La administración de la comuna. Un reciente informe demuestra que la actual gestión municipal malversó 95 millones en sólo dos ejercicios. Si a esto le sumamos su manera de desoír las mandas judiciales, despilfarrar los recursos y discontinuar las obras públicas, sólo se puede hablar de impunidad.
Impunidad de la peor. De la que se utiliza para salir airoso después de haber traicionado la buena fe de la gente, y su esfuerzo por aportar un dinero que no le sobra.
Porque la gente creía. Efectivamente creía que el otrora concejal contestatario y rebelde se haría cargo de la fama que había ganado, custodiando el bienestar de los votantes, así como los centavos que tributaban a su corona arañándolos de sus sueldos. La gente creía.
Nada de eso pasó. La actual gestión hace solamente lo que quiere, porque descansa en la impunidad que le permite actuar como si tuviera la vaca atada, lo cual en buen criollo quiere decir contar con garantías de que no habrá quien siga adelante con una investigación seria contra ninguno de ellos.
No lo hará la Fiscalía General, por ejemplo, a juzgar por lo rápido que se enfrió el tema de las licencias truchas cuando Juan Belmonte amenazó con hablar de lo involucrados que estaban los funcionarios en semejante enjuague. Como cualquier amigo del poder, el intendente enfrenta las cámaras de la prensa en la seguridad de que nadie dirá de él más de lo que quiere que se diga, y encima aparece en compañía del fiscal general, y de su silencioso aval.
Ni siquiera lo han intimidado las denuncias sobre la malversación, que es un delito penal codificado y puede significar que un funcionario público sea destituido: el perito contable comprobó que se desviaron 95 millones en dos ejercicios, 2012 y 2013. El intendente sabe que la fiscalía va a decir que la Ley de Presupuesto habilita a destinar los fondos oficiales para otros fines, siempre que se trate de una circunstancia excepcional. ¿Y quién va a decir que era excepcional? El mismo.
El abogado Julio Hikkilo reveló detalles sobre los avances en la investigación por la malversación de fondos afectados. Además de compartir la sorpresa por la significativa cifra que arrojaron los peritajes contables, pidió que haya una explicación política: “A los ciudadanos les están pidiendo más dinero para, por ejemplo, las salitas de emergencia en los barrios. Pero que termine en saco roto no causa ninguna gracia”.
El informe presentado en su momento por el concejal Reinaldo José Cano, fue el puntapié inicial para la investigación, que parece estar condenada a producir pocas novedades más, a juzgar por el silencio imperante: “entre la denuncia del concejal Cano y la negación del oficialismo, buscamos saber cuál es la verdad. Sin embargo, las pruebas superan la realidad, porque entre 2012 y 2013 se han desviado fondos afectados por 95 millones de pesos y nos podemos dar cuenta de por qué están como están los hospitales y las escuelas”, dijo Hikkilo.
De ese dinero, una parte fue restituido, pero queda una gran parte que aún no se sabe adónde fue a parar. “Un perito contador del ministerio público revela esto. Es muy grave, y ahora el Ejecutivo tendrá que explicar los 62 millones de pesos que todavía no se han restituido. Es un gran esfuerzo ciudadano y debemos saber adónde fue esta plata”, reclamó Hikkilo. Ahora el intendente Gustavo Pulti debería estar ensayando una explicación, ya que las pruebas están sobre la mesa.
Pero más allá de esperar una respuesta que difícilmente llegue, también se han analizado las posibilidades de encontrar un responsable: “Es un delito en el Código Penal; lamentablemente, en las leyes de presupuesto se exime de responsabilidad administrativa y penal, siempre y cuando esos fondos hayan sido desviados para alguna cuestión excepcional como una inundación. Lo que vemos es que no hubo emergencia, sino que se derivó para otros lugares”, explicó el abogado. Hasta el momento, el fiscal no quiere ahondar en la investigación.
Mandan ellos
Pero no es sólo dinero. A la vista ha quedado que la comuna no atiende mandas judiciales de ningún tipo, es decir que no respeta instancias superiores. Nunca. Un ejemplo cabal ha resultado el escándalo de lo acontecido con la Reserva Natural del Puerto, cuyos terrenos aledaños fueron invadidos por el Club Aldosivi a pura topadora.
La institución no hizo jamás las necesarias mediciones del impacto ambiental que ocasionaría con las obras. Poco le importó la decisión de la Cámara de Apelaciones durante el 2013, y poco le importó a la municipalidad hacerla cumplir.
Recientemente, la Cámara Federal Nº 2 de Mar del Plata a cargo del juez subrogante Santiago José Martín, emitió una medida cautelar que ordena la suspensión de todas las actividades del club, hasta tanto obtenga la licencia ambiental, es decir la habilitación correspondiente. Esta medida judicial fue emitida el pasado lunes 15 de septiembre, aunque hasta el momento el club no la ha acatado y las obras continúan. En su escrito, el juez Martín indica claramente que si Aldosivi no cumple con la Evaluación de Impacto Ambiental ante el Municipio, deberá dar explicaciones ante la Justicia penal por la comisión de un ilícito. Además, esta medida cautelar ordena intimar a varios importantes organismos provinciales y nacionales, entre ellos el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), el Consorcio Portuario y la Prefectura, a cumplir la sentencia que el año pasado dictara la Cámara Federal de Apelaciones y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Finalmente, también aclara que estos organismos no pueden emitir ningún tipo de resolución que favorezca al club.
