Enriquecimiento ilícito | El periodista mendocino Cristian Sanz denuncia que el comprador de un haras valuado en 8 millones de dólares sería testaferro de Sergio Massa, el actual ministro de Economía de la Nación. Afirma que es vox populi en el pueblo, y que nadie quiere acompañarlo en la denuncia.
En momentos en los que el país vive uno más de sus inquietantes episodios de confusión política, y algunas semanas después de que se registrara una enorme depreciación de la moneda nacional y un espantoso pico inflacionario, todas las luces apuntaban a la presentación en sociedad del nuevo ministro de Economía que —abogado de profesión, y dueño de una carrera que lo ha llevado por todos los espacios de la militancia— aparecía como la última tabla de posible salvación.
No hubo quien no se enterara de cada uno de los pasos del entonces presidente de la Cámara, el mismo que le había hecho doler la cabeza al peronismo en las últimas dos elecciones, cuando se abrió de cuajo y creó el Frente Renovador. Sí, el partido en el que el actual presidente de la Nación era su humilde jefe de campaña.
Como si todo esto fuera poco, ahora se presentó en la Justicia Federal una denuncia precisamente contra Sergio Massa, en la que se lo acusa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento. La denuncia recayó en el Juzgado Federal n° 10 a cargo del juez Julián Ercolini, y su responsable fue el director del diario Mendoza Today, Christian Sanz. La cuestión que se le achaca es la compra de un haras por el que habría pagado la módica suma de ocho millones de dólares. Pero la operación no la realizó el ministro de Economía de la república, sino Daniel Guerra, presunto testaferro, quien también aparece denunciado.
Si realmente Guerra es testaferro, eso quiere decir que se comporta como un mero prestanombres, y hasta se dice que hay más de uno, ya que también existe un tal Gustavo Carlos Ranucci, ex titular del bingo Avellaneda, de quien se dice que es algo así como el Cristóbal López de Massa.
El periodista se ocupó de llevar adelante esta denuncia con la certeza de que no es posible que un funcionario público acumule riqueza suficiente como para realizar una operación de semejante envergadura. Dice al respecto: «Massa habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional para propiciarse un elevado lucro indebido, producto de maniobras ilícitas con la participación directa de sus testaferros amigos».
La denuncia
El documento es taxativo a la hora de precisar los datos necesarios de su presunción. Y dice: «El flamante ministro adquirió —en una fecha que ronda al 10 de agosto de 2022— el “Haras La Vanguardia Polo Club” en una exorbitante suma que se arrima entre U$S 8.000.000 y U$S 9.800.000, abonados en efectivo, desde luego».
Su desarrollo no ahorra calificaciones y afirmaciones acerca de la conducta desplegada, en las que utiliza frases como «lo burdo de la maniobra», o algunas más coloquiales como «deschava la impunidad con la que se maneja este tipo de personas, pues estamos ante una cifra que resulta inalcanzable para cualquier persona común, y mucho más lo sería para quien exclusivamente haya ocupado cargos en el sector público a lo largo de su vida». Para cerrar y dar sustento a sus sospechas afirma: «el Dr. Massa nunca ha sido ni empresario, ni trabajador del sector privado, ni inversor de ningún tipo, por lo que resulta incompatible su adquisición de dicho terreno, en relación a sus ingresos provenientes del salario que le provee el Estado». De hecho, no terminó su carrera de derecho hasta el 2013.
El denunciante y su asesor letrado dan datos precisos acerca de operaciones que —si bien se encuentran a nombre de empresarios— Sanz considera que tienen el fin de ocultar al verdadero propietario, y califica esos movimientos como «compras opulentas, inviables y descaradamente sospechosas (con razón)». Esos empresarios serían Ranucci y Guerra, y el denunciante hasta realiza una vinculación de los nombrados con la empresa concesionaria AySA, de la cual Malena Galmarini, esposa de Massa, es presidenta. Recordemos que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se creó en 2006 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y luego fue ratificada por el Poder Legislativo. Está formada por el Estado Nacional con el 90% del capital social, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria.
Según dice la denuncia, en San Andrés de Giles, denominan «lo de Massa» al haras de valor varias veces millonario.¿Pero quién es el ministro Massa? Es el mismo que asumió como jefe de Gabinete de la presidenta en 2008 y cuyo primer proyecto presentado fue la reestatización de Aerolíneas. Renunció en 2009 y pocas semanas más tarde volvió a asumir como intendente de Tigre, cargo del que se había licenciado un año antes. Fue reelecto en el cargo ycontinuó hasta fines de 2013, cuando renunció para asumir por primera vez como diputado nacional. Formó en 2010 el denominado «Grupo de los 8», y con esta base política constituyó el Frente Renovador, una nueva coalición política para disputar las elecciones legislativas de 2013. Asumió su mandato el 10 de diciembre de ese año.
Mendoza Today
Christian Sanz, director de Mendoza Today, se presentó ante la justicia para denunciar ese presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte del ministro.
En declaraciones a la 99.9, el periodista se refirió a la supuesta compra de un haras en San Andrés de Giles, por el que se habrían pagado ocho millones de dólares. El comprador parece ser una persona vinculada a Massa, y que —según consta en la denuncia— no tendría manera de justificar ese gasto en su patrimonio. Dice Sanz: «empezó casi como un chiste en redes sociales. Se hablaba de Daniel Guerra y la compra de un haras en 8 millones de dólares. Me lo comentó un colega con quien comparto un espacio de análisis político. Su familia es de San Andrés de Giles y dicen que Massa va en helicóptero con Malena Galmarini. Lo conté al aire y se generó una catarata de datos, todo lo iba tirando en Twitter porque no me parecía un tema periodístico».
Explica el denunciante que, si bien esta información llamaba la atención de todos, los abogados que querían presentarse ante la justicia luego se arrepentían: «en un momento me llamó un abogado y me dijo que merecía investigarse sin imputación para nadie. Le tiré toda la información un viernes y el lunes me dice que no lo va a presentar, pero no me explicó porqué, aunque lo escuché atemorizado. Hablé con otro abogado mediático y me dijo que lo presentaba, pero a los dos días me dijo que no lo iba a presentar. Algo estaba pasando. Reagrupé toda la información y aparecieron otros nombres de otros testaferros e hice una presentación judicial».
Luego de presentarse en la justicia, empezó la repercusión en los medios, donde terminó sucediendo lo mismo que con los abogados: «ahí se abre otra cuestión interesante porque me empezaron a llamar colegas de los medios para publicarla y luego me llamaban para decirme que les decían que no. Era algo raro».
Pero mucho más serio aún es explicar que uno de los que estuvo llamando a los medios para que no le den difusión al tema, es José Luis Lingeri, el titular de Obras Sanitarias, quien tiene muchos negocios con los Massa. En tal Lingeri es un comerciante que vende cloro a AySA, que es la empresa del Estado que preside Galmarini.
La denuncia indica, en síntesis, que quien compró el haras no tendría la capacidad financiera para comprar. Dijo el denunciante en la entrevista: «Es el mismo que compró un departamento en Miami, el mismo al que va Massa, esas presunciones contra Guerra están hace tiempo y da para que se investigue».