La ciudad sufre el brutal impacto de la pandemia por coronavirus, al igual que el resto del país, y del planeta. Pero hay, en medio del sufrimiento causado por esta situación, un escenario lleno de interrogantes y, al mismo tiempo, se está dando una sucesión de hechos a través de los cuales, de forma colateral, se busca obtener beneficios.
Un caso vívido de modo extremo es el que tiene que ver con la transportación pública cuya prestación, en Argentina, el Estado delega en el capital privado. Son necesarias aquí estas precisiones de Perogrullo, ya que, a pesar de que esto es sabido, la más de las veces no se comprende esta situación en toda su dimensión.
El paro de servicios total que soportó el ciudadano de a pie —ese mismo al que Montenegro le decía “te estoy cuidadando”—, hizo que la ciudad se quedara sin transporte, situación ante la cual, en un primer momento, el ejecutivo comunal ni siquiera se expresó. Cuando lo hizo, Guillermo Montenegro hizo referencia a un “conflicto gremial” en el que la comuna nada podía, o tenía que hacer.
Veamos. El servicio se presta mediante un contrato de concesión en el cual las partes tienen derechos y obligaciones. Quien es el poseedor del derecho, es el municipio, y no es el prestador quien debe garantizar ni la seguridad pública, ni la libertad de circulación.
Sin embargo, es obvio que hay una situación que afecta a todo el sistema, y cuyo origen, es el manejo espurio de los subsidios al transporte que se inició en el gobierno de “cuasi” facto de Eduardo Duhalde y que luego llevó a niveles de paroxismo ilegal Néstor Kirchner, con Ricardo Jaime colectando bolsos repletos de dinero.
Guillermo Montenegro faltó a su deber de intendente de cuidar a los marplatenses al no accionar para garantizar la libertad de circulación, y así permitir que el sector disidente de la conducción de UTA —apañado por Pablo Moyano, ni más ni menos—, bloqueara las terminales. Tanta ausencia de derechos pudo bien terminar en tragedia en la madrugada en la que, a los palos, le siguieron los disparos de arma de fuego.
Hay aquí una sistemática vulneración de los derechos constitucionales y, en el caso del transporte, se segmenta la información para poner la mirada sobre el prestatario, y lejos del gobernante de turno. Es un dato obvio que no puede dejarse de lado en el análisis de esta situación que el año que viene hay que llevar adelante el proceso de renovación de la concesión del servicio. Nada de lo que está ocurriendo es fruto de la casualidad.
La agrupación disidente Juan Manuel Palacios está vinculada directamente al grupo DOTA, que a su vez está controlado por José y Ángel Faijá, y que tienen como socios, en las distintas líneas, a Luis Rodríguez y José Santoli. Un informe de la auditoría general de la nación señala, en un estudio, que el grupo empresario DOTA tiene el 67% de las compañías que prestan el servicio en la región metropolitana y que recibe la mayor cantidad de compensaciones —aproximadamente el 48% del total—, en una cifra cercana a los 34 mil millones de pesos.
El intendente Montenegro no ignora nada de todo lo que expongo en estas líneas. Nada ignora.