La Cámara de Apelación revocó el fallo que obligaba al Instituto Albert Einstein a rematricular a un alumno apartado por su conducta. La importancia de que las escuelas cuenten con mecanismos para poner límites en el proceso educativo.
El Instituto Albert Einstein no estará obligado a reincorporar al alumno cuya matrícula no había renovado por problemas de conducta, luego de que la Cámara de Apelación marplatense revocara la sentencia de primera instancia que ordenaba su reincorporación. En una entrevista en la FM 99.9, la especialista en educación Victoria Zorraquín planteó esta semana la necesidad de que las escuelas cuenten con mecanismos claros para poner límites a sus alumnos.
Ni ilegítimo, ni arbitrario
La jueza de Familia Mariana Gabriela Villar había hecho lugar al amparo presentado por la familia y ordenado, el 1° de junio, que el colegio rematriculara al alumno para el ciclo lectivo 2026. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial —integrada por Ricardo D. Monterisi y Rodrigo Hernán Cataldo— revocó esa decisión.
Para la Cámara, la negativa a rematricular no fue una medida caprichosa, sino el final de un largo proceso disciplinario. El fallo repasa el «Registro de Actitudes Contrarias a los principios del AIC» del colegio y transcribe, entre otros episodios, uno del 12 de mayo de 2025: «por tirar un pedazo de limón a una compañera. El estudiante no se hace cargo en un principio, luego implica a otro compañero hasta que finalmente relata que fue él solo el que tiró el limón».
La resolución da por acreditada «la existencia de registros de incidencias, entrevistas con los progenitores, reuniones institucionales, llamados de atención y estrategias orientadas a revertir los comportamientos observados». Esa actuación fue, además, refrendada por el Estado: los inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) se constituyeron en el establecimiento el 1° de diciembre de 2025 y destacaron «todas las actas realizadas tanto con los estudiantes como con las familias, quienes siempre fueron citadas para notificarles las novedades en relación a las transgresiones al AIC». El registro de todo el proceso, concluyeron, «consta en la institución realizado de manera correcta».
Sobre esa base, los jueces consideraron que el primer fallo no había demostrado lo que debía demostrar: «la sentencia apelada desarrolla extensamente la importancia constitucional del derecho a la educación, pero no demuestra de manera suficiente por qué la decisión adoptada por la institución educativa configuraría un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta». Y fueron categóricos respecto del aval estatal: «Este dictamen de la DIEGEP es suficiente para considerar que no me encuentro aquí ante un acto que sea ilegítimo ni arbitrario, y menos aún de manera manifiesta».
La resolución recordó, por último, que decidir quién integra una comunidad educativa corresponde a la institución: los padres conservan el derecho a elegir la educación de sus hijos, pero «ello no implica un derecho a imponer a un establecimiento determinado la continuidad de la prestación educativa». Con esos argumentos, la Cámara revocó la sentencia anterior y dejó sin efecto la obligación de reincorporar al alumno.
Pidiendo límites
La especialista en educación Victoria Zorraquín, directora de la ONG Educere-Argentina y exdirectora de instituciones durante más de dos décadas, ubicó el problema en la legislación. «Hay cosas que tiene que hacer cada provincia y que tiene que cambiar su legislación provincial para que después baje a las escuelas», sostuvo en la FM 99.9.
Para ella, casos como este llegan a un punto extremo por el propio marco normativo. «Esto está enraizado en una legislación bonaerense que permite llegar hasta ese extremo donde finalmente pareciera que los inspectores reaccionan porque le dicen “hay otros cien colegios privados, vaya a otro”. Pero hay que llegar a ese extremo para que eso pase, cuando en verdad el mismo chico está pidiendo el límite», señaló.
Recordó su experiencia personal: «Durante los 25 años que fui directora tuve que separar a tres alumnos de la institución por motivos muy fuertes. Hoy esos tres alumnos viven en Tandil y, con el paso de los años, se tomaron el trabajo de acercarse a agradecerme». Según contó, le dijeron «cosas como “me ayudaste a ser la persona que soy”, “me ayudaste a forjar mi carácter”, “me ayudaste a forjar mi personalidad”».
Sobre la dificultad actual para aplicar una sanción, fue concreta: «En la provincia de Buenos Aires la legislación prevé acuerdos de convivencia y sanciones, pero la letra chica y lo que se vive en los pasillos de las instituciones es otra cosa. Para sancionar o separar a un alumno hay que hacer tanto camino, conseguir tantos antecedentes, tantas actas y tantas reuniones con las familias que finalmente los docentes y directivos se sienten desvalidos». Añadió: «Hay docentes que terminan pidiendo licencia, se retiran o se van de la institución porque es imposible trabajar así».
Su principal preocupación, sin embargo, son los alumnos. «Podríamos hablar del daño que le hacemos a los docentes, pero yo quiero hablar del daño que les hacemos a los alumnos. A esta generación de alumnos les estamos negando los límites que necesitan», advirtió.
Como ejemplo del extremo opuesto, relató un episodio reciente en un colegio de Tandil, donde un alumno golpeó a un profesor de música. «Se ve en una filmación cómo vuela una silla por el aire. Después el profesor intenta acomodar el aula y al mover un banco se cae el celular de un alumno. Se rompe la pantalla y el alumno se levanta y lo agarra a trompadas», describió. Continuó: «Le fractura el maxilar inferior y el pómulo, casi lo deja inconsciente. Lo tuvieron que operar de urgencia». Frente a un hecho así, lamentó, la herramienta disponible es mínima: «La escuela no puede hacer otra cosa que suspenderlo temporariamente. Es todo lo que tiene para hacer».
En ese punto, apuntó contra la presencia del celular en las aulas. «Llegó el celular y vaciamos las escuelas de materiales. Si le sacás el celular al chico no aparece un camión con libros, mapas, juegos, bibliotecas o recursos didácticos. Entonces pretendemos que los docentes hagan magia», graficó. Y agregó: «El celular en la adolescencia es factor de violencia, factor de bullying, factor de grooming, factor de todo».
El fallo le dio la razón al colegio, aunque recién en segunda instancia. Para Zorraquín, ese es el problema de fondo: poner un límite a tiempo se volvió, para las escuelas, una tarea casi imposible.