La policía quiso interrumpir un desalojo compulsivo que no tenía documentación judicial de respaldo, y se encontró al subsecretario de Control municipal, Adrián Alveolite, dentro de la casa en cuestión. ¿Qué hacía allí? Simplemente respaldar a sus amigos como un capanga.
Es verdad que la policía de la provincia de Buenos Aires está preparada para encontrarse con cosas sorprendentes, y ya nada debe generar en sus agentes demasiado asombro. Sobre todo entre los que trabajan patrullando las calles, y son por lo tanto testigos de las situaciones más enredadas imaginables, algunas de las cuales parecen volcarse de la realidad concreta.
Sucedió tal como se relata en la causa, en los primeros días de julio del año en curso. Un móvil de la Bonaerense se encontraba patrullando en las inmediaciones de la calle Güemes, cuando eran alrededor de las diez y media de la mañana, horario en el que nada hace prever demasiado escándalo.
Cuando llegaron a la intersección de las calles Alvear y Garay, encontraron que se realizaban movimientos homologables con los de un desalojo, y que ya había en el lugar otros dos coches policiales: uno de la seccional novena y una camioneta policial de la división de Infantería.
Pero lejos de encontrarse allí un oficial de justicia o el personal policial ejerciendo sus funciones específicas, pudieron divisar a dos mujeres mayores que salían y entraban, a la vez que arrojaban a la vereda todos los elementos y enseres que encontraban en el interior de la vivienda: tiraban ropa, cuadros, portarretratos y demás. Los agentes policiales perciben inmediatamente el daño, ya que resultaba evidente que tales objetos eran redondamente destrozados contra el piso, por eso deciden intervenir para verificar las condiciones en las cuales se está realizando este procedimiento.
Gran sorpresa fue la que vivieron al ingresar a la casa: en pleno living había dos hombres sentados. Uno de ellos era el subsecretario de Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, Adrián Alveolite; el otro, un hombre de unos 45 años que se identificó como abogado, resultó ser Gabriel Roberto Norberto, y dijo estar realizando una diligencia.
Por supuesto que la situación se evidenciaba como irregular por la manera en que las mujeres sacaban las cosas, los gritos e insultos que proferían, y la escasa atención que prestaban a las indicaciones policiales. Era como si no se sintieran obligadas a responder ante esta autoridad.
Pero dentro de la casa había también un joven de unos veinte años, que no realizaba ninguna acción, ni hablaba ni intervenía. Estaba sentado a un lado, resignado. Él resultó ser Jonathan Albornoz, oficial de la policía, que se declaró sobrino de quien considera el propietario de la vivienda, Vicente Pacheco. Agregó que sus tíos estaban de viaje por un sepelio, y que vivían allí desde que él tiene uso de razón. En el momento, las mujeres comenzaron a gritar que dentro de la casa había un arma, lo cual terminó de complicar el paisaje.
El fiscal
“Estos delincuentes tienen un arma”, gritaban ambas. Inmediatamente intervino la policía y encontró un revólver de bajo calibre que tenía cachas de plástico. Era muy antiguo y estaba en visible estado de abandono.
La policía trataba de poner orden, y por eso solicitó una vez más al abogado Norberto la documentación judicial respaldatoria de semejante desalojo, a lo que él respondió que no hacía falta, que sus clientes estaban allí en “justo derecho” ya que era “su vivienda”.
Los policías se percataron entonces de que factiblemente se encontraran ante la comisión de un delito en perjuicio de Albornoz, ya que por lo menos se estaría violando la privacidad de una vivienda sin aval judicial, por lo cual internaron convencer a las dos mujeres que se detuvieran, es decir que pararan de tirar cosas a la calle.
La situación parecía incontrolable, pero en cuanto se pudo las identificaron como las hermanas Liliana y Silvia Joaquín, ambas residentes en Buenos Aires, quienes no paraban de insultar y amenazar tanto al personal policial como al mismo Albornoz, que seguía en silencio en el interior de la casa, pendiente del devenir de los acontecimientos..
Los policías comunicaron los hechos al fiscal de flagrancia de turno, Alejandro Pellegrinelli, quien ordenó que se detuviera a las mujeres por el delito de violación de domicilio, y se secuestrara el arma en cuestión, por lo que Albornoz resultó demorado por tenencia de arma de uso civil. Indica además que se realicen los informes ambientales para verificar quiénes exactamente vivían en esa casa y desde qué fecha, utilizando para ellos las declaraciones de los vecinos de Alvear y Garay. Hizo hincapié en que no habría sanciones para Albornoz, ya que todo indicaba que era en este caso la víctima de un ilícito.
