Sistema judicial marplatense | Sirvió hablar de la injusticia, porque la propiedad de La Perla no se remata… por ahora. El abogado Gentile reconoce, además, que omitió avisar a la defensa algunas cosas: no se dio cuenta.
Usted sabe que en el sistema judicial argentino, la mala intención si pasa… pasa. Usted sabe perfectamente que el Judicial es el peor de nuestros poderes, lo cual es mucho decir. Usted sabe que se es juez a perpetuidad, los concursos que se aprueban no son gran cosa, y que el designado tiene poquísimos gastos más una arbitrariedad en las decisiones que pocas veces se constata con la ley. Porque su real saber y entender lo posicionan cerquita de ser el dueño de la voluntad del Estado. Sabe usted perfectamente que en ciertos fueros, alcanza con lo que el poder no ve, para generar muchísimo daño en la sociedad, y que así están las cosas, porque nadie toca a los miembros de la corporación.
El expediente que venimos acompañando da vergüenza, y confirma que las acciones de los abogados nunca son medidas con la misma vara que las del resto del mundo, porque los funcionarios de los tribunales saben que hay intereses cruzados y cuidan mucho a quienes comparten los privilegios, porque mañana pueden compartir juzgado. Todo se hace en silencio y en la oscuridad, porque los más débiles poco pueden hacer con el reclamo de justicia: tienen pocos contactos y una agenda de teléfonos muy finita.
Justamente, después de tres sucesivas publicaciones de notas tituladas Vergüenza ajena I, II y III, la subasta de la calle Chacabuco al 3600 se suspendió, que hubiera sido el acto irreversible en el despojamiento de los derechos de la denunciante y copropietaria, Alejandra Villanueva: del remate no se puede volver.
Si se hubiera concretado, la mujer habría perdido su derecho al 50% de una propiedad porque un grupo de varones —mayoría de abogados— la pasaron por encima. Se trata de una organización que se creó de hecho para quitarle su derecho sobre una casa muy costosa, en el barrio de La Perla de Mar del Plata, realizando una ejecución de una hipoteca que ella no asumió.
En 1999, Pablo Gentile, Guillermo Gentile y Diana Zabeo —los tres abogados— hicieron un préstamo de 40.000 dólares a los copropietarios de esta casa, que son Rubén Buggia, Marcos Buggia y Alejandra Villanueva: un contrato mutuo hipotecario para cancelar otro crédito hipotecario anterior, plata que ellos usarían en pagar impuestos y hacer arreglos. Ella es dueña de la mitad de la casa, y cada uno de los Buggia tiene un 25%.
Ellos se harían cargo del pago de las cuotas del préstamo obtenido, porque Alejandra no recibió nada de los 40.000 dólares: sólo se presentó a firmar para que fuera otorgado.
Pero ya en 2001, ella sufrió una depresión y un intento de suicidio, por lo que fue internada en un sanatorio. Durante todo este tiempo, Alejandra no supervisaba el pago de las cuotas, que además no habían sido establecidas bajo su responsabilidad, sino de los Buggia. La complicación mayor es que Marcos Buggia había firmado esa hipoteca como soltero, pero resulta que ya estaba casado con Analía Regalini. ¿Por qué mintió? A alguno de los fiscales no le llama la atención, y dice que no es el tema. Pero, ¿por qué mintió?
Resulta que en 2003, los tres abogados prestamistas iniciaron la ejecución de la hipoteca porque sólo habían recibido seis pagos de intereses, que luego se habían discontinuado. Pero, en 2008, decidieron regalarle la deuda a Juan José Regalini. Sí, al hermano de Analía, la cuñada que los Buggia habían ocultado, que ahora tenía derecho a seguir adelante con la ejecución. Los prestamistas Gentile, ahora, pasaban a ser sus abogados cuando todo cursaba en el Tribunal número 6.
De Cayetano
Alejandra Villanueva se presentó a la justicia a denunciar y pedir una rendición de cuentas acerca de lo que habían hecho con la plata del préstamo, así como de las razones por las que no habían pagado las cuotas ni los servicios municipales. Ni siquiera se sabía que ingresaba dinero por haber alquilado la planta baja. Pero en la justicia, nadie se mete con los prestamistas ¿sabía usted? Menos aún con los abogados prestamistas. Ni hablar de los usureros, que se valen de la gente desesperada. Ellos planeaban ejecutar la costosa propiedad, sacándose de encima a los copropietarios. Pero no iban a hacer mucho ruido para que nadie lo supiera.
