidar que, un mes atrás, el juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo n°1 dictó resolución en torno a la querella que la empresa Playa Azul, como adjudicataria de la Unidad Turística Fiscal del Estacionamiento de Playa grande, había iniciado contra la Municipalidad de General Pueyrredon.
Originariamente, la firma había accionado reclamando que se dejara sin efecto lo determinado por una actuación del Secretario de Control de la gestión anterior, establecido en septiembre de 2013. También pedía que fuera el mismo municipio quien se hiciera cargo de realizar la pavimentación del techo de esa unidad turística, más una medida cautelar relativa a los plazos contractuales.
Pero resulta que la comuna y la firma llegaron a un acuerdo y a algunos no les gustó. Esto permitía suspender el juicio, debido a que los motivos del conflicto habían quedado superados, según indicó la firma. El magistrado Simón Isacch expuso que, establecido el acuerdo, se extinguían las razones de la discusión.
Sin embargo, algunos concejales y distintos actores políticos se manifestaron públicamente en contra de esta determinación, ya que —argumentan— se estarían realizando modificaciones no contempladas en el pliego original.
Es decir, se matan entre ellos. No quieren abrir en invierno para no gastar, pero tampoco que abra otro. No les alcanza la superficie que pagan, y se apropian de las terrazas comunes sin pagar un sobre canon. Se quejan de todos los demás, pero no cumplen ninguna norma. No explotan la gastronomía en invierno y no quieren que se instale otro. Son, verdaderamente, el perro del hortelano.