De ruidos y polución auditiva. Entrevistado hace a un tiempo en la FM 99.9, el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Martín Ferlauto, afirmó que poco podía hacer la comuna ante el ruido que provocan los escapes libres de las motos y los perjuicios auditivos que esto conlleva. Desde un sector diferente —el gremial—, el secretario general de Acción Social de SMATA, Marcelo Capelli, se ha impuesto la tarea de actuar para generar consciencia y poder lograr que, en el caso particular de las motos, haya un cambio de conducta, apuntando en particular a quienes se dedican a realizar servicios de delivery. Chappeau por él, y que se sostenga el esfuerzo en el tiempo.
Algo huele a podrido en el INIDEP. Y tanto, que los investigadores y los jefes de programas de investigación se dirigieron al titular del organismo para solicitar que se realice una auditoría externa que permita determinar el por qué de los constantes problemas que presentan los buques de investigación del instituto. En la extensa misiva, puede leerse: «En los últimos días tres campañas muy importantes han visto comprometida su normal realización llegando al extremo de cancelación de dos de ellas (Evaluación de Calamar y Reproducción de Corvina), y aun restando definición del crucero a desarrollarse en las Islas Georgias del Sur». Continúan: «Es necesario mencionar que este tipo de problemas, que se repiten muy frecuentemente, trae consecuencias para el desarrollo de nuestras actividades, como así también a la calidad y confianza en el asesoramiento, perjudicándose la imagen que pretendemos para nuestra institución». Y vaya si trae perjuicio.
Traspié para Montenegro. Se trata del fallo de la Cámara Federal, con voto coincidente de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez que habilitó al ejecutivo nacional, por medio del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, a interponer acciones de amparo en las temáticas en las que es competente, lo que le da espacio al accionar de Gustavo Vera en la cuestión denominada y conocida como «zona roja». El punto en cuestión es que esta decisión debilita al ejecutivo local y abre situaciones de posibles denuncias contra el personal policial y los funcionarios comunales del área de Seguridad. En un año como este, darle esta plataforma a Vera garantiza pirotecnia verbal segura.
Sentido común. Comenzó como una postura de este medio. Finalmente, primó la lógica y la llegada de personas con nacionalidad rusa a nuestro país comienza a interpretarse, tal como reza la Constitución Nacional, ni más ni menos como lo que es: la llegada de todas aquellas personas de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Según estima el cónsul Jorge Kutzenov, unas trescientas personas de dicho origen viven en nuestra ciudad, y unas dos mil habitan la zona que se extiende entre Mar del Plata y Miramar. Que haya cordura y empoderamiento para hacer que su inclusión en la sociedad argentina no sea una experiencia traumática.