Fue una vez más el periodismo. Fue Diego Cabot en La Nación quien —en un texto pleno de datos (como debe ser)— hizo evidente lo obvio: los controles de PCR en Ezeiza nunca fueron una medida sanitaria de control. Eran —¿son?— un curro.
Los detalles publicados y replicados en todos los medios del país dejan en claro que dos monotributistas por la mínima aparecen al frente de un negocio de, cuando menos, siete millones de pesos por día. A horas de publicado, el bioquímico que aparecía firmando los resultados de los test anuncio que él nada que ver, que estuvo pero que había partido, y que le usaban la firma digital. Curro.
Todo tiende a agravarse. En una segunda publicación, Cabot reveló una increíble eficiencia del puesto de control vía test de PCR en Ezeiza: utilizando un print en el que se expone el test realizado a Paula Bertol Español —funcionaria nacional, émulo de Guillermo Moreno en polleras—, el tiempo entre la realización del test, y resultado, es de sólo cinco minutos. Curro.
La ministro de Salud de la nación, Carla Vizzotti, aseveró que nada tiene que ver esa cartera con el puesto de control en Ezeiza, y que todas las preguntas deben dirigirse a Aeropuertos Argentina 2000. Sorpresa, una pieza clave del programa anti Covid-19 en Argentina está en manos del concesionario de un servicio público.
Aeropuertos Argentina 2000 no puede ser el árbitro de la cuestión, ni es quien debe cargar responsabilidades y culpas —si caben— en esta situación de corrupción imperdonable. En todo caso, como concesionario oficial del servicio de aeropuertos, deberá explicar porque y bajo órdenes de quién se llevó a cabo la instalación del módulo de servicio sanitario, y quién ordenó la contratación del grupo que lleva como mascaron de proa a los dos monotributistas inubicables hasta el momento de esta publicación.
introduciéndonos en los hechos: el aeropuerto internacional de Ezeiza está en la localidad de dicho nombre, en la provincia de Buenos Aires. Surge obvio que las autoridades sanitarias a las que hay que requerirles explicaciones son las autoridades bonaerenses: Axel Kicillof, Daniel Gollan, y Nicolas Kreplak. A nadie le llama la atención que, desde el mismo momento en que La Nación publicó esta situación, el silencio provincial es ominoso.
La designación de apuro del laboratorio de Daniel Stamboulian no puede ser el arnero que tape el cielo. Así mismo, en la excelente página de Stamboulian Servicios de Salud se informa que prestan el servicio de control de PCR para Buquebús, pero nada dice de servicios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El pasado miércoles, el juez Luis Armella del Juzgado Federal de Lomas de Zamora llevó adelante procedimientos en Aeropuertos Argentina 2000, en las oficinas de Sanity Care, y en la fundación San Cristóbal, buscando documentación al respeto de los contratos celebrados para armar el servicio que, como toda necesidad, llevo a un curro. Dato para observar: no empleó para ello a la fuerza de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fueron funcionarios de la Policía Federal.