Inchausti amplió los procesamientos en la causa de los casinos online ilegales, sumó seis imputados —entre ellos, Elías Pinarello, el ex jefe policial que lo había denunciado— y trabó embargos de hasta mil millones de pesos.
Hace apenas un mes contábamos en este medio cómo la dupla integrada por el juez federal Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri lleva más de una década armando causas espectaculares que, tarde o temprano, se caen solas. Ahora, el mismo dúo firma una resolución de más de trescientas páginas en la causa que investiga a una organización dedicada al contrabando, los casinos virtuales y el lavado de dinero, con veinte imputados y embargos millonarios. Esperemos que, esta vez, el expediente resista la revisión de la Cámara. Con estos dos detrás, permítannos dudarlo.
De los iPhone a la timba
Todo empezó en septiembre de 2023 con un correo anónimo que llegó a la casilla de denuncias de la Policía Federal y que hablaba de una «Red de contrabando de IPhone». Señalaba como jefes, entre otros, a Gabriel Beain —empleado de la Aduana de Mar del Plata— y a Fabián Di Julio y su hijo Franco, y los describía así: «Mayores contrabandistas de mar del plata, manejan todo lo que es Apple, Xiaomi, Samsung y Motorola- casino online empresas fantasmas con que sacan los Uss del banco a precio oficial y giran a EE.UU.»
La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Inchausti, con la Fiscalía Federal N.º 1 de Mazzaferri. En abril de 2024, la fiscalía sostuvo que «estamos en presencia de una organización criminal en la que sus miembros se dedicarían a cometer delitos vinculados con el contrabando/encubrimiento de contrabando de teléfonos celulares y aparatos tecnológicos; la posible explotación, administración, operación y/o organización de juegos de azar […]; intermediación financiera; evasión tributaria y lavado de dinero». El 6 de mayo de ese año llegaron los allanamientos, las detenciones y las primeras indagatorias. Pero, según la resolución, las escuchas y las cámaras de seguridad de una de las oficinas allanadas mostraron después que «los investigados habían tomado conocimiento previo de los allanamientos y que junto a otras personas no identificadas habían retirado múltiples elementos de dichas oficinas y que habían vaciado de evidencia y elementos probatorios otros lugares y oficinas no identificadas».
Esas mismas escuchas abrieron el capítulo de los casinos. El juzgado describe la mecánica: «se habrían captado terceras personas, muchas de ellas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, a quienes le ofrecían un exiguo pago para que aporten sus datos personales, imágenes y/o videos, con el objeto de crear múltiples cuentas digitales, que eran utilizadas para el ingreso del dinero producto de la actividad delictiva, pero también para su movimiento entre las distintas cuentas y personas, para así dificultar su rastreo». Son las llamadas «cuentas mula», abiertas en Mercado Pago, Ualá, Brubank, Naranja X y otras billeteras virtuales, por donde el dinero de los apostadores entraba fraccionado —el famoso «pitufeo»— y salía hacia los investigados o hacia sus sociedades. El destino final, según la resolución: «rodados, propiedades, viajes al exterior, para los mismos miembros de esta organización manteniendo así un elevado nivel de vida sin que todo ello encuentre correlato en actividades legales».
En noviembre de 2025 hubo una segunda ola de allanamientos, con las detenciones de Franco Saraco y Gerardo Mendiola, y las capturas de Joaquín Otero Cao y Guillermo Pinarello, a quienes detuvieron cuando entraban al país desde Paraguay por Misiones. Para ordenar semejante expediente, Inchausti divide la organización en tres subgrupos —Saraco, Di Julio y Pinarello— y suma un cuarto capítulo para dos titulares de cuentas de criptomonedas.
Mil millones
A Fabián Saraco y a Lucas Andrade, ya procesados como organizadores de la asociación ilícita, se les amplió el procesamiento por explotación de juegos de azar sin autorización y por nuevas maniobras de lavado; a sus parejas, Sol Piro y Ornela Valdettaro, por lavado. Según la resolución, Saraco se valía del local DGamers, «del que resultaba titular y que administraba junto a su pareja Piro, en tanto a través del mismo se preparaban computadoras con “sistema de casinos” y compraban cuentas virtuales por redes sociales». A través de la constructora Kowu 44, formalmente a nombre de las dos mujeres, el grupo habría comprado oficinas y una casa, esta última por 61.500 dólares, la mitad en efectivo. El juez destaca, además, que Saraco visitó ocho veces la casa de Guillermo Pinarello en los meses previos al primer operativo: «Principal relevancia tienen las últimas dos que efectúa el día 4/5/24, previas a los procedimientos ordenados en la presente causa».
En el grupo Di Julio, el padre y sus hijos Franco y Gianluca suman la explotación de casinos a través de paneles con nombres como Casplata, Surfcasino o Chileplata, y dos sociedades que crearon en 2023 con un objeto social que no deja lugar a dudas: «operación y gestión de plataformas en línea para la realización de juegos de azar, incluyendo casinos en línea». El lavado, según la resolución, pasaba por una red de sociedades pantalla con domicilios fiscales inexistentes y empleados que en realidad trabajaban para Di Julio; uno de ellos declaró que éste «lo fue cambiando de empresas». Solo diecisiete «cuentas mula» analizadas como casos testigo movieron $15.792.430 entre 2022 y 2023. Por ese tramo también quedó procesada Verónica Scrosoppi, pareja de Di Julio.
