Fraude al Estado | La Cámara no aceptó sobreseer a los implicados en un complejo proceso de corrupción en la obra pública de Balcarce acontecido hace diez años. Fraguaban certificados de avance de otra, para que la Nación girara fondos indebidos. Otros más.
La Cámara de Apelaciones compuesta por los magistrados Raúl Alberto Paolini y Pablo Martín Poggetto decidió confirmar la resolución de la jueza de Garantías Lucrecia Bustos, a pesar de los planteos de las defensas. Eleva a juicio las acusaciones contra Hugo Giménez, Alberto Pissarra Da Fonseca, Guillermo Esteban Montenegro, Rubén Manuel Guridi, Ricardo Joaquín Gómez, Antonio María Aguirrre, Carlos Alberto Erreguerena, Héctor Osvaldo Cabrera, Héctor Allegretti y Manuel Ramón Aguirre: se los acusa de fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Parece que aprovecharon un convenio entre la Municipalidad de Balcarce y el Instituto Provincial de la Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, para la construcción de sesenta y siete viviendas en la ciudad de Balcarce, en lo que sería el barrio Balcarce I, por parte de la empresa Mar del Plata Transervice S.R.L. Sí, la misma empresa inexperta donde se desempeña Guridi, que intervino en el proceso de erradicación de la Villa de Paso. La firma figuraba como dedicada a disponer contenedores, y sin embargo aún hoy sigue contratada por la municipalidad de Balcarce.
En ese marco se constataron diferencias sustanciales entre lo que decían los certificados de avance de obras y el avance real y efectivo que tenían. Entre los meses de diciembre de 2006 y julio de 2007 se hicieron las constataciones falsas, que luego se incluyeron en certificados suscriptos por el representante de la empresa constructora -Guillermo Montenegro-, el inspector contratado por el Municipio -Héctor Cabrera-, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Balcarce -Mario Erdociain-, el funcionario del Instituto de la Vivienda de la Provincia delegación Mar del Plata, encargado del visado Ricardo Joaquín Gómez; y en un caso por el propio intendente de la ciudad, Carlos Erreguerena.
Diez años después
Pero la denuncia no es nueva, sino que, más allá de las demoras previsibles en los asuntos de la corrupción, se inició en el 2008. En aquel momento, el intendente de Balcarce, José Luis Pérez, denunciaba que la gestión anterior, encabezada por Carlos Erreguerena, había cometido irregularidades con contrataciones. Además, se quejó de haber recibido la comuna con un déficit global de casi cinco millones de pesos.
El fraude en cuestión se basaba en que las certificaciones acreditaban un estado material en los barrios en construcción que no se compadecían con la realidad de lo ejecutado: el avance real era sustancialmente menor al informado. En los documentos, los funcionarios encargados manifestaron avances físicos desde un 24,85% hasta llegar a un acumulado de 64,12%, cuando el avance real era de 41,89%, lo que implicó una diferencia de al menos el 21,56%. Así indujeron a error a los distintos funcionarios intervinientes en los procesos administrativos de pago, que debían verifican la veracidad de los documentos, para que el Ministerio de Planificación de la Nación girase al Municipio de Balcarce las sumas de dinero acordadas en los convenios originales. En definitiva, se beneficiaba a la empresa Transervice SRL. En el caso concreto del estas 67 viviendas, la suma en exceso de pesos alcanza los $446.879,99, sobre un total pagado de $2.072.727,22.
Otras 58 viviendas se construyeron en el barrio Balcarce II, 81 viviendas del Balcarce III también con Transervice S.R.L, y así hasta el Balcarce VII. Huelgan las cifras, pero son proporcionales.
Quien fuera el exsecretario privado de Carlos Erreguerena, Julián Pinchetti, contó cómo el Ministerio de Planificación Federal -que conducía el arquitecto Julio De Vido,- a través de un “emisario”, recaudaba los dineros de los sobornos y las coimas de las empresas durante la construcción del Plan Federal de Viviendas. Según Pinchetti, quien llegaba a Balcarce para esa tarea era el arquitecto Alberto Luteroti, asesor del Ministerio de Planificación Federal, que oficiaba de recaudador para el Gobierno. Agregó: “Erreguerena no tuvo nada que ver con estas maniobras. No es corrupto, tiene integridad moral, y sigue laburando y viviendo de su profesión y no de la política. Le hicieron 18 denuncias y 17 se cayeron, y a ésta están tratando de impulsarla de cualquier manera. Me sorprende la hipocresía que hay. Todos sabían que había un sistema aceitado de corrupción en donde los municipios no tenían nada que ver. La Nación firmaba convenios con los municipios, venía un emisario de Planificación –Luteroti-, designaba las empresas para las obras, y luego el dinero que se giraba desde la Nación iba directamente a las compañías. Como necesitaban certificar los avances de obra, volvía a Balcarce este emisario de Planificación, se juntaban en el Hotel Balcarce, y les firmaba para que cobraran aun sabiendo que eso no existía y que no era real. Invito a todos, y hasta la UOCRA, a que me desmientan si esto no fue así”, sostuvo Pinchetti.
Agregaba: “Los apellidos como el de Uberti o el nombre de Carlos Kirchner ya los escuchábamos acá en Balcarce en el 2004, cuando nos decían que había que hablar con ellos para tener obras”.
¿Y Pérez?
En otro tramo de aquella entrevista, Pinchetti acusó al exintendente José Luis Pérez, actual concejal de Cumplir y autor de la denuncia contra Erreguerena, por el Plan Federal de Viviendas. “Hace esta denuncia porque Pérez es un caradura total. Esta gente se hizo millonaria en la función pública”, explicaba.
Ahora los camaristas dijeron: “coincidimos con el juez en cuanto remarca que -en relación a las distintas modalidades de defraudación- siempre se conservan los requisitos comunes para su configuración; el ardid o engaño que provoque error en el sujeto pasivo, y consecuente disposición patrimonial que ocasione un perjuicio, los cuales serán analizados a continuación”. Es decir que hay fraude, en tanto se certificaron avances de obra por encima del real. Y que resulta ilustrativo el informe realizado por la Subsecretaría de Vivienda el 3 de enero de 2008, con las conclusiones del FONAVI, que da cuenta de aquellas diferencias, sumado a las declaraciones testimoniales, y al informe presentado por el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Balcarce: todos acreditan las diferencias notables que cualquier profesional, utilizando los métodos apropiados, podría verificar.
También se valora el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el informe técnico elaborado por la perito contador de la Procuración General de la SCJBA, contadora Analía Esperón, y los informes del perito contador de la Fiscalía General: ”Tratándose de personal idóneo encargado de realizar tales labores, no puede más que presumirse el conocimiento por parte de aquellos firmantes de tal evento, tornando los certificados en instrumentos públicos falsos, y en la herramienta fundamental para inducir al Estado a error, y proceder a los pagos de éstos”.
Los magistrados aclaran, además, que, aunque la relación contractual incumbe al fuero contencioso administrativo, el caso no está exento de una imputación penal si se verifica la comisión del delito: “Lo que en la presente investigación se encuentra verificado son las maniobras realizadas por los sujetos, tendientes a obtener un pago por parte del Estado por avances de obra que no sucedieron”.
Es decir, los imputados conocían que el avance de la obra no era el reflejado en los certificados, y aun así procedieron con el propósito de lograr el adelanto de las sumas por parte de la administración pública. Los firmantes de los documentos tenían pleno conocimiento del grado de avance real de las obras, porque en la mayoría de los casos eran personas idóneas en el tema.