Corporación judicial | Un ejemplo de la manera en la que la familia judicial se protege. Un caso que pasa de fiscalía en fiscalía, pero no se queda en ninguna. Hay muchos abogados implicados, y encima tienen poder.
El expediente que este medio viene recorriendo desde hace tiempo, y que no hace más que confirmar que los integrantes de la familia judicial se cuidan entre ellos: un abogado que delinque nunca recibirá el mismo tratamiento que cualquier ciudadano de a pie, porque los funcionarios de los tribunales viven pendientes de intereses cruzados que sostienen sus holgadas condiciones de trabajo, y cuidan mucho a quienes puedan ser sus potenciales jefes o jurados de concurso. Parte de los privilegios.
Las condenas siempre son para los más débiles. Todos recordarán a la mujer que ahora demanda porque perdió su derecho al 50% de una propiedad. Se llama Alejandra Villanueva, y viene denunciando que la pasaron por encima. Que le ejecutaron una hipoteca que tiene más de una irregularidad, porque alguien armó una organización para quitarle su derecho sobre una casa muy costosa, en el barrio de La Perla de Mar del Plata.
Se trata de una vivienda de Chacabuco al 3600, donde hay un Instituto de música, al lado del bar de tango. Usted entiende. En el año 1999, tres abogados —Pablo Gentile, Guillermo Gentile y Diana Zabeo— hicieron un préstamo de 40.000 dólares a los copropietarios de esta casa, que son Rubén Buggia, Marcos Buggia y Alejandra Villanueva: un contrato mutuo hipotecario para cancelar otro crédito hipotecario anterior. El saldo sería invertido en un comercio que los Buggia explotarían en la misma finca.
Villanueva, que no residía en la casa, era dueña de una valiosa mitad, y cada uno de los Buggia, del 25%. Ella sólo se presentó a firmar, porque el dinero lo utilizarían quienes estaban habitando la casa, en la que había que hacer arreglos y pagar impuestos. Por eso, también se harían cargo del pago de las cuotas del préstamo obtenido. Ella no recibió nada de los 40.000 dólares.
Pasó el tiempo, y la salud de la mujer se deterioró: en 2001 sufrió una depresión y un intento de suicidio, por lo que fue internada en un sanatorio. Durante todo este tiempo, Alejandra no supervisaba el pago de las cuotas, que además no habían sido establecidas bajo su responsabilidad, sino de los Buggia. La complicación mayor es que Marcos Buggia había firmado esa hipoteca como soltero, pero resulta que ya estaba casado con Analía Regalini. ¿Por qué mintió? Resulta que en 2003, los tres abogados prestamistas iniciaron la ejecución de la hipoteca diciendo que sólo habían recibido seis pagos de intereses, que luego se habían discontinuado.
Todo cursaba en el Juzgado Civil 6. Pero en 2008, los tres acreedores decidieron regalarle la deuda a Juan José Regalini. Sí, al hermano de Analía, la cuñada que los Buggia habían ocultado, que ahora tenía derecho a seguir adelante con la ejecución. Los prestamistas Gentile, ahora, pasaban a ser sus abogados.
Son unos genios
Alejandra Villanueva se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, que no podía ser que esto no llamara la atención de nadie y se presentó a la justicia a denunciar. Ella pedía una rendición de cuentas: ¿Qué hicieron con la plata? ¿Por qué no pagaron las cuotas? ¿Por qué ni siquiera pagaron los servicios municipales? ¿Qué hicieron con el dinero que ingresaba por haber alquilado la planta baja sin su consentimiento?
Pero nadie en la justicia se mete con los abogados prestamistas que ejecutan propiedades costosas, ni siquiera con los que idean la manera de sacarse de encima a los copropietarios. Nada se agregó en el expediente hasta 2012.
Marcos Buggia presentó la quiebra en 2013, y envió a los acreedores sobre las restantes partes de la propiedad. Pero Juan José Regalini, el dueño de la deuda ahora, le perdona la parte de la deuda a su cuñado Marcos, y continúa la acción contra los demás. En 2014, el juez del Tribunal Civil 6 embarga el 75% restante de la propiedad hipotecada.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por los jueces Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau, había dicho que eran demasiadas coincidencias. Decide escuchar el pedido de Villanueva, que era revocar la sentencia de primera instancia, y obligar a Buggia a que, en un plazo de diez días, diera cuentas de lo que había pasado con la plata. Decía Monterisi que la coincidencia de apellidos entre la mujer de Buggia y el nuevo dueño de la deuda era lo suficientemente sugerente como para no pasarlo por alto.