Pero el problema no es de hoy. Aldosivi comenzó sus obras en agosto de 2010, es decir hace más de 4 años, y nunca obtuvo la medición del impacto ambiental que producirían sus actividades. Por ende, todo lo que está haciendo en el predio lindero a la Reserva Natural del Puerto es ilegal y clandestino. Sin embargo, a pesar de varias órdenes judiciales y de la mencionada sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de junio de 2013, las obras del Club nunca fueron detenidas por los funcionarios municipales o provinciales, quienes sistemáticamente han encontrado excusas para evitar confrontar a los dirigentes de Aldosivi y clausurar las obras ilegales.
Sólo falta aclarar que el pasado 22 de julio, el actual director de Gestión Ambiental del municipio de General Pueyrredon, Oscar Gómez, declaró en un programa de radio que las obras de Aldosivi son “responsables” con el medio ambiente y que el Club no realizó maniobras agresivas con la Reserva. Recalcó respecto de las lagunas: ”No rellenó nada, salvo un sector muy húmedo para que los niños hagan deportes”. Así, el funcionario dio por terminadas las investigaciones que el municipio debía llevar adelante sobre las acciones ilegales de Aldosivi, cuando poco tiempo atrás había exigido que se cumpliera con lo que indica la ley. No se sabe qué pasó en el medio, pero es evidente que rige la impunidad: nadie piensa que debe dar cuenta de sus actos ante nadie.
Porque esa no es la única jugada borrosa. También están todas y cada una de las promesas incumplidas, que ya la población ni siquiera reclama, como si supiera que es inútil recordarlas ante cualquier estamento. Por ejemplo, iban a hacer una calle para los colectivos de larga distancia, desde Chile hasta avenida Champagnat. La obra está parada, y sólo hay en su lugar un nuevo basural, más peligroso de lo que era antes de la intervención. Las obras de restauración de la avenida Libertad parecen eternas, y los vecinos de Barrio Sarmiento y Estación Norte siguen viendo pasar los colectivos de larga distancia, que rompen las calles donde el pavimento no es reforzado, perjudican el tránsito y afectan a la seguridad de los peatones. Ya nadie reclama nada.
Falta plata
Para completar la causa de la indignación, basta pensar por un instante en los números que se incluyen en el informe presentado por el concejal Reinaldo José Cano: sólo alguien que se sabe intocable por la justicia es capaz de generar tantas desprolijidades seguidas sin dar ninguna explicación. Porque el déficit municipal ha seguido en su carrera de crecimiento y acumula en lo que va del año 2014 más de $180.000.000, ya que se incluye allí el déficit estimado de los entes descentralizados que no mandaron sus estados contables. Alcanza el 20% de lo recaudado.
Afirma el informe que la malversación del Fondo Federal Educativo continúa, ya que al 31 de agosto de 2014, ingresaron $21.374.087, y se malversaron $15.780.065, es decir, un 74% de los fondos recibidos para la infraestructura educativa. ¿Qué se puede esperar entonces de la protección de una reserva natural o de los desagües hídricos de la zona, para quien no puede cuidar ni siquiera el dinero de sus escuelas ni de sus salas barriales de salud? ¿Qué puede hacer con un predio verde quien no es capaz de garantizar un simple servicio de ambulancias?
La justicia ha ratificado por segunda vez que las obras de Aldosivi son ilegales y que deben detenerse de inmediato. Dijo al respecto María José Solís, ante los micrófonos de la emisora 99.9: “El abogado José Esaín hizo una presentación en febrero o marzo respecto del incumplimiento de la sentencia que conseguimos el año pasado, donde se decía que el club no tenía autorización por no tener la evaluación de impacto ambiental”. Y abundó: “esta presentación estuvo perdida mucho tiempo, la hicieron desaparecer. Cuando la encontraron avanzó esta medida cautelar del Juzgado Federal Nº 2 que es el mismo que, con otro juez, rechazó el primer amparo de la reserva”.
Sin embargo, estos pasos previos que ya indicaron que Aldosivi no debía seguir con los trabajos, no trajeron ninguna consecuencia en el movimiento de las maquinarias. “Las obras siguen (…) Todo esto sucede a la vista de quien quiera verlo. Las autoridades del OPDS se comunicaron con nosotros muy contentos y nos dijeron que queda claro quién se tiene que hacer cargo de este tema: la municipalidad”, señaló Solís.
La dirigencia del Tiburón cuenta además con el apoyo de algunos sectores en la ciudad que hacen más difícil la lucha del colectivo Salvemos la Reserva. Indicó María José: “Distintas entidades fueron haciendo pequeños esfuerzos a favor de Aldosivi, como el Consorcio Portuario, que insistía en que no debía pasar el club por la evaluación de impacto ambiental porque se dedicaban al fútbol infantil”.
Pero ellos siguen ciegos y sordos. A los funcionarios municipales poco les importa que la Justicia haya dado una orden. Consideran que pueden hacer caso omiso, como lo hacen de todo. Como hacerse filmar con el fiscal general: a eso se llama “tener la vaca atada”.