Han gatillado la suerte tantas veces que llegaron a creer que todo les estaba permitido. Se inventaron una candidatura a ministro de Justicia que solo existió en su imaginación. Al inicio de su segundo mandato, que no deseaba, se lanzó a militar —así lo decía— la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación. Así como desarrolló un relato sobre su pertenencia a Mar del Plata, también tenía un relato sobre su amistad con Lijo, y daba razón de su accionar señalando: «¿Cómo no iba a ser nominado Lijo a la Corte, si 500 jueces federales habían firmado una solicitada por su nominación?».
Así pasaba el primer año, con repetidas entrevistas en medios de CABA en las que siempre le preguntaban: «Usted suena para ministro de Justicia, ¿qué hay de eso?». Obvio, la respuesta siempre era evasiva y buscaba dar un aire de humildad ante la posibilidad. Nunca existió propuesta alguna.
No hubo caso: se puso el buzo violeta, se sacó la humillante foto en Fuerte Apache y, el día del triunfo en las elecciones de medio término, ambos dos salían del hotel Presidente. Ante la pregunta «¿Se habló del ministerio?», la respuesta de Rabinovich, partiendo en huida veloz, fue: «No es momento para hablar de eso».
No era momento porque nunca lo fue. Era un relato de estos gatilleros de la suerte, y la suerte, se sabe, siempre es grela. Hoy están al horno, sin hoja de ruta y en un universo gaseoso de no ideas. Solo espasmos para ver cómo zafan. Han tenido que claudicar ante la Provincia sin dignidad alguna.
Cuando dijo, el día de su reasunción, que en horas comenzaban las obras del Minella, fue obvio que estaba en apuros. Por más que quiera, la entrega del Minella y el Polideportivo a una cáscara vacía no se va a poder remediar con palabras, con la causa abierta en el juzgado federal de Quilmes, en manos del juez Luis Armella.
La transferencia del contrato a la empresa de Marcelo Fígoli, que ya varias veces se dijo que era un hecho, está en el limbo como consecuencia del temor a terminar poniendo los dedos en el juzgado federal quilmeño. En los hechos, hay obstáculos crecientes de orden administrativo y legal.
Los obstáculos están dados por los elementos que, en el propio expediente, expone el contador municipal, Guillermo Costanzo. Costanzo, que fue enemigo declarado de la administración de Carlos Fernando Arroyo, está extrañamente modosito. No en los papeles, pero sí se cuida de hablar sobre lo que, entiende, nunca se cumplió para otorgar la concesión, y menos aún de señalar debidamente que la transferencia de un bien público de una cáscara vacía y fraudulenta a una empresa sin las debidas calificaciones se hace como si fuera un mero cambio de paquete accionario entre privados. Es un final anticipado, sin hoja de ruta ni estrategia de gobierno.