La vulnerabilidad social y los consumos problemáticos de drogas como dos caras de una misma moneda. Cuando la ciudad se infecta de olor a marihuana, en alguna parte, también huele a muerte.
La primera ambigüedad manifiesta de la clase política dirigente —en especial de aquellos que abrevan a las aguas del oficialismo nacional—, es hablar de derechos sin advertir que, todavía hoy en la Argentina, hay personas cuyos derechos humanos parecieran no existir: son los «sin techo» que vemos a diario durmiendo en horas del día en las plazas, o aquellos que tienen que refugiarse en los cajeros automáticos de los bancos y en los pórticos de edificios del centro por las noches, hombres y mujeres que no cuentan con un lugar a dónde volver, pero que tampoco tienen reconocimiento de sus derechos por parte del mismo Estado que dice consagrarlos.
Así lo expresa puntualmente la Ley Nacional 27.654 reglamentada recientemente, también conocida como «Ley de las personas en situación de calle y familias sin techo», que aborda tal problemática como lo describe el título del decreto reglamentario Nº 183/2023 publicado en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 5 de abril.
Y esta, que es una deuda social importante de la democracia argentina, es una demanda aún mayor para quienes gobernaron y gobiernan durante 18 de los últimos 22 años los destinos del país: el Partido Justicialista —el que ensalza la justicia social como bandera— y su expresión de gestión actual, el kirchnerismo, entronado en el poder con 4 de los 5 mandatos presidenciales elegidos en las urnas durante el presente siglo.
Para ellos, los derechos humanos de estas personas no son tan importantes como los de otras, y quedan invisibilizados por una mirada social hipócrita que dice defender a los desposeídos cuando los más necesitados de ayuda y defensa son reducidos a la cosificación y quedan librados a su suerte como único abrigo.
Dos casos testigos
En los últimos días fueron noticia en la ciudad dos desafortunados episodios en los que personas en situación de calle y víctimas de adicciones —porque es importante entender que, habitualmente, una cosa suele ir bastante relacionada con la otra— protagonizaron las crónicas policiales. En ambos casos el lamentable final fue el mismo: la muerte.
El fin de semana pasado, un hombre fue encontrado entre las piedras, en Playa Chica, luego de la búsqueda iniciada por Prefectura Naval Argentina como consecuencia de que la persona había caído al mar, tras una persecución policial. A priori, la información que circuló estaba vinculada a un hecho delictivo que se habría registrado en una vivienda de la zona residencial de Playa Grande. Al parecer, el sujeto había intentado ingresar a la vivienda con fines de robo, y tras ser puesto en funcionamiento un dispositivo de prevención y dar alerta policial para su detención, la suerte del supuesto ladrón terminó cuando cayó al mar en su intento de escapar en la justicia.
En un caso totalmente diferente, otra persona fue hallada sin vida en el área parquizada de Aristóbulo del Valle y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos. Esta semana, personal municipal, en una recorrida por el Paseo Jesús de Galíndez, advirtió la presencia sin vida de un masculino, sobre un colchón, tapado con nylon, y escondido —como al resguardo del clima— entre los arbustos del parque. Según la información que circula por los medios locales, ambos tenían la misma particularidad a la vista: sin techo y sin derechos.
Dura realidad
Hay una frecuente vinculación entre las adicciones y la condición de calle de las personas. En muchas oportunidades llegan a los centros de asistencias chicos y chicas que están a la deriva, que no tienen un hogar, que duermen de día en refugios públicos porque durante la noche tienen que permanecer alertas y despiertos para evitar los riesgos propios de estar en situación de vulnerabilidad social.
Entrevistado por la FM 99.9, el director de Posada del Inti, Fabián Messina, describía la realidad de la ciudad con un panorama angustiante: «nos están llegando 30 personas por semana que no las podemos recibir porque no tenemos lugar para hacerlo. Es gente que viene buscando tratamiento y no los podemos recibir». Y eso que las que llegan hasta Posada del Inti, en este caso, son personas que van por decisión propia y en su mayoría acompañadas por algún familiar o amigo, pero que se tienen que volver por donde llegaron, sin una respuesta y con el mismo problema que persiste y que tiene aristas sanitarias y sociales —para empezar a hablar— y derivaciones secundarias en lo económico y en los vínculos intrafamiliares.
