En 2012 Sandra Arroyo Salgado, abogada, surgida del Opus Dei y en ese momento jueza federal de San Isidro, de modo sorpresivo procesó a Juan Bautista “Tata” Yofre, Roberto García, Héctor Alderete, Carlos Pagni y Edgard Mainhard, todos ellos periodistas acusados de actuar con un grupo de hackers para vulnerar correos electrónicos privados de figuras del gobierno de Cristina Elizabeth Fernández.
La investigación que corrió a alto ritmo para luego caer en un espacio de vacio procesal fue desestimada por la propia jueza en 2016, poco después de asumir el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, la causa que procura el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla trae sobre el escenario una vez más la relación entre periodistas y servicios de inteligencia, paralelos o no.
La que llevó adelante Arroyo Salgado no era cualquier causa. En ella se exponía una organización coordinada por Yofre desde su propio domicilio, una asociación ilícita que desde el año 2006 espiaba con pinchaduras de teléfonos y hackeo de mails a distintos personajes de la actualidad, entre ellos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según el fallo de Arroyo Salgado, a Yofre se le imputo la interceptación de correos electrónicos de la ex presidente, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Nilda Garré, Jorge Taiana, Héctor Timerman, Jorge Arguello y hasta de Héctor Icazuriaga, ex secretario de la Secretaria de Inteligencia, entre otros. El mecanismo de la banda delictiva se centraba en obtener información sobre las personalidades mencionadas mediante mecanismos de espionaje empleados por Iván Velázquez y Pablo Carpintero, para luego remitir dichos datos, a través de distintas cuentas de correos, a Carlos Pagni, Roberto García, de Perfil, Edgard Mainhard, de Urgente 24, y Héctor Alderete del portal SEPRIN. Además de ellos, también los correos iban dirigidos a Néstor Ick y al ex militar Daniel Manuel Raimundes.
Según la denuncia, Yofre cargaba la información desde su domicilio en calle Uruguay, en Capital Federal, en distintas cuentas de correos creadas para tal fin. Varios correos interceptados confirman el buen trato existente entre los imputados. Un mail se transcribe en el fallo en ocasión de mantenerse comunicado con el empresario santiagueño Néstor Ick: “Que tal Néstor El Tata. No es nada urgente, solamente para decirte que te mandé varias cosas al estudio para cuando llegues. Nos hablamos mañana. Un abrazo”.
Néstor Ick es el empresario santiagueño al que se lo ve como dueño de la provincia, gobierne quien gobierne la misma. Al caer la familia Juárez en el poder de Santiago del Estero, por semanas los medios que hacían la cobertura exponían a Ick hasta que la intervención del ex fiscal Pablo lanusse acordó con éste y nunca más se le mencionó. La investigación que involucra al falso o irregular agente de inteligencia Marcelo D’Alessio y más prominentemente al periodista estrella del grupo Clarín Daniel Santoro, trae una vez más el pútrido detrás de escena de la relación impropia entre servicios de inteligencia y periodistas o medios con objetivos de montar operaciones que, presentadas como logros periodísticos, buscan crear escenarios de manipulación o extorsión según vaya la historia. Lo que ocurra en esta causa debiera ser el factor que impulse un cambio de significación en el modo de actuar de organizaciones periodísticas de aquí en más en beneficio de una comunicación que, en democracia, amerita la transparencia como motor de la actividad.