Editoriales desde la redacción de N&P
Se podrá debatir ad infinitum, se podrá consentir o disentir sobre el impacto de las drogas en la vida de las personas, pero lo que no puede ya ignorarse es el poder que las organizaciones del narcotráfico han adquirido en la sociedad argentina.
Los acontecimientos que se dan en este momento en el mundo reflejan acabadamente el estadio de crispación que vive la sociedad mundial. Venezuela, Ucrania, Siria, Afganistán, la interminable guerra civil en Irak, a diario pujan entre sí por ocupar la tapa de la cobertura global de los medios.
Argentina es el país de América del Sur que tiene el consumo de cocaína anual más alto de la región, según el informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas (ONU) presentado en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Su tasa de prevalencia (consumo de al menos una vez al año) en la población de entre 15 y 64 años se ubica en un 2,6%, mientras que la media en América del Sur es de un 1%. Además, es el segundo país consumidor del continente, detrás de Estados Unidos.
En la Argentina tenemos una suerte de afición social a considerarnos el epicentro de los escándalos más vergonzantes del planeta. IBM/Banco Nación, IBM/ANSeS, tráfico de armas, la narcocomplicidad, Jaime, Báez, Cristóbal López, y ahora el vicepresidente Amado Boudou, llamado a indagatoria, parecen dar la razón a este popular entender de que lo peor en materia de la calidad de la prestación pública tiene lugar sólo aquí.
Desde el inicio de la política del cepo cambiario, lo que ya era complejo de resolver se está tornando imposible. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, juegan sus últimos cartuchos en este febrero de 2014.
El equipo económico probó esta semana dos tácticas para ganar tiempo: un viaje a Europa para reunirse con la mesa central del Club de París, y el anuncio del fin del cepo al dólar, del que Mauricio Macri tuvo la extraordinaria lucidez de señalar que no puede finalizar algo que el Gobierno jamás aceptó que existiera.