Las adicciones tienen mucho que ver en el contexto actual de pobreza que se registra en los últimos años en el país, del que Mar del Plata no está ajena. «¿Cuáles son las herramientas para sostener a los pibes y las pibas que se caen del sistema? Las políticas públicas no han estado a la altura de la situación en los últimos 20 años», aseguraba Messina.
Para resolver la problemática, afirmaba que es necesario tener una acción conjunta entre sectores públicos y privados. «En el mundo se trabaja en la oferta y la demanda, una es la parte delo que vemos que pasa en Rosario y otras ciudades, la oferta, el narcotráfico; y la otra parte es lo relacionado a como se construyen adictos o personas en situación de vulnerabilidad. Y ahí es donde analizamos que el estímulo de consumo no está regulado. Frente a esto hay que tener políticas de asistencia, políticas de prevención, regular los estímulos de consumo y que en un supermercado no cueste lo mismo una botella de vodka que una de gaseosa».
La normalización esnobista
La naturalización y romantización de los consumos es otra parte del problema. El creer y hacer creer que existe un consumo de marihuana sin que haya consecuencias es parte de ese mensaje esnobista «comprado» y aplicado en distintos sectores de la sociedad, pero peligrosamente internalizado en el Estado. Está debidamente comprobado en estudios clínicos que la marihuana es un disparador de la esquizofrenia. Y en esto, la política de riesgo y daño ha sido determinante para que se avance en la cultura cannábica a través del marketing, con medicamentos que lo contienen, por ejemplo. Pero no se trabaja con el mismo rigor para poner los puntos en las íes y decir el daño que provoca el consumo en la salud de las personas.
En Mar del Plata, hace pocos días se convalidó en el Concejo Deliberante un proyecto que declaraba de interés del cuerpo el encuentro cannábico en la ciudad, un encuentro del que participaron referentes del sector, algunos profesionales de disciplinas relacionadas con el cultivo, pero, curiosamente, no había médicos ni mucho menos algún psiquiatra.
Pero la realidad es otra mucho más dura y cruda que la moda y el modernismo: los adictos que no tienen una red de contención familiar pueden terminar fuera del sistema, en la calle o en la cárcel. Y, en una buena cantidad, atravesados por problemas de salud mental y con serias dificultades para salir de los consumos problemáticos. «La marihuana no es inocua. No es inofensiva. Termina generando situaciones de conflicto cada vez más complejas y repetitivas. Nos llegan cada vez más jóvenes que no pueden parar de fumar. Con patologías asociadas, trastornos de personalidad, donde el psiquiatra tiene que hacer cada vez más intervenciones intensivas sobre ellos», describía Messina.
Mucha teoría, pero…
Jóvenes sin hogar. Familias rotas. Personas a las que difícilmente se les abrirá la puerta de un empleo. Adolescentes que hoy están deteriorando sus funciones cognitivas sin saberlo y por la efímera satisfacción de algo pasajero y que no será nada positivo en sus vidas. Y un país que, con una población más dominada, más embrutecida y dependiente, menos posibilidades de emancipación, liberación y desarrollo tendrá de cara a las próximas décadas. Y todo en un conveniente contexto de banalización de los consumos.
Dice que decreto de la Ley Nº 27.654 de «personas en situación de calle y familias sin techo» que ésta «constituye un instrumento jurídico fundamental que tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina», partiendo del supuesto que estas personas ya están sin sus derechos. Y admite que «los problemas derivados de la situación de calle se encuentran localizados, principalmente, en los grandes centros urbanos del país, y tienen un origen multicausal que no se corresponde únicamente con la falta de acceso a la vivienda, sino también con otras causas como las realidades económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, subjetivas e institucionales, entre otras».
«Cuando escuchas que fracasan las políticas de drogas y por eso hay que legalizar la droga se trabaja con falsas premisas. ¿Qué políticas fracasaron, si no hubo? Y ahí aparecen las grandes empresas, que dentro de unos años vamos a ir al kiosco y vamos a ver los cigarrillos con el loguito de la hojita verde», dice Messina. Cualquier semejanza con la realidad, no es ninguna coincidencia.
Porque, tal como lo describe la normativa, «dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad social y vulneración de derechos a las que está sujeta esta población, que supone inclusive riesgos para la vida y la salud de estas personas, es importante desarrollar políticas de ampliación de ciudadanía que reconozcan a dichas personas como sujetos de derechos».