El caso de Víctor Verón tiene su historia. En 2024, la Cámara Federal le había dictado la falta de mérito porque no se había podido demostrar «ni siquiera en términos de la probabilidad procesal que se requiere en esta instancia, un solo hecho que pueda ser encuadrado en los términos del art. 863 del CA», es decir, un solo contrabando. Ahora Inchausti lo procesa como miembro de la asociación ilícita y por lavado, con el argumento de que su manejo de las sociedades del grupo y sus vínculos con los demás imputados «exceden una participación ocasional que permiten superar la falta de mérito anteriormente dictada». Entre las pruebas cita una escucha del día de los allanamientos, en la que Verón le dice a un interlocutor: «Tengo el auto guardado que no tengo nada, limpio, lo guardé».
El otro tramo del grupo es el aduanero. A Di Julio, al aduanero Beain y a los despachantes Facundo Santiago y Carlos Fernández —este último, procesado por primera vez— se les atribuyen ocho importaciones de equipos informáticos realizadas en 2022 a través de Relaxhome SRL, una sociedad que el juez considera pantalla, por casi 392.000 dólares. Según la resolución, esas compras se hicieron «con fondos provenientes de actividades ilícitas, que habrían sido previamente canalizados mediante el uso de esta sociedad y utilizados para la adquisición de bienes por importación e introducidos de esa manera al mercado formal».
En el grupo Pinarello, a Guillermo —el único imputado que sigue con arresto domiciliario y tobillera—, a su hermana Natalia y a Claudia Cao —madre de Otero Cao— se les amplió el procesamiento por lavado a partir de la compra de lotes en un barrio privado mediante boletos sin inscribir. Dos de ellos, a nombre de Guillermo, por 160.000 dólares cada uno, «abonados en el acto». Cao alegó en su descargo que pagó con ahorros guardados fuera del sistema financiero y que lleva treinta años de trabajo en blanco.
Y acá aparece Elías Pinarello, el padre, ex director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata y el mismo que, como contamos en la primera entrega de esta saga, acusó a Inchausti de perseguirlo por una vieja discusión en su despacho. El juez lo procesa por lavado: le atribuye una camioneta Ford Ranger pagada en efectivo por $70.200.000, un lote en un club de campo por 140.000 dólares, también en efectivo, y la presidencia del taller Panaggio Cars, que hasta mediados de 2025 pertenecía a Otero Cao. Pinarello padre argumentó que cobra un sueldo hace 43 años, que al retirarse de la fuerza percibió el equivalente a más de 100.000 dólares y que con su pareja compraban los cupos mensuales de dólares. El juez no le creyó: «sus ingresos como jubilado y su facturación como monotributista (a partir del 2025) considerada en conjunto con las remuneraciones en relación de dependencia de su esposa, serían inconsistentes con la adquisición de dos propiedades por un monto total de 155.000 USD y de una camioneta por 70 millones de pesos». Sobre la recusación y la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, la resolución no dice una palabra. También quedó procesado Jonatan Scott, allegado a Guillermo, por maniobras que el juez calcula en $82.000.000 y 5.000 USDT.
El último capítulo es el de las criptomonedas. Lucas Zappa y Víctor Hugo Díaz, titulares de dos cuentas de Binance que movieron cerca de 4,4 y 3,1 millones de USDT, respectivamente, quedaron procesados como miembros de la asociación ilícita y por lavado. Para el juez, esas cuentas «funcionaron como un punto de paso, una suerte de conducto que permitió recibir y reenviar criptoactivos provenientes de imputados como Lucas Andrade, Guillermo Pinarello, Fabián Saraco y Fabián Di Julio». El ejemplo que elige es elocuente: «El 4 de noviembre de 2023, Pinarello le envió 40.000 USDT a Zappa a través de Binance Pay y siete minutos después Zappa envió ese mismo monto -40.000 USDT- a Andrade. De esta manera, los investigados triangulaban los fondos evitando la trazabilidad de los criptoactivos y disimulando su verdadero origen y destino».
Los embargos van de $500.000.000 para Verón, Fernández, Elías Pinarello y Scott, a $1.000.000.000 para Zappa y para Díaz. Ninguno de los nuevos procesados irá preso: todos tienen prohibido salir del país y ausentarse de la ciudad por más de 24 horas sin permiso. Di Julio, Andrade y Saraco, en cambio, ya habían dejado el arresto domiciliario porque se cumplió el plazo de dos años que fija la ley. El único que zafó fue Marcelo Letche, que recibió una falta de mérito porque, según el juez, su actuación «podría haberse limitado a la constitución en un primer momento de la sociedad Bitnea S.A.», la firma que, según la acusación, publicitaba los casinos del grupo Pinarello.
Habrá que ver qué queda de todo esto cuando el expediente llegue a la Cámara. Elías Pinarello ya hizo su pronóstico, en el escrito que le dirigió a Inchausti: «estoy convencido que usted sabe que mi imputación no tiene validez y se va a caer en cuanto salga del ámbito de la primera instancia». En la causa de las casas de cambio, después de doce años, no quedó en pie un solo procesamiento del grupo Transcambio. Si detrás de esta causa sigue el mismo dúo nefasto, dudamos que finalmente vaya a haber justicia.