Nada será igual en la justicia federal de Mar del Plata desde el momento en que los factores de poder hoy acallados por la conveniencia actúen para corregir esta anomalía brutal que significa la persistencia del juez federal de Azul Martín Bava en la denominada “causa Hooft”.
La “causa Hooft” es una que en su mismo propósito está viciada de nulidad absoluta por un jury de la Justicia provincial, que dejó, en el voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en claro que no existe cuestión criminal alguna que pueda cargarse sobre Pedro Federico Hooft por su actuación como juez de instrucción en los años de la dictudura.
La conducta desplegada por el juez Martín Bava, aupado por la Cámara Federal de Mar del Plata en su malicioso accionar, que encierra en una burbuja tóxica la búsqueda de la verdad, es un caso extremo de denegación de justicia a derecho que no registra antecedentes en la Argentina en tiempos de democracia. La Cámara se negó a investigar la existencia de una conspiración, explicitada por el fiscal Claudio Kishimoto con argumentos falaces, y envía la petición de hábeas corpus preventivo al propio Bava, ignorando que la petición es en razón de las acciones del propio juez, que procura arbitrariamente esta causa.
El juez de Azul da al jury en el que Hooft fue exculpado de toda acusación, el trato de mero trámite administrativo, aunque se trató de un decisorio votado afirmativamente por ocho de los integrantes del jury, y en contrario por los legisladores de La Cámpora. En su afán pernicioso, Bava va por quienes fueron secretarios del juzgado de Hooft, con suerte diversa. De los tres que pretende sentar en el estrado, sobre Cecilia Margarita Boeri, hoy titular de la Defensoría Pública, no se emitió resolución alguna -ahí funcionó el teléfono del poder-. En el caso del camarista civil Ricardo Monterisi, Bava mantiene la pretensión de llevarlo a declarar, pero quien está en posición más incómoda es el abogado jubilado Federico L’homme, quien está literalmente a la intemperie judicialmente hablando.
La conducta maliciosa de Martín Bava no puede ser ignorada. Los camaristas son sujetos avezados en el Derecho como para pasar por alto que los derechos constitucionales de defensa están siendo ignorados y vulnerados sistemáticamente por un juez de primera instancia, y que además esa conducta es avalada en cada ocasión por la Cámara, que deja así en estado de indefensión a los encartados, irracional y artificiosamente.
Martin Bava es una vergüenza que no debiera jamás haber ocupado un cargo en la magistratura si no fuese por este escenario ideológico bizarro que lo protege, en un contexto que hace de la procuración de justicia una burla al ciudadano. Bava fue cuestionado severamente por la colegiatura de Azul al momento de debatirse su pliego en el Senado; lamentablemente, como suele ocurrir entre las brumas del poder, terminó designado, y es hoy un auténtico sicario judicial, que no atiende razones: sólo se dedica a ejecutar la tarea encomendada.