¿Cómo hicieron? Bueno, Marcos Buggia casualmente quebró en 2013, y envió a los acreedores sobre las restantes partes de la propiedad. Pero Juan José Regalini, el dueño de la deuda ahora, le perdona la parte de la deuda a su cuñado Marcos, y continúa la acción contra los demás. En 2014, el juez del tribunal civil 6 embarga el 75% restante de la propiedad hipotecada.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, de Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau, sí detectó demasiadas coincidencias. Escuchó el pedido de Villanueva, que era revocar la sentencia de primera instancia, y obligar a Buggia a que, en un plazo de diez días, diera cuentas de lo que había pasado con la plata. Decía Monterisi que la coincidencia de apellidos entre la mujer de Buggia y el nuevo dueño de la deuda era lo suficientemente sugerente como para no pasarlo por alto.
Ya el fiscal Fernando Berlingeri en la Unidad de Delitos Económicos 10 había dicho que las circunstancias eran poco claras, pero no por ello ilegales hasta el momento. Hasta que aparece el fiscal Carlos David Bruna y dice que no le llama demasiado la atención que Buggia hubiera ocultado su matrimonio con Analía Regalini. Es decir que, al abogado Gentile, no se le animan ni los fiscales del Estado.
Le temen
Pablo Javier Gentile es el prestamista que se convierte en querellante, que ya antes había sido acusado por el Juzgado de Garantías n° 4 por defraudación y administración infiel. Se había aprovechado de un cliente chino, de que no conocía el idioma ni las costumbres ni la legislación, y que vivía al otro lado del mundo. Gentile cobró ilegalmente la indemnización que le correspondía a su cliente tras un proceso por daños y perjuicios, cuya sentencia del 2007 fijó la suma en más de $400.000. Pero, claro, nunca le avisó del acuerdo al que se había arribado, ni siquiera que el pago se había efectivizado.
Nadie se mete con el abogado prestamista porque le tienen miedo. El juez de garantías Daniel De Marco se corrió de la apelación diciendo que no podía intervenir porque ya había opinado sobre el tema y perdió imparcialidad. No hay que olvidar que Gentile ya le había metido una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario: nadie quiere tener problemas con los hermanos abogados.
El 30 de septiembre pasado, el juzgado de garantías declaraba la nulidad de lo actuado por la UFI 10, y ordenaba que había que designar un fiscal hábil. Hacía falta un equipo interdisciplinario porque había que defender a una víctima a la que se había ignorado durante años. Un festín de varones alrededor de una mujer a la que estafaron nutriéndose de su enfermedad.
Consideremos que por este expediente pasó también el fiscal de delitos económicos Javier Pizzo, y se excusó porque había intervenido en la causa en la que Gentile denunciaba al juez De Marco. De allí pasó a la UFI 6, pero ni siquiera le otorgaron el ingreso formal porque se trata de una papa caliente. De allí vuelve a manos del fiscal Bruna, que también se excusa diciendo que él mismo fue denunciado también por el abogado Gentile.
La audiencia de excusación se realizó en febrero, para resolver de una vez cómo iban a ser las cosas, y la querella aceptó que el expediente pasara a la UFI 6 otra vez, a cargo de la fiscal Romina Díaz. Pero hubo una «cuestión interna» que planteó la misma fiscal Díaz, que seguramente tampoco quería meterse en el problema.
Cuando Buggia estaba a punto de conseguir el remate de su 25% de la propiedad en el proceso de quiebra, que seguro compraría Regallini para que el negocio sea redondo por todos lados, desde este medio le revolvimos el avispero y trajimos todas las miradas para acá. Se suspendió.
Los honorarios regulados del grupo Gentile por intervenir en un desastre que ellos mismos generaron, son millonarios. Pero justamente ahora, que estamos hablando tanto de estas cuestiones, se presenta en la causa a solicitar la remisión porque dice que se avivaron de golpe de que se habían olvidado de notificar un par de cosas. Justo se distrajeron, y no le avisaron a la defensoría oficial ni a nadie. Y que, ya que estamos, hay otro par de cuestiones que no se han resuelto en el Juzgado de garantías, a pesar de que insistieron con el pronto despacho. Pero ya que ha aparecido una fiscal que agarra la papa caliente, que se tome tres días para despacharse. Y listo el pollo (o la vaca, que sigue atada).