Lejos de la tremebunda agitación por la desaparición de Santiago Maldonado —con la que las tribus kirchneristas buscaban hacer encajar su relato de “Macri sos la dictadura”—, el salvajismo de los jerarcas provinciales contra su población no merece ni una expresión, no ya política, sino de simple misericordia por nuestros compatriotas avasallados en sus derechos constitucionales, en algunos casos hasta llevados a la muerte, como ocurrió con el formoseño Mauro Ledesma, de 23 años, quien se ahogó intentando llegar a su hogar, en donde lo esperaban su esposa y su hija de tres años.
Tampoco tienen interés alguno por los Derechos Humanos de Solange Musse, quien murió de cáncer a los 35 años sin ver a su padre, ante la negativa del gobierno de Córdoba, que le impidió ingresar a la provincia y los escoltó —con varios patrulleros—, hasta el límite con La Pampa. Ni Hebe de Bonafini, ni Estela Carlotto, ni la Comisión Provincial por la Memoria se han expresado al respecto, ni lo harán.
La historia de la lucha por los Derechos Humanos fue un ariete creado por el partido comunista. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue creada en 1937 y tenía por objeto actuar frente al Estado en relación a los perseguidos por sus ideas políticas, inspirado en el “socorro rojo internacional”. Totalmente manejado por políticos y dirigentes comunistas, surge del congreso de la Tercera Internacional. Un criterio político, con objetivos políticos.
El 18 de diciembre de 1975 se creó en Argentina la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Si bien no fueron fundadores, con el arribo a la democracia tomaron en ella un rol muy relevante dirigentes como Simón Lazara y Graciela Fernández Meijide. Precisamente en 2016, en ocasión de un homenaje a su persona y su lucha por los Derechos Humanos, Meijide señalaba: “Creo en la justicia y en los Derechos Humanos si puedo pedir el mismo nivel de justicia para mi hijo que para mi peor enemigo”. Emociona con su clara retórica Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide, mientras recuerda aquel 23 de octubre de 1976 cuando la dictadura militar secuestró a su hijo Pablo en su domicilio, y marcó el comienzo de su lucha incansable por el esclarecimiento de la verdad, por la defensa y el reconocimiento de los Derechos Humanos en la Argentina.
Hoy es necesario recrear esas voces que han sido secuestradas por la conducción política del país de la mano de Horacio Verbitsky en su alianza con Cristina Elizabeth Fernández. Así como se hallan cómodos con dictadores como Maduro en Venezuela, o con Raúl Castro en Cuba, conviven a gusto con los emires de provincias como las señaladas, que dan al ciudadano el trato de siervo de la gleba.
Los actos de Zamora en Santiago del Estero, Insfran en Formosa, o Schiaretti en Córdoba, son propios de un régimen criminal que ignora la Constitución y desprecia la vida.