Secretaría de Hacienda | Las irregularidades halladas en las cuentas municipales terminaron en denuncia penal. Las figuras van desde la malversación de fondos hasta incumplimiento de los deberes de funcionario. Pulti tendrá que dar explicaciones ante la Justicia acerca de su manera de gastar la plata ajena.
Como ya había anunciado este medio, los responsables del área de Hacienda del gobierno municipal entrante realizaron la debida auditoría sobre las cuentas públicas, es decir que analizaron el estado actual de las finanzas de la comuna. Se trató de un trabajo que combinó un análisis comparativo en moneda constante entre el estado de cosas del momento en que asumió la gestión del exintendente Gustavo Pulti, en diciembre de 2007, y la finalización de su segundo periodo. Una auditoría económica-financiera-administrativa, y una evaluación de la gestión 2007-2015 que permitiera al nuevo gobierno deslindar responsabilidades, ya que era evidente que deberían resolver más de un problema heredado que hipoteca varios años.
Hay que aclarar que los criterios utilizados en la auditoría fueron los mismos que se emplearon para auditar al momento de asumir la gestión de Pulti. De hecho, ambos informes fueron hechos por la misma persona, el actual secretario de Hacienda José Cano.
La novedad es que, terminado el trabajo de evaluación y estudio, las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia penal firmada por el secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredón, con el propósito de que oportunamente, y a criterio del Ministerio Público Fiscal, se investigue la existencia de delitos de acción pública.
Cano realiza afirmaciones con documentación a la vista; por ejemplo el informe del Honorable Tribunal de Cuentas, elevado por el contador relator de la Delegación Zona X de Mar del Plata, correspondiente al estudio del ejercicio financiero 2015 de la municipalidad. Es de allí que surgen diversos actos administrativos que dejan ver graves irregularidades en la administración municipal.
Indica la denuncia: “La diversidad de hechos irregulares en el presente informe me obliga a ponerlo en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, adjuntando dicho documento por contener los mismos actos que eventual y posiblemente sean constitutivos de delitos de acción pública, como los delitos de malversación de fondos y caudales públicos y el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El primer hecho denunciado es la posible malversación de fondos públicos, que si bien “es moneda corriente en el informe” como dice Cano, a veces se oculta hábilmente detrás de leyes presupuestarias provinciales, como si buscara en ellas el justificativo a la ilegalidad. Si recordamos que se habla de malversación cuando se utilizan dineros públicos para un fin diferente de aquel para el cual fueron autorizados, es necesario recordar que la norma del Estado impone un plazo para la restitución del dinero a la cuenta que le corresponde.
Si bien esos plazos han ido variando en las normas correspondientes año a año, se han incumplido en general todos los plazos que las leyes de presupuesto otorgaban. En algunos casos, como se mencionara, existió utilización de fondos sin autorización legal alguna, y su falta de devolución ha generado la paralización de obras afectadas a dichos fondos, perjudicando a la comunidad directamente y vulnerando las obligaciones funcionales.
Malversación histórica
Desde el ejercicio del año 2009, y ante la grave crisis económica que atravesaban los municipios, se fue autorizando por leyes provinciales de presupuesto que las comunas utilizaran fondos afectados de origen provincial y municipal, con la condición de devolverlos en un plazo fijado por cada Ley de Presupuesto. Es lógico que se imponga un plazo para la devolución a su lugar de origen: si no tuviera un plazo, echaría por tierra la existencia de afectación de fondos para el cumplimiento de obligaciones asumidas y para el normal desenvolvimiento de la administración pública.
Para los ejercicios anteriores al año 2009 no existían las dispensas presupuestarias, pero la Ley de Presupuesto creada en ese año para el ejercicio del año 2010 da cuenta de las irregularidades y problemas existentes en los municipios, y así da comienzo al libre uso de fondos, pero con cargo de devolución.
Si bien puede considerarse inconstitucional hacer desaparecer las responsabilidades fiscales de los funcionarios, y dejar en el olvido la ejecución equilibrada de los presupuestos -es decir no poder gastar por encima de lo recaudado-, las leyes provinciales citadas mencionan que la utilización de fondos con diferente destino al que obligatoriamente debe asignársele, tiene “disculpa” cuando se trate de pagar gastos de carácter excepcional.
Ahora bien: cabría analizar qué es la excepcionalidad, concepto desde ya bastante subjetivo. Según prevé el informe financiero, lo excepcional es algo poco común, que forma excepción de la regla, que se aparta de lo ordinario, que ocurre rara vez, que está fuera de la norma. Pero sucede que los fondos han sido usados -según lo informado por los funcionarios municipales- para el pago de remuneraciones, aguinaldos y cargas sociales, es decir ítems que no acreditan ninguna excepcionalidad. Esos gastos son habituales, normales, mensuales y para nada fuera de la norma o que ocurren rara vez. De manera que no está acreditada la excepcionalidad, sino todo lo contrario: “este uso indebido de fondos debe ser analizado a la luz del delito sancionado por el artículo 260 del Código Penal de la Nación Argentina”, dice Cano.