Ya el fiscal Fernando Berlingeri en la Unidad de Delitos Económicos 10 había dicho que las circunstancias eran poco claras, pero no por ello ilegales, hasta el momento. Pero luego aparece el fiscal Carlos David Bruna y dice que no le llama demasiado la atención que Buggia hubiera ocultado su matrimonio con Analía Regalini, porque, total, el objetivo del documento firmado no era establecer el estado civil de los firmantes. Es decir, que al abogado Gentile no se le animan ni los fiscales del Estado. Por más que Alejandra Villanueva quiera pagar los honorarios de los abogados que ejecutan las deudas municipales, en un intento infructuoso por no perder la casa. Bruna es de los que no ven nada.
Otro genio
Pero ¿quién es Pablo Javier Gentile, el prestamista devenido en querellante? Es un letrado que ya fue acusado ante el Juzgado de Garantías n° 4 bajo la figura legal de defraudación por administración infiel. Un abogado que se aprovechó de un cliente chino, de que no conocía el idioma ni las costumbres ni la legislación, y sobre todo, de que vivía al otro lado del mundo. El abogado cobró ilegalmente la indemnización que le correspondía a su cliente tras un proceso por daños y perjuicios, cuya sentencia del 2007 fijó la suma en más de $400.000. Pero, claro, nunca le avisó del acuerdo al que se había arribado, ni que el pago se había efectivizado. En 1999, el cliente fue notificado de que su esposa había muerto en un accidente en esta ciudad, y vino a firmar un poder general para juicios a favor del abogado en la escribanía Redi.
El abogado Gentile no sólo cobró la indemnización de $400.000, sino que además cobró un monto de más de $154.000 en concepto de honorarios, tras lo cual pretendió reclamar el 25% más. Dijo que el dinero había estado depositado en su estudio jurídico a disposición del denunciante, que no había podido ser ubicado telefónicamente en China, y que solamente debería haber pasado por el domicilio para cobrar. Que si no vino, no es su culpa.
Ahora, cuando una apelación parecía obligarlo a dar cuentas de alguna de sus acciones, los involucrados comienzan a salirse de su camino. Nadie se mete con el abogado prestamista porque le tienen miedo. Casualmente, el juez de garantías Daniel De Marco se corrió de la apelación diciendo que no podía intervenir porque ya había opinado sobre el tema y perdió imparcialidad. No hay que olvidar que Gentile ya le metió una denuncia sobre incumplimiento de los deberes de funcionario y nadie quiere tener problemas con los hermanos abogados.
¿Cuál es la novedad del asunto? El 30 de septiembre pasado, el juzgado de garantías declaraba la nulidad de lo actuado por la UFI 10, y ordenaba que había que designar un fiscal hábil. ¿De dónde lo sacamos? Hacía falta un equipo interdisciplinario que estuviera integrado por especialistas, que llegaran personas de la universidad, de los colegios profesionales, porque había que defender a una víctima a la que se había ignorado durante años. Un festín de varones alrededor de una mujer a la que estafaron nutriéndose de su enfermedad.
Consideremos que por este expediente pasó también el fiscal de delitos económicos Javier Pizzo y se excusó porque había intervenido en la causa en la que Gentile denunciaba al juez De Marco. De allí pasó a la UFI 6, pero ni siquiera le otorgaron el ingreso formal porque se trata de una papa caliente. De allí vuelve a manos del fiscal Bruna, que también se excusa diciendo que él mismo fue denunciado también por el abogado Gentile.
Finalmente se hace la audiencia de excusación en febrero, para resolver de una vez como van a ser las cosas, y la querella acepta que el expediente pase a la UFI 6 otra vez, a cargo de la fiscal Romina Díaz. Peeero, pero… Las novedades son malas: hay una «cuestión interna» que planteó la misma fiscal Díaz, que seguramente tampoco quiere meterse en el problema.
Para esto, Buggia está a punto de conseguir el remate de su 25% de la propiedad en el proceso de quiebra, que seguro comprará Regallini para que el negocio sea redondo por todos lados. A todo esto, los honorarios regulados del grupo Gentile por intervenir en un desastre que ellos mismos generaron, son millonarios. Faltó aclarar que la demandante está bastante peor de su depresión. Con toda la razón.