En tanto en la Argentina literalmente se celebraba el fallo del juez Thomas Griesa, que colocaba en serio entredicho las finanzas públicas del país, una investigación realizada por Corporate Europe Observatory (CEO), publicada en Le Soir y replicada en español en Rebelión.org, expone una situación crítica de poder e influencia que vale la pena conocer.
Según lo difundido, un pequeño club de sociedades jurídicas, árbitros y especuladores financieros internacionales alimenta un boom del arbitraje sobre las inversiones que cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes e impide legislar en interés público. «Profiting from injustice» (Los beneficiarios de la injusticia) saca a la luz una industria jurídica opaca pero floreciente que beneficia a las multinacionales en detrimento de los contribuyentes, del medio ambiente y de los derechos humanos. Las empresas jurídicas y los árbitros acumulan millones gracias a las disputas sobre las inversiones emprendidas contra los gobiernos defendiendo activamente la apertura de nuevos casos y presionando contra cualquier reforma que se inicie a favor del interés público.
La cuestión, de suma importancia, revela que «la independencia y la imparcialidad presuntas del arbitraje sobre las inversiones son completamente ilusorias. Los gobiernos tienen las manos atadas mientras las multinacionales se benefician de la imparcialidad intrínseca del sistema a favor del sector privado. Un puñado de firmas anima activamente a sus empresas clientes a demandar a los gobiernos; mientras tanto, los principales expertos del arbitraje utilizan su influencia para preservar las reglas favorables a los inversores y mantener el flujo de procedimientos que genera millones de dólares”.
Señala Cecilia Olivet que el informe de 76 páginas explica que el arbitraje relativo a las inversiones, que originalmente se concibió para los casos de expropiación directa, ha estallado en los últimos años. “Hay 450 casos conocidos en 2011, frente a 38 en 1996. El montante de los gastos e indemnizaciones también se ha disparado, los gastos de justicia y arbitraje se elevan a una media de más de ocho millones por litigio, e incluso a más de 30 millones de dólares en algunos casos”. El sector está dominado por un pequeño número de gabinetes jurídicos occidentales y árbitros de élite. Tres compañías, Freshfield (Reino Unido), White & Case (EE.UU.) y King Spalding (EE.UU.) se jactan de haber estado implicadas en 130 expedientes relativos a las disputas de inversiones sólo en 2011, mientras 15 árbitros –la “mafia interna”- decidió el 55% de todas las controversias conocidas relativas a los contratos de inversiones.
Muchos árbitros actúan también como consejeros y trabajan al mismo tiempo como investigadores, consejeros gubernamentales, en los grupos de presión y como comentaristas de los medios de comunicación. Algunos tienen vínculos personales y comerciales sólidos con el mundo de los negocios. Esos vínculos les conceden una gran influencia sobre el sistema en cuya preservación tienen un interés directo.
El informe describe también un nuevo aspecto del sector del arbitraje relativo a las inversiones: el financiamiento por terceros. Cada vez más los fondos de inversión como Burford (Estados Unidos) y Juridicia (Reino Unido), especulan sobre los casos prestando dinero a las compañías para que éstas persigan a los gobiernos, y ganan entre el 20% y el 50% de la indemnización final decidida en el arbitraje .
Las controversias emblemáticas Estados-inversores incluyen al gigante del tabaco Philip Morris, que ha demandado a Uruguay y a Australia por los avisos sanitarios publicados en los paquetes de cigarrillos.
Demasiados buitres. Demasiado intocables.