El gobierno de los Fernández es una variopinta reunión de actores de distintas tendencias con un sesgo común: el autoritarismo, alejado de la idea de la República y de las conductas y prácticas democráticas.
No se trata sólo de los actores centrales de este gobierno, sino también de otros como Rodolfo Tailhade o Graciana Peñafort, que utilizan un lenguaje brutal para exponer ideas que se convertirían de plano en actos de violencia política si la suma del poder público que procuran se transformara en realidad.
Peñafort fue clara al respecto de sus ideas violentas cuando, en el marco del tironeo con la corte, señaló: “Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual”. También, asumió continuidad de la violencia setentista al decir: “…conste que no tuvimos miedo de discutirle al mismo Perón e irnos de la Plaza”. Obvio, a Graciana no le da la edad, pero hace suya una épica patética de quienes fueron actores imprescindibles para crear el escenario que llevó al golpe de 1976.
Juan Grabois, que forma parte del arco de poder actual aunque este corrido del escenario central, señalaba en un video dirigido a sus acólitos que se viralizó: “En la Argentina, nadie puede tener más de 5 mil hectáreas”, para agregar “sin reforma agraria, la Argentina es inviable”. No son actores menores, y su predicamento es feroz.
Lo que proponen ya se vivió. O se padeció, para ser precisos. En la década del ’70, tras la caída de Vietnam del Sur le llegó el turno a Cambodia. Allí, se apoderó del país el grupo comunista conocido como los Jemeres Rojos (Khmers Rouges, en francés), el cual se pronunció por el abandono del sistema capitalista. Kampuchea Democrática se convirtió en un infierno para sus ciudadanos, y en un enjambre de números en las estadísticas. En la imaginación de los Jemeres Rojos, el antiguo reino de Angkor brilló siempre como modelo. Fiel a la tradición despótica de los antiguos emperadores jemeres, Pol Pot instauró un régimen que se convirtió en un auténtico retorno a la Edad de Piedra: las ciudades fueron abandonadas, y toda actividad que no fuera la agricultura, perseguida. Llevar gafas era razón suficiente para ser ejecutado sumariamente, y al final de la época Jemer, tan sólo se encontró un abogado con vida en toda Camboya.
Creer que esto no puede ocurrir es ignorar el riesgo implícito que suponen estas expresiones vertidas por un conjunto de actores empoderados por el dueto presidencial. Hay una violencia implícita que queda cada tanto al desnudo, como en el caso de la fiscal Gabriela Boquín. Boquín es una parte central en la búsqueda de darle, a la situación del caído contrato de concesión del Correo Central, un giro criminal que permita condenar la conducta de la familia Macri en la misma. Ahora, el procurador general Eduardo Casal abrió un sumario administrativo por maltrato laboral, como dar órdenes a los gritos, castigos disciplinarios, presión psicológica, acoso laboral, o tirar los dictámenes al suelo. Lo hizo en base al dictamen del Consejo Evaluador de fiscales que recomendó abrirlo por 5 votos a favor y ninguno en contra. Entre los miembros de ese consejo estaba el fiscal Alejandro Alagia, integrante notorio del grupo de presión “Justicia Legitima”.