Pero más allá de semejante feria de variedades, es obvio que la presencia de Alveolite no pasó inadvertida para la policía, ya que el mismo funcionario les indicó que no debían solicitar más papeles porque él mismo había consultado en catastro municipal, y había verificado que las mujeres eran las propietarias de la casa.
El policía a cargo intentó en vano hacerlo entrar en razón, y le dijo que, más allá de la presencia de un funcionario, él debía seguir lo establecido por los protocolos de acción, y hablar con sus jefes para decidir los pasos a seguir, porque las cosas “no se manejaban así”. Le dijo que si las mujeres eran las propietarias, debían seguir el camino legal para recuperar la casa, que él como funcionario no podía utilizar a la policía para hacer un desalojo ilegal, a lo que el subsecretario, ya fuera de la casa le dijo: “fijate bien lo que vas a hacer”.
Sonaba como una amenaza, y quizá lo era. El policía, suspicazmente lo interrogó acerca de cuáles eran las razones que justificaban su presencia en el lugar, a lo que el funcionario comunal explicó que antes habían procedido a clausurar el local que funcionaba en el garaje de la casa sobre calle Garay, porque estaba mal habilitado. Dijo conocer a las mujeres, y aseguró que las cosas eran legales así como él las planteaba.
El policía, desorientado, no podía creer lo que oía: “Si usted es abogado sabe que las cosas no se pueden hacer así, que hace falta una orden judicial”. No hubo manera, las mujeres seguían gritando y golpeando cosas, y Alveolite desapareció sin decir nada, de donde se desprende que es altamente probable se inicien acciones por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Al policía no le alcanzó con que el funcionario fuera amigo de las mujeres. Le dijo: “por mí, aunque sean de Al Qaeda, así las cosas no se pueden hacer”, ironizando obviamente sobre una situación desmadrada que parecía no terminar nunca.
Traslados
Obviamente, las mujeres se presentaron ante el juzgado a reclamar su legítimo derecho sobre la propiedad, lo cual es plenamente verosímil. Aducen que la casa perteneció a su abuelo, que murió en 1964, y que fue heredada por su padre y sus hermanos. Dicen que ellas, como nietas, tienen derecho sobre lo que llaman “su propiedad de veraneo”. Obviamente posible.
Las hermanas Joaquín declararon que su padre nunca cedió derechos a favor de nadie, y que los papeles que exhibe quien actuó como locador del garaje en donde funcionaba el comercio deben de ser falsos. También posible.
Agregan a la queja además el relato de que aquel 10 de julio, ellas -ante semejantes hechos de despojo- resultaron humilladas y detenidas, y no así los responsables del delito de usurpación.
Todo esto es verosímil y posible, pero lo cierto es que no corresponde a nadie decidirlo más que a la justicia misma, por amigas que sean de Adrián Alveolite, que con la misma prepotencia que exhibe todo el Ejecutivo comunal, consideró que podía saltearse los engorros de un juicio de desalojo e irrumpir en un casa habitada. Creyó que su simple presencia y su potestad para clausurar eran suficiente respaldo.
Un desalojo ilegal no es un hecho menor, y Alveolite tiene que saber que si el personal policial no aceptaba los hechos injustificados que estaba generando, las consecuencias serían serias. Lo sabe él y también el abogado que trajo consigo, ya que el escándalo generado en la cuadra no pasó desapercibido para nadie.
Pero los rumores son peores aún. Se dice que las amenazas de Alveolite se cumplieron, y que aquellas palabras proferidas cuando dijo “fijate bien lo que vas a hacer”, no cayeron en saco roto. Se dice que esa es la punta del ovillo que justificó ciertos movimientos en el personal policial que se registraron recientemente, sin que se supiera exactamente cuáles habían sido las razones que las justificaban.
Triste sería que fueran éstas. Triste sería que no avalar un procedimiento ilegal y compulsivo para un desalojo sin orden judicial fuera la razón por la cual alguien recibiera represalias laborales. Porque si así fuera, estaríamos ante una comuna donde el derecho ha dejado de existir.
Porque si Alveolite clausuró un local para facilitar el desalojo caprichoso, poco más hay que decir. El mismo funcionario que le dice a la población que no puede clausurar los prostíbulos cuyo cierre reclaman las asociaciones de lucha contra la prostitución, y aduce que es muy complicado, que siempre le faltan trámites administrativos, puede en cambio irrumpir en una casa habitada, porque lo dice él. Y puede desalojar a un comerciante que tiene habilitación hasta el 2015, porque lo dice él.
¿Y si la policía no está de acuerdo? ¿Y si la policía pide papeles que no están? Se va el policía, se lo traslada, se le da otra función u otro trabajo. Se cambia el jefe y listo. Así nos va.