Para el ciudadano de a pie, el sistema judicial argentino dejó de ser un poder previsible para convertirse en un sorteo: según el magistrado que le toque en suerte, un inocente puede cargar doce años con una causa penal y un dirigente gremial puede salir absuelto aunque la fiscalía haya pedido diez años de prisión. Lo exponen, desde ángulos bien distintos, las voces que pasaron en estas semanas por la FM 99.9.
La figura no es nuestra. El abogado Juan Manuel Demarchi habló de la «lotería judicial de las tasas» al analizar el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que declaró constitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Tras el precedente «Barrios», de 2024, los tribunales del trabajo se lanzaron a una carrera por ver quién indexaba más alto —con criterios distintos aun entre jueces de un mismo tribunal—, hasta producir sentencias impagables. Su diagnóstico dio en la diana: «La política vino a resolver un problema creado por la Justicia».
Mar del Plata conoce esa lotería en su versión más cruel. Como documentó este medio, la Cámara Federal de Apelaciones revisó uno por uno los procesamientos que el juez federal Santiago Inchausti dictó en la causa de las casas de cambio, impulsada junto a la fiscal Laura Mazzaferri desde 2014. Del llamado «Grupo Transcambio» no quedó un solo procesado. Tras las faltas de mérito de 2019 y 2023, «no se ha producido ninguna prueba nueva», dice la resolución, y aun así Inchausti volvió a procesar a casi todos en septiembre de 2025. Una docente universitaria, una decoradora, empleados de mostrador: doce años bajo sospecha.
En la otra punta del péndulo, el diputado provincial Manuel Passaglia apuntó contra el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros acusados por el bloqueo de 2021 a Rey Distribución, una empresa familiar de San Pedro. La fiscalía había pedido diez años de prisión; el magistrado entendió que se trató de un ejercicio legítimo del derecho de huelga. Unas treinta empresas impulsan hoy su jury.
El mismo legislador denunció a la jueza Marta Elba Pascual, de Lomas de Zamora, que apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801 —el nuevo Régimen Penal Juvenil— suspendió su aplicación en toda la provincia, hasta que la Cámara de Apelación y Garantías departamental la revocó por afectar la división de poderes. Su conclusión no admite matices: «Son estos jueces garantistas los que hay que sacar de la Justicia».
Mientras tanto, el fiscal Mariano Moyano —a cargo de la fiscalía especializada en entraderas de Mar del Plata— describe lo que llega a su despacho: jóvenes de unos 20 años, con procesos de cuando eran menores, que en su primera causa como mayores enfrentan penas mínimas de tres a diez años, junto a reincidentes que ya accedieron a la libertad asistida o condicional. En varios meses de este año, las entraderas crecieron cerca de un 35%.
Sin embargo, en los dos extremos del péndulo el denominador común es idéntico: el juez que vuelve a procesar sin prueba nueva, el que absuelve contra un pedido fiscal de diez años o la que congela por su cuenta una ley del Congreso, no pagan costo alguno. Sabido es que el Consejo de la Magistratura y los jurados de enjuiciamiento —cuando se mueven— llegan tarde, y esa demora es, en sí misma, una forma de amparo. Del otro lado del mostrador quedan la víctima de la entradera y el inocente procesado, esperando.
Justicia por sorteo, no es justicia.