Se apilan las denuncias de corrupción contra funcionarios comunales, pero la Fiscalía General sigue sin imputar a Pulti, responsable último de los hechos. De todas formas, el cerco se va cerrando y quedan al descubierto los patoteros del intendente.
En los últimos días, sorprendió el megaoperativo sobre la Dirección de Tránsito que terminó con 24 detenciones más la intervención del área, por el dispendio de licencias de conducir fraudulentas. Así se probó la existencia de la asociación ilícita institucionalizada que todo el mundo sospechaba. Sin embargo, el supuesto líder de la banda, Juan Carlos Belmonte, en el momento de su detención habría enviado un mensaje a viva voz para Gustavo Pulti: “díganle al intendente que tengo la lista de las personas que me mandó él para que les hiciera el registro”.
Más allá de la anécdota, son muchas las miradas que se cierran en torno del Ejecutivo y la imposibilidad de que semejante estructura se lleve adelante sin su complicidad. Más allá de su conocimiento, le compete a él la responsabilidad jurídica y política sobre lo acontecido, por más que la línea de trabajo que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal –de la mano de Fernández Garello- busque la manera de dejarlo fuera de la investigación. Pulti se puso delante de las cámaras cuando se realizó el operativo de Tránsito, cuando nada de lo que sucedía allí podía serle desconocido.
Pero no es sólo eso, no es éste el único funcionario envuelto hoy en denuncias de corrupción escandalosas que el intendente pretende desconocer. Una denuncia penal dio lugar a una investigación que se lleva adelante por los delitos de extorsión, concusión agravada, estafa por presunta remuneración a funcionario público en grado de tentativa, coacción, amenazas, robo, abuso de autoridad, violación de domicilio, y como si faltara algo, incumplimiento de deberes de funcionario público contra Eduardo Bruzzeta, titular del área de Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Los hechos invocados indican que en el mes de febrero de 2013, en una finca de la zona aledaña al country Rumencó de Mar del Plata, se presentó Bruzzeta con toda su gente. Dice el denunciante: “Nos expresó que no se podrían realizar fiestas privadas, ni un cumpleaños, si no le entregaba la suma fija de treinta mil pesos por evento, ya que él debía rendirle dinero al intendente Gustavo Pulti de cada evento o fiesta a realizarse”. Léase bien: el titular de Inspección intentó extorsionar a los dueños de casa invocando al intendente como destinatario último de ese dinero.
Ante la negativa de entregarle suma alguna, ya que se trataba de una fiesta privada, dicen los denunciantes que Bruzzeta procedió de forma patotera y en abuso de poder. Ingresó sin orden de allanamiento, ni orden de registro así como en contra de la voluntad de los moradores: a la fuerza digamos. Declaran Luis Romeo y Alberto Navarro:“Dijo que nos conocía, y que no pararía hasta ponernos”, en claro delito de amenazas.
El hecho no es aislado. Alrededor de las 11 horas del día 25 de enero de 2014, el mismo Bruzzeta -con la presencia de numerosos agentes municipales y funcionarios policiales, ya que había numerarios de la Superintendencia de Investigaciones de Trafico de Drogas ilícitas bajo sus expresas ordenes, en asistencia y apoyo- ingresaron a una casaquinta sita en calle 466 entre 373 y 379 del Barrio Antártida Argentina. Lo hizo sin autorización, ni orden de allanamiento ni de registro. Tampoco pidió autorización de los moradores de la finca para su ingreso ni posterior registro.
Los allanadores abrieron cercas y puertas sin permiso, golpearon a los moradores brutalmente, les torcieron el brazo a las mujeres, y redujeron al piso a otros. Llegaron inclusive a patearle la cabeza a una persona tirada en el piso. Se trataba del domicilio donde, en los fines de semana de verano, vivía Daniel Navarro, el denunciante del hecho anterior. Como si fuera una patota del proceso, Bruzzeta utilizó el aparato represivo del Estado para continuar con el hostigamiento sistemático con que había amenazado al denunciante. Durante ese procedimiento ilegal, robaron dinero, porque secuestraron $12.500 y en el acta de procedimiento sólo hicieron constar $9.000, es decir que se quedaron con $3.500 en efectivo aproximadamente, ya que habría algo más en cambio o billetes de baja denominación. ¿Es decir que Bruzzeta puede actuar casi como grupo de tareas, y la policía trabaja bajo sus órdenes? ¿Cuál es la conexión del funcionario con la nocturnidad y su negocio? Ahora insiste en negar lo registrado por el centro de monitoreo sobre los desmanes de la cuadra de la bailanta La Cumbre.
El prontuario
Así lo dejó entrever el abogado de los denunciantes, Cristian Moix, cuando expuso los hechos en la emisora 99.9. Dice no comprender por qué razón el Ministerio Público Fiscal insiste en procesar solamente a los cuadros inferiores del Estado, cada vez que se enfrenta a casos de corrupción, cuando el intendente es responsable directo de los delitos que cometen los funcionarios nombrados por él.
Por supuesto que esta no la primera vez que la patota municipal se conduce como un grupo de tareas. Está el antecedente del allanamiento ilegal de un puesto gastronómico en la estación de trenes, que incluyó el robo de todo su mobiliario y enseres. Aquella madrugada, y en medio de la confusión, aprovecharon para robarles tres heladeras mostrador, dos hornos pizzeros, un horno de microondas, dos hornos eléctricos, dos televisores de 35 pulgadas, una procesadora, tres freezers marca Gafa, dos mesas de pool, las bachas y piletas de aluminio, 25 mesas de bar con 84 sillas, las luminarias, la máquina de café, todos los cubiertos y vajilla completa, más la caja, que contenía unos $55.000.La cuenta es sencilla, y no habilita a responsabilizar del hecho a ningún descuido. La cantidad de camiones que hicieron falta para completar este acto de rapiña hace que solamente sea pensable con un respaldo de poder que dé la suficiente impunidad. Hace falta prácticamente copar la estación de trenes con unidades de transporte afectadas a un robo. La pérdida fue dimensionada en el orden de los $2.300.000, e incluye el dinero que los socios habían resguardado para instalar un puesto de choripanes en otro punto de la ciudad.
Lo inexplicable es que durante 2012, había habido un intercambio de cartas documento con la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, quienes intimaban a los dueños a abandonar los locales, bajo amenaza de iniciar acciones legales de desalojo, que es en definitiva lo que hubiera correspondido: un juez que permitiera o no que se desalojaran los comercios, en horas del día y con resguardo de los bienes allí instalados.
“Esgrimieron el derecho de las bestias para agredirnos”, expuso el denunciante, y no es nada nuevo. La municipalidad de General Pueyrredon está haciendo una costumbre de atropellar los derechos de los que tienen menos recursos para hacer su voluntad, incluso en los casos es que en que esa voluntad termina siendo un negocio estupendo. En este caso, estuvieron al mando los funcionarios Adrián Alveolite y Marcelo Artime.
El Torreón
Los nombres suenan al paradigmático allanamiento ilegal del Torreón del Monje para lograr su desalojo compulsivo. En aquella ocasión, hubo muchísimos testigos viendo cómo salían corriendo personas con sillas, mesas, electrodomésticos y demás, como si tratara de un vulgar saqueo. Lo peor fue que, en medio de semejante caos, los funcionarios municipales asistidos por la policía impedían el ingreso, no sólo a concesionarios, sino además a sus abogados, de manera tal que nadie pudiera evitar semejante desmán.
Claro que en aquella oportunidad se labraron actas que hasta el momento de poco han servido, pero por lo menos la causa sigue a paso lento y penoso. Allí se detalla que el 2 de marzo de 2012, a las siete, los funcionarios municipales Mónica Rábano, Adrián Alveolite, Eduardo Bruzetta, conjuntamente con aproximadamente 20 policías de la Provincia de Buenos Aires, un importante número de agentes municipales, un cerrajero, personal de servicios generales del corralón municipal portando amoladoras para abrir violentamente las puertas del establecimiento, dos camiones de mudanza contratados a una empresa particular, junto a directivos de la firma Ariel Dada, irrumpieron a través de distintas puertas de acceso al edificio histórico del denominado Castillo del Torreón del Monje.Dentro del lugar, explotado comercialmente por Torremont S.A, se encontraban el sereno, personal de seguridad, algunos pocos empleados, Carmelo Impari, presidente de la firma, y María Eugenia Lemoine, abogada, a quienes se les impidió salir de las instalaciones del local.
Ante los cuestionamientos a la ilegalidad, los funcionarios municipales actuantes solamente dijeron que estaban dando cumplimiento al decreto municipal de fecha 14 de diciembre de 2011, firmado por el intendente Pulti, el secretario de Gobierno Artime y el presidente del Ente Municipal de Turismo, Pablo Fernández. Pero el mencionado decreto había sido oportunamente recurrido, por lo que no estaba firme la medida, ni aun lo está.
Una vez que los funcionarios municipales tomaron pleno dominio de las instalaciones del local comercial, comenzaron a desmantelar la terraza, cargaron sillas, mesas, sombrillas, impidieron el ingreso de otros empleados y ordenaron alzarse con toda la mercadería. Según se pudo verificar más tarde, todo fue a dar a los galpones municipales da Santa Paula, donde los muebles y comestibles se mezclaban. Allí se exigía que el propietario comprobara que tales elementos le pertenecían, para que se cursara su devolución, lo cual vuelve a ser viciado de toda ilegalidad ya que el titular de la firma había sido despojado de sus bienes injustamente: no había una casusa bromatológica ni de peligro para la comunidad.
De todas maneras, el cerco de la impunidad parece estar cayendo. Los abogados están solicitando no solamente el procesamiento de los funcionarios de alto rango responsables de las áreas, sino del mismo intendente responsable de los delitos cometidos por su equipo. Alveolite mismo estaría procesado por uno de sus ya tradicionales allanamientos de morada.
Pero ¿qué pasa con el intendente? Si Bruzzeta mismo dijo al denunciante que recaudaba para él. Si Belmonte lo amenazó con la lista que comprueba su complicidad. ¿Seguirá sonriendo para la foto?