La Liga de Compradores | Sigue la causa de La Liga, que nadie había visto. Muchos de sus integrantes ya habían sido acusados de otros delitos. Los martilleros —sin embargo— no se habían enterado de nada.
Recientemente, la ciudad se sorprendía con la detención de varias personas vinculadas a una organización ilegal que manipulaba subastas públicas. Buscaban asegurarse la compra a bajo precio de ciertos inmuebles que salían a remate judicial, bienes que serían luego revendidos a un importe notoriamente mayor, y de esa manera generarían una ganancia desmedida, además de una operación inmobiliaria no autorizada.
Más allá de que las investigaciones periodísticas de este medio han hablado de la existencia de La Liga durante mucho tiempo, y de que ha habido una infinidad de denuncias al respecto, el Colegio de Martilleros nunca se hizo eco de la existencia de tales irregularidades que eran —sin embargo— vox populi en la ciudad.
La investigación fechada en septiembre pasado da por sentado que, en los remates judiciales de Mar del Plata, llevados a cabo al menos entre el 1 de enero de 2013 y el 3 de octubre 2018, existió y operó una organización conocida como La Liga de Compradores, que utilizaba asiduamente una metodología ilegal con el fin de hacerse de bienes inmuebles y muebles subastados en remates. Pagaban por ellos valores muy inferiores a los que una puja libre hubiera determinado, para después sacar importantes comisiones en otras transacciones, porque evitaban los controles impositivos del Estado.
Cabe consignar que los datos son resultantes del análisis de las 526 subastas judiciales que se llevaron a cabo en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata. El denominador común entre todas las operaciones en las que interviene la Liga es el domicilio del estudio del abogado: José Luis Gallo.
Gran negocio
La Liga de Compradores actuó en otras ocasiones favoreciendo a personas interesadas en adquirir una propiedad subastada. Recurrían a no pujar a cambio de una “comisión” extra pactada de antemano, o negociando por un permiso arbitrario para poder pujar. También algunos de los integrantes podía comprar un bien “en comisión”, mediante la imposición de la llamada intermediación forzosa.
El grupo desalentaba ilegítimamente a los eventuales postores, o bien captaban posibles interesados para que compraran a través de ellos. Los ubicaban durante la visita previa para la exhibición del inmueble a rematar, o en las afueras del Colegio del Martilleros y Corredores Públicos. En ciertas ocasiones, La Liga también actuó subiendo el precio de la subasta con ofertas ridículas y exorbitantes, solamente para que otros legítimos interesados no resultaran ganadores. Una vez adjudicados los bienes, decían no tener el dinero para afrontar siquiera los gastos. Es decir, que se reconocían como un “falsos postores”, para lograr que el remate se adjudicara al anteúltimo oferente, que era integrante de la organización o un tercero vinculado a ellos.
Dentro de esta mecánica compleja, la justicia presume la utilización de testaferros y también la vinculación indirecta, a través de domicilios fiscales, de ciertas sociedades de las cuales los integrantes de la Liga forman parte y que, en definitiva, son las que se benefician con las compras. Es decir, que el tema sigue siendo aclarar cuál es el origen de los fondos que se utilizan para comprar los bienes, más allá de que la ganancia que les producen las operaciones de reventa en negro sean blanqueadas en nuevas subastas.
Un caso paradigmático es el de Aníbal Soria, integrante de La Liga, comprometido ante la justicia federal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el caso conocido como La Posada: una casa sita en calle 11 de Septiembre 3030 de Mar del Plata. A pesar de que fue absuelto en 2017, luego la Cámara de Casación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. Soria era socio del dueño de La Posada, el fallecido Juan Carlos Montillo, y juntos integraban la sociedad DieLuc, que resultaba ser a su vez dueña del Hotel El Paraíso que estaba junto a La Posada y formaba una sola unidad. Allí hubo un custodio de seguridad conocido como el Gordo Gaby, que sería la misma persona que Guillermo Celiberti, uno de los presuntos matones que prestaban servicios a las órdenes de La Liga.
Por otro lado el imputado, Diego Alejandro Larluz, integraba la firma TheTidesCorp SA junto a Diego Vespa y Daniel Fumaroni. Este último es investigado por lavado de activos por la justicia tanto de nuestro país como por la de E.E.U.U. en la llamada causa La Moneta, firma que también integraba.
Cocón
Si bien se trata de un hecho ocurrido hace más de diez años, la justicia cita el remate de una propiedad de calle Colón 5186, subastada en 2009 con intervención de la martillera Carmen Frontini. Se incluía el local de 375 metros cuadrados, equipos herramientas e instalaciones.
Entre las 74 personas presentes estaba prácticamente toda La Liga, y culminó con la oferta de Oscar Larluz, que compraba en comisión para Sergio Sala. Diez años después, el inmueble era decomisado junto con otros 14 y una gran cantidad de vehículos por orden del Juzgado Federal en lo Criminal 1. Sergio Sala —alias Cocón— hoy se encuentra detenido y procesado, acusado de narcotráfico, contrabando de drogas, y lavado de dinero en un negocio pantalla que se llamaba Mundocar.
Lo cierto es que aún no se sabe cómo Sala compró aquella propiedad en un valor de $666.666, siendo que durante cuatro años declaraba ingresos por $24.000. ¿De dónde sacó el dinero?
Pero todavía podemos agregar otro delito: comprobada la habitualidad con la que los integrantes de la Liga llevaban a cabo la actividad de ser intermediarios en la compra y venta de propiedades, hay que destacar que ninguno de ellos posee título habilitante ni autorización o inscripción alguna que le permita hacerlo, excepto Diego Larluz, que la habría obtenido matrícula en 2017. No son martilleros ni corredores públicos, lo cual sumaría a todo lo antedicho el ejercicio ilegal de la profesión que, sin embargo, el Colegio de Martilleros ha soportado sin queja durante mucho tiempo. Los integrantes de La Liga convirtieron la sala de subastas en una inmobiliaria clandestina que no contaba con permiso ni tributaba a ninguna caja por el ejercicio de semejantes operaciones.
Capítulo aparte merecería la realización de la primera subasta electrónica, que aparentemente incluiría todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el anonimato de los oferentes. El 2 de octubre de 2018 la modalidad fue incorporada al Código Procesal Civil, y se trata de subastas abiertas a cualquier persona, aunque los oferentes deben inscribirse antes y obtener un nombre de usuario y contraseña.
En algunos casos, se pide un depósito en garantía para poder ser considerado postor. De esta manera, nadie presionaría a los compradores de buena fe porque nadie —excepto la autoridad judicial— conocería la identidad de los oferentes.
En febrero de 2019 se realizó una subasta electrónica de un bien situado en calle Guanahaní 3318 de Mar del Plata, y el adjudicatario resultó ser un abogado de nombre Ibar Francisco Sallaz Joannas. Su domicilio legal resultó ser Santiago del Estero 1718, es decir, el mismo del abogado José Luis Gallo, integrante y abogado de La Liga.
Las conclusiones son simples. Primero, no hay sistema anónimo que los venza, e igualmente encuentran la manera de operar. Segundo, no son delincuentes nuevos, se ve que tienen historia. Tercero, es hora de que las actuaciones se eleven a la justicia federal porque, por lo menos, hay lavado de activos. Último y no menos importante: el colegio de Martilleros sigue sin decir ni pío. Pruebe usted meterse en sus asuntos, verá cómo lo denuncian bien rápido.