En función de todo lo expuesto surge que la Municipalidad de General Pueyrredón ha incumplido la resolución nº 10/2014 del Honorable Tribunal de Cuentas.
La Nación
Pero no sólo se han malversado los fondos provenientes de la provincia de Buenos Aires, sino que otro tanto corresponde a los fondos nacionales. Por ejemplo, al 30/09/15, el saldo de la cuenta afectada Fondo Federal Educativo ascendía a $34.842.339,92, mientras que la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires n° 53.677/8 correspondiente al Fondo Educativo, tenía un saldo de apenas $399.780,96. ¿Dónde está la plata? Se gastó. De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, para esa época se habían transferido al municipio en concepto de Fondo Educativo la suma de $59.351.176 y había ingresado a través del rubro 11.9.22.00 del Cálculo de Recursos la suma de $59.028.615,38. ¿Faltan unos trescientos mil?
Se formuló la concreta observación por infracción a la resolución n° 10/2014 del Honorable Tribunal de Cuentas, a la Ley n° 26.075, al artículo 60 del Reglamento de Contabilidad, y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, más 27 de las disposiciones de administración de los recursos financieros y reales para los municipios. Dice la denuncia: “(…) se han utilizado indebidamente los Fondos Nacionales en violación a la Ley Nacional, que dispone específicamente el destino de los Fondos sin excepción alguna. La información suministrada por el Tesorero Municipal, es que a través de los Decretos N° 516, 714, 1038, 1519, 1550, 1793, 1794, 1979, 1980, 2139, 2278, 2301, 2308, 2327, 2329, 2331, 2493, 2579, 2630 y 2720, el Ex-Intendente Municipal Gustavo Arnaldo Pulti dispuso que la Tesorería Municipal transfiera fondos de las cuentas afectadas y de terceros, a la cuenta de recursos ordinarios para hacer frente a las compromisos asumidos, asegurando su adecuación durante el Ejercicio”.
Los decretos mencionados, sin embargo, disponían su remisión al Honorable Concejo Deliberante para que intervenga según lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, pero eso no sucedió, dice la denuncia “como una manera de ocultar el estado de las cuentas municipales”.
Otro de los ítems de la denuncia es el cobro anticipado de tasas, que fue una modalidad implementada para conseguir fondos. La comuna ofreció importantes descuentos para quienes adelantaran el pago. El total de estos convenios asciende a $50.709.975, pero esos documentos no fueron enviados oportunamente para su autorización al Honorable Concejo Deliberante, como obliga la norma.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2015, el Departamento Ejecutivo elevó para consideración del Honorable Concejo Deliberante los convenios de cobro anticipado, pero estos acuerdos no respetan lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva 2015, que en su artículo 8º dice: “Las alícuotas mencionadas precedentemente podrán ser reducidas por el Departamento Ejecutivo en hasta un quince por ciento (15%) mediante acuerdos específicos que impliquen el anticipo de tasas para el financiamiento de proyectos de inversión de utilidad pública”.
Es evidente que los convenios celebrados no cumplen con estas condiciones y significaron una forma de conseguir liquidez a una tasa muy alta. No cumplieron con las condiciones que se exigen para su realización, sencillamente porque no existieron proyectos de inversión de utilidad pública. La gestión cuestionada cobró en forma anticipada las tasas por Seguridad e Higiene y de Espacios Públicos correspondientes a periodos de la nueva gestión que iniciaba el 10 de diciembre 2015, por un importe altísimo. Los descuentos efectuados implicaron la suma de $4.755.878.
Los bancos
Durante su mandato como concejal, Cano denunció los descubiertos sobre la cuenta corriente del Banco de la Provincia durante los meses de noviembre 2014, diciembre 2014 y enero de 2015, y la denuncia fue tomada en cuenta por el Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente.
Tan escandaloso resultó el manejo -del que nadie hablaba-, que dio lugar a un hecho sin precedentes en la historia del municipio de General Pueyrredón: que el Banco Provincia de Buenos Aires se viera en la obligación de rechazar el pago de cheques diferidos librados por la administración comunal contra la cuenta corriente nº 52504/0 de esa entidad bancaria. Una vergüenza.
Pero como Pulti gobernó sin límites, sin acuerdo con las reglas, creando sus propias pautas, y actuando como si esto fuera un mérito, ahora hay que reunir los pedazos: la municipalidad estará en rojo durante un tiempo considerable para tratar de acomodar los papeles.
La cuestión ahora es, hecha la denuncia penal, cuáles serán las implicancias futuras, y qué sucederá en el caso de que la malversación y otros delitos similares resultaran probados para la Justicia. ¿Quién responderá?¿Cuál será la sanción?¿Afectará los bienes personales de quienes actuaron con los fondos públicos como si fueran propios? Porque si no es así, la impunidad seguirá siendo la moneda de pago más corriente en este país. Si ningún funcionario público deja de ser rico por haber pisoteado la confianza popular, nada cambiará.