Jubilaciones ilegales | La Cámara Federal confirmó el procesamiento de los implicados en la causa de las jubilaciones truchas. Para los magistrados, el juez de grado va por el camino correcto: abogados y médicos se quedaron con dinero destinado a los más vulnerables.
Lo firmaron Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza: para ellos, ya se probó que en el estudio jurídico de Paso 2882 de Mar del Plata funcionaba una organización delictiva denominada Organización Jurídico Previsional, integrada por los abogados Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Irós y Luciano Conrado Diez Suárez. También les queda claro que —en el curso de los ilícitos— prestaron colaboración los imputados José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández y Daniela Andrea Livi, pero aún no se descarta la participación de algún otro miembro o funcionario de la ANSES, de AFIP, o de alguna otra dependencia del Estado. La nutrida pata médica de la banda se ocupaba de fraguar incapacidades psíquicas o físicas.
Esta asociación ilícita tramitaba beneficios jubilatorios falsos, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la administración pública: utilizaban empleadores falsos o sin actividad comercial activa, y simulaban vínculos laborales con supuestos empleados, citando períodos de prestación laboral sobre los cuales nunca se habían realizado los aportes obligatorios. Presentaban declaraciones juradas extemporáneas, y declaraban remuneracionesmuy elevadas. Alteraron registros de AFIP, utilizaron documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema aparecían como extraviados, y demás.
Los jueces dieron por probado que en ese estudio jurídico funcionaba además un consultorio médico sin habilitación para lograr dictamen favorable en la Comisión Médica Nº 12. Así elevaban el porcentaje de invalidez para lograr el beneficio. Cuando un beneficiario iniciaba un trámite en la UDAI bajo la intervención de los abogados Cagni e Irós, se falseaban relaciones laborales con empleadores inexistentes. El cliente aducía alguna patología con certificados médicos firmados por Funes y Jones, y luego era evaluado por personal médico de la Comisión Médica Nº 12. Allí se le terminaba otorgando un porcentaje de incapacidad, que en la mayoría de los casos no alcanzaba el que la ley exige para habilitar la pensión. Cuando era denegada, los abogados apelaban el dictamen ante la Comisión Médica Central en Buenos Aires, que también la negaba. En ese marco intervenía la Cámara Federal de Seguridad Social, que solicitaba a los juzgados federales que el beneficiario fuera visto por un perito médico oficial o de un centro médico público. El hospital público que intervenía era siempre el Hospital Interzonal local, donde Ariel Fati emitía dictámenes como supuesto perito, y elevaba el porcentaje de incapacidad inicial.
Asociación ilícita
El juez de grado fue Santiago Inchausti, quien sostuvo la hipótesis delictiva de la asociación ilícita, pero aclaró que se encontraba en plena pesquisa. Los abogados defensores apelaron ante la Cámara diciendo que no se habían dado las condiciones legales necesarias para probar el delito, ni los requisitos que sostienen las prisiones preventivas. Dijeron que los recaudos para la asociación ilícita no estaban cumplidos.
Los jueces de Cámara les respondena los letrados de manera terminante: “la defraudación a la administración pública investigada no solamente ha causado un perjuicio varias veces millonario al erario público en general, sino que tal expoliación ha recaído sobre el dinero otorgado a organismos de particular trascendencia social (ANSES y PAMI) y la destinación espuria de esos fondos para beneficiar a quienes legalmente no les correspondía, provocó la lógica contracara de restar esas ingentes sumas de dinero a la concesión de beneficios legítimos, prestaciones de salud y atención de personas ancianas o que realmente sufrían algún tipo de discapacidad”.
Se quedaron con dinero público que estaba dirigido a cubrir necesidades de unas de las franjas más vulnerables de nuestra sociedad, sobre todo atendiendo a la deuda social que desde tanto tiempo atrás mantiene el Estado con ese sector.
Explican que esas maniobras también comprometían la fe pública y el debido cumplimiento de los deberes de algunos funcionarios que habrían recibido sumas de dinero u otros beneficios a cambio de colaborar con ese ataque al erario de todos los ciudadanos. Por eso confirman que efectivamente se desarrollaron maniobras defraudatorias para obtener sumas indebidas de parte de organismos públicos, que beneficiaban a clientes de la Organización Jurídico Previsional S.R.L., y que parte de esos ingresos fraudulentos eran recibidos por los abogados a manera de honorarios, y repartidos entre los otros miembros.
Dice Jiménez: “Entiendo que se debe confirmar la postura del juez a quo en cuanto se encuentra suficientemente acreditada la existencia de un acuerdo entre los miembros de esa asociación para cometer delitos, quienes cumplían diversos roles y que, por otra parte, eran varias y distintas las infracciones penales que se cometían en procura de obtener finalmente el desprendimiento monetario de los organismos estatales. La permanencia en el tiempo de esta reunión de voluntades con fin delictivo que exige la figura de asociación ilícita, surge notoria al analizar las fechas de inicio de los primeros expedientes observados por la justicia como parte de esa maniobra y la intervención delos investigados desde —por lo menos— el año 2007 conforme surge de una primigenia investigación que tramitara ante la justicia provincial”. Sostiene que los integrantes de este grupo delictivo estaban de acuerdo intelectualmente en el delito.
Los galenos
Habría sido Iros el encargado de influir en las decisiones de la Comisión Médica 12 para obtener dictámenes favorables, pero el fraude también beneficiaba a los intereses de los demás socios. Es por eso que el juez entiende que se debe extender la imputación de cohecho a los restantes miembros de la Organización Jurídico Previsional S.R.L.
En cuanto a Caliyuri, se sabe su función dentro de la organizaciónilícita era la de aportar información interna y privilegiada de la Comisión Medica 12 y Comisión Medica Central, lugar en donde desempeñaba sus funciones. Dice la Cámara: “aún si se acreditare que Caliyuri no trabajaba físicamente en la Comisión Médica N° 12 como sostiene en su declaración indagatoria, deviene evidente que desde la Comisión Médica Central —que se trata de un organismo de revisión y control de decisiones de la oficina primeramente nombrada— tenía acceso a información calificada que compartía con los abogados de la firma investigada”.
Las declaraciones testimoniales así lo comprometen, como en el caso de Lima Quintana, que afirma que Caliyuri se convirtió en un mafioso que amenazaba médicos y entregaba dádivas: “Buscaba información, pasaba información, supervisaba y amedrentaba a la gente”. Ambos magistrados deciden confirmar el procesamiento de este profesional médico.
También coincidieron con el juez instructor respecto a que Coelho formaba parte de la asociación ilícita y, desde el consultorio irregular, atendía en calidad de médico a los clientes, expedía certificados con información inexacta para provocar la postergación de exámenes en la Comisión, y así dilataba el trámite para generar mayor retroactivo, o para cambiar el turno para que el cliente sea atendido por algún profesional “afín” a la organización. Además suscribía certificados médicos cuando estaba ya jubilatorio, es decir, que no se encontraba facultado para ejercer la medicina ni para efectuar ese tipo de constancias. Y lo hacía sin evaluar al paciente o incluso sin su conocimiento.
De la misma manera, confirmaron el procesamiento de Fernando Daniel Fernández, que había sido desvinculado antes porque ya se sospechaba que manipulaba los informes electrocardiógrafos en beneficio de otorgar jubilaciones no merecidas. En esa función, fue reemplazado por otro profesional que se negó a escuchar el arreglo que le proponía Irós, y no se involucró en los negociados.
Todo sigue como estaba. Los procesamientos se confirman, aun en el caso de la contadora Andrea Livi, que decía no tener nada que ver con el funcionamiento del estudio. La Cámara apoya que la auditoría siga adelante, y se prepara para una nueva ampliación de procesamientos cuando se descubra quiénes son los que colaboraban desde los organismos oficiales. Lo que hacían, es imperdonable.