Del boleto y otras delicatesen. Una vez más, el valor de la unidad de la transportación publica escuece ardores en las partes íntimas de los ediles. Es un tema en el que, a algunos, les va la vida política misma. Como todo se recicla, el exconcejal Daniel Sosa —hoy, al servicio de Sergio Berni en el Ministerio de Inseguridad bonaerense— salió a expresarse sobre la cuestión, planteando interrogantes sobre el pliego fallido. Sus cuestionamientos van a aspectos controversiales que indican —de ser válidos— que maneja un nivel de información mucho más alto que el de los ediles del Frente de Algunos Todos. Si las diferencias de valor en la construcción de obra pública incluida en el valor del boleto son como dice Sosa, es cuando menos inquietante que tan enjundiosa oposición no lo advierta. Si el valor del service de los vehículos esta tan fuera de valor, es cuando menos interesante conocer de dónde y quién provee la infomación que Sosa —en tono de afirmación y gacetilla mediante— ha hecho llegar a los medios.
Un tema complejo. El tiroteo lanzado sobre la casa de la dirigente vecinal de Playa Serena María Isabel Benítez en abril de este año —hecho al respecto del cual se han tejido todo tipo de elucubraciones— ha llevado a que el fiscal Leandro Arévalo impute a tres personas. Así, las teorías detrás del suceso son puestas en negro sobre blanco por el fiscal en base a una procuración de la DDI. Decimos “procuración” porque, por lo que se llega a conocer, el decisorio del fiscal tiene mucho “gre, gre” para decir Gregorio. Es la típica expedición de caza para abordar a un resultado. Obvio que detrás del tema corren fuerzas complejas: no sólo se trata de la ya conocida enemistad de Rodolfo Iriart con Juan Manuel López, y de la relación política del propio Iriart con Benítez. El título de propiedad de la camioneta identificada en imagen por una cámara del COM circulando en la zona ha sido el elemento que la fiscalía ponderó para incluir a Juan Inza el caso, bajo el supuesto de “encubrimiento”. Como diría Axel “el soviético” Kicillof: “se nota, se nota mucho”.
Un drama llamado “Línea 148”. Y no es de colectivos. Es la línea para requerir información sobre el Coronavirus. Tiempo de respuesta: no menos de 40 minutos. De ahí, un cuestionario para descartar o validar la afección. Si no se corta, en cuyo caso hay que esperar otros 40 minutos, hasta una nueva atención y entonces contestar el mismo cuestionario. De ahí, hay que esperar 48 horas y luego, quizá, haya una consulta médica por videoconferencia. Los test son negados: sólo in extremis se conceden. El estado provincial tiene más propaganda que políticas públicas de sanidad.
Era necesario. Una presentación en defensa del fallo de la Corte concisa y republicana es la que han firmado los auto denominados “Jueces republicanos”, colectivo integrado, entre otros, por Ariel González Elicabe, Alfredo López, Sandra Martucci, Julia Márquez, Elbio Ramos, Mónica Rodríguez Piuma, Julio Rutigliano, y Mario Valiutto. En el texto contestan y repudian los dichos que sobre la corte han volcado el presidente de la nación, su mandante Cristina Elizabeth Fernández, y entre otros el abogado Martín Mena, un hombre calve en los misterios sobre la muerte de Nisman. Un pequeño paso para la justicia, un gran paso para